En México, el debate sobre la desaparición de personas ha resurgido recientemente, impulsado por hallazgos alarmantes y noticias constantes sobre personas cuyo paradero se desconoce. Este tema ocupa un lugar destacado en la prensa nacional e internacional, tanto escrita como digital. Mientras algunos subrayan la responsabilidad del gobierno actual para abordar este problema urgente, otros intentan minimizar su impacto en la opinión pública, argumentando que se trata de un tema politizado utilizado con fines oportunistas.
Más allá del sensacionalismo que a menudo domina las redes sociales, la desaparición de personas es uno de los desafíos más graves y urgentes que enfrenta México. Este delito, reconocido en el derecho internacional, obliga a los Estados a prevenir, investigar, sancionar y erradicarlo, además de garantizar justicia y reparación a las víctimas. En México tiene múltiples causas, como la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, conflictos sociales y políticos vinculados a la corrupción, desplazamientos forzados y el control de rutas migratorias por parte de grupos criminales. En algunos casos, estas desapariciones han sido utilizadas como herramientas de represión política y social. La impunidad y la falta de justicia agravan la situación, mientras que las debilidades institucionales dificultan una respuesta efectiva.
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Durante la administración pasada, participé en iniciativas para abordar este problema, como el reconocimiento de la competencia del Comité de ONU contra la Desaparición Forzada y su visita a México en 2021. En dicha visita, se destacó que la desaparición forzada constituye el “crimen perfecto” y se enfatizó la urgencia de implementar una política nacional para prevenir y erradicar esta práctica. Aunque estas acciones fueron limitadas en comparación con la magnitud del desafío, representaron un avance hacia una urgente solución.
Aunque algunos critican la politización de este tema, argumentando que se utiliza con fines políticos o partidistas, no se puede ignorar que la desaparición de personas, ya sea por actores privados o gubernamentales, constituye uno de los problemas más graves en materia de derechos humanos que enfrenta el país. Este fenómeno no solo tiene un impacto devastador en las víctimas y sus familias, sino que también evidencia fallas estructurales profundas en el Estado.
Politizar no implica trivializar, sino reconocer su relevancia como un problema de Estado que requiere atención prioritaria. Más aún es crucial comprender que se trata de un asunto profundamente político que debe abordarse como tal, aceptando que no es responsabilidad exclusiva de un gobierno en particular, sino un desafío que compromete a todas las instituciones del Estado y exige un enfoque comprometido, colocándolo en el centro de la agenda nacional. Minimizar o ignorar este problema equivale a perpetuar una herida profunda en el tejido social que demanda una respuesta inmediata y decidida. Es fundamental evitar que la rutina diaria nos lleve a la indiferencia o la insensibilidad frente a esta realidad que afecta de manera tan significativa a nuestra sociedad.