En 1982, mi madre fue a visitar a una amiga en la calle de Aguascalientes, un domingo por la tarde. Iba en su Renault 8, acompañada de mi abuela. Mientras conversaban frente a la casa, un conductor, probablemente ebrio, impactó el auto estacionado. El golpe lo proyectó hacia una cochera. Mi abuela, que iba en el asiento del copiloto, terminó con un esguince. La amiga quedó debajo del coche y se llevó la peor parte. Las personas sobrevivieron; el auto no. El conductor huyó y jamás pagó por los daños. En casa guardamos durante un tiempo un pedazo del auto del culpable, como si fuera la prueba decisiva. No sirvió de nada.
Cuarenta y tres años después, cualquiera pensaría que las instituciones han mejorado y que las autoridades pueden dar respuesta frente a la conducción irresponsable. La realidad es otra: nada ha cambiado. La Secretaría de Protección y Vialidad ahora se llama de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría es Fiscalía, y los autos dejaron de ser de lámina o fibra de vidrio para volverse de plástico.
Hace unos días, un amigo vivió una escena parecida: un conductor ebrio intentó rebasar a alta velocidad en un espacio reducido. Su coche trepó la llanta trasera del auto de mi camarada, se alzó brevemente en dos ruedas, perdió el control y terminó estrellado contra un vehículo estacionado. El conductor se apresuró a lanzar una botella de vodka al pasto.
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La policía tardó en llegar. Cuando se le pidió hacerle una prueba de alcoholemia al responsable, respondió que no era posible: a pesar de ser viernes, no había alcoholímetro disponible.
Cuando nació el programa “Conduce sin alcohol”, se logró algo notable: era imposible sobornar a la policía. Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía, debe recordar que fue un programa diseñado con candados para evitar la corrupción. Con los años se fue relajando, hasta quedar reducido a un gesto anecdótico. Hoy, casi no existe. La Secretaría de Seguridad Ciudadana parece más interesada en los portaplacas que en la siniestralidad causada por conducir bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, decenas de autos circulan sin placas o con los caracteres ilegibles.
Una ciudad que crece en institucionalidad y aprende de sus problemas avanza hacia el progreso. No es el caso de la nuestra. La CDMX tiene aciertos, pero también un deterioro evidente: más comercio informal, estadísticas maquilladas de delitos, y una indolencia total frente a la conducción temeraria o bajo sustancias. Necesitamos instituciones serias: que vuelva un alcoholímetro fuerte, con capacidad de actuar de inmediato en cualquier incidente vial.
Justo el mismo viernes del accidente que relato, la Federación Mexicana de Futbol informó que Rodrigo Huescas fue detenido en Dinamarca por circular a 110 km/h en una zona con límite de 50. El “angelito” perderá tres semanas de trabajo, su licencia fue suspendida y podría poner en riesgo su contrato con el FC Copenhague. Por supuesto, ha hecho el ridículo a nivel local.
Ahora que está de moda comparar a México con Dinamarca, es claro que eso aquí no habría pasado. Huescas, en el peor de los casos, habría tomado un curso en línea. Su licencia seguiría siendo permanente.
Urge profesionalizar la política de tránsito. Como he dicho antes: enseñar a los policías a mover la manita no sirve de nada. A lo mucho agiliza una intersección por un par de horas. Nada más. Pero deja de lado lo esencial: hacer valer las normas de tránsito. Y ni hablar de su nula preparación para enfrentar a conductores ebrios que arriesgan la vida de todos.