Existen muchas frases pesimistas que podrían describir las políticas de planeación en la Ciudad de México: "lo que mal empieza, mal acaba"; "nunca las segundas partes fueron buenas"; "árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza"; "la planeación no existe, son los papás".
A mi juicio, el problema comienza desde la conformación del constituyente de la ciudad. El Instituto de Planeación se definió con una serie de elementos que, lejos de fortalecer la planeación, la debilitan. No es solo el nombre, sino lo que implica: un instituto de planeación, por naturaleza, debe ser prospectivo, y una buena política de planeación debe ser democrática. Sin embargo, el nombre "Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva" está cargado de una carga ideológica desde la Constitución de la Ciudad de México, lo que lo convierte en la antítesis de los institutos de planeación más exitosos del mundo.
El Congreso de la Ciudad de México está a pocos días de nombrar a la próxima directora del IPDP, en sustitución de Pablo Benlliure, quien tuvo un papel efímero. A pesar de ser un profesionista respetable, cometió el error de caer en el juego antidemocrático de la simulación.
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La Ciudad de México cuenta con un documento filosófico sólido sobre el derecho a la ciudad: su propia Constitución. Sin embargo, la única forma de volverlo práctico es mediante una planeación horizontal que abarque todas las materias, que tome el derecho a la ciudad como una meta alcanzable y que trace la ruta para ello, incluyendo el financiamiento como parte esencial de la estrategia.
El IPDP nació sin recursos. En su primer año, 2021, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad establecía en un transitorio que debía operar con los recursos cedidos por otras dependencias gubernamentales (Bienestar, Desarrollo Urbano y Servicios Metropolitanos). Bajo estas condiciones, es imposible aspirar a un instituto fuerte que impulse una planeación integral. No basta con definir usos de suelo o políticas de ordenamiento territorial; se requiere diseñar proyectos de transporte, estrategias fiscales, oportunidades económicas y rutas claras para maximizar la cobertura de servicios públicos y erradicar la pobreza en la ciudad.
La próxima directora del IPDP (y lo digo en femenino porque la ley exige alternancia de género en la dirección del organismo) deberá hacer funcionar un instituto nacido de enunciados defectuosos en la Constitución, de una ley de planeación mal redactada para satisfacer los caprichos del partido en el poder, de procesos viciados en su conformación, sin presupuesto y con la consigna redundante de apegarse a los derechos humanos (cuando eso ya está en otras leyes). Lejos de ser una aportación positiva, se convierte en una verdad de Perogrullo que limita el desempeño del Instituto porque pone la diana en el lugar incorrecto.
En otras palabras, no hay razones para el optimismo, aunque uno pueda tener fe (repito, fe) en alguna de las tres finalistas del proceso o en las tres. Todo indica que se ha hecho lo posible para que el IPDP no funcione.
Sin embargo, hay soluciones. Se requiere corregir la Constitución de la Ciudad de México, la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y otros ordenamientos. Solo así podrá enfocarse, de manera práctica, en responder cuatro preguntas fundamentales de la planeación: Qué, Para qué, Cómo, Con qué.
Solo entonces, con un mandato más claro, recursos suficientes y la próxima designación del Congreso de la Ciudad de México, podría haber un mayor optimismo respecto a las políticas de planeación en esta ciudad.