Por primera vez en la historia de México, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberán ganarse el voto popular en un proceso inédito que tiene como principal escenario las redes sociales. Sin mítines, sin espectaculares y sin la maquinaria de los partidos políticos, los aspirantes se enfrentan a un reto sin precedentes: convencer a una ciudadanía que nunca antes había votado por sus jueces.
La elección del próximo primero de junio será “un paso decisivo para recuperar la confianza en la justicia”, señala la maestra Anabel Gordillo Argüello, candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial Federal, quien inició su campaña el domingo 30 de marzo en su pueblo natal, Comitán (Chiapas), donde se reunió con sus familiares, amigos y vecinos para informarles cómo serán las reglas y las boletas del INE, en un proceso donde el proselitismo, prácticamente, se limitará a dos canales de acción: redes sociales y volanteo en papel reciclable.
Fue un arranque de campaña nunca antes visto en la tierra del prócer Belisario Domínguez. No hubo mítines ni pancartas ni altavoces. Fue una reunión sencilla, donde la aspirante compartió sus experiencias de casi 20 años en el Tribunal Federal Electoral y presentó un video titulado “La justicia empieza contigo”, que circula en redes sociales, donde hace un llamado al poder ciudadano.
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Al igual que la maestra Gordillo, el pasado domingo iniciaron sus campañas los 3 mil 400 candidatos que, bajo una estricta reglamentación del Instituto Nacional Electoral (INE), participarán en la jornada electoral del primero de junio, donde se decidirá el futuro del Poder Judicial.
Hay candidatas que son ampliamente conocidas, como las actuales ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes buscarán el voto para reelegirse en la SCJN, pero la mayoría de los aspirantes son prácticamente desconocidos para los ciudadanos. Ante esto, las candidatas y candidatos tienen el reto de darse a conocer y después, motivar a una ciudadanía que, en gran medida influida por los medios, ha visto con desconfianza la elección judicial.
Uno de los principales argumentos a favor de esta elección es la eliminación de los nombramientos discrecionales y acabar con el control que históricamente ha ejercido el Poder Ejecutivo sobre la Suprema Corte. Bajo el nuevo esquema, la decisión de quiénes ocuparán los cargos judiciales ya no recaerá en el Presidente ni en el Senado, sino en el voto ciudadano, lo que, en teoría, fortalecerá la independencia judicial.
Entre las posiciones que están en juego destacan: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistrados de las salas regionales del TEPJF; 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito.
A diferencia de las campañas políticas tradicionales, donde los ciudadanos son expuestos a un bombardeo de propaganda, en esta campaña judicial los votantes enfrentan el reto de informarse e indagar sobre los perfiles y propuestas de los candidatos. Para facilitar esta tarea, el INE incorporó un micrositio en su página denominado “Conóceles” que contiene sus fichas curriculares y los aspirantes, a su vez, han recurrido a las redes sociales.
Las campañas durarán 60 días (del 30 de marzo al 28 de mayo), bajo una estricta reglamentación establecida por el INE, donde no están permitidos los actos masivos proselitistas ni la contratación de propaganda y se prohíbe la intervención gubernamental para promover la participación ciudadana.
Ante estas limitaciones, las campañas judiciales a través de las redes sociales se caracterizarán por ser inéditas y también atípicas. La participación ciudadana en las elecciones presidenciales ha oscilado entre 58% y 64% de una lista nominal que comprende a 99 millones de ciudadanos y se estima que en la elección judicial este porcentaje se reduciría a sólo 8% y 15% del padrón, pero todavía no se conoce el alcance de las redes.
Sin embargo, uno de los principales peligros que enfrenta la elección judicial es la desinformación y manipulación digital. Las redes sociales han demostrado ser un terreno fértil para la difusión de noticias falsas, campañas de desprestigio y narrativas simplificadas. En un proceso donde los jueces y magistrados deben ser electos por su capacidad técnica, pero donde el público general no suele conocer a fondo las complejidades del derecho, el riesgo de que se impongan candidatos con estrategias mediáticas –los llamados influencers– en lugar de tener conocimientos sólidos es alto.