Todo proceso electoral o mecanismo de participación ciudadana tiene su prueba de fuego en su implementación. Es ahí, en donde las instituciones desarrollan los mandatos legislativos y, es también, cuando todo cobra sentido, porque surgen los dilemas pragmáticos en los que se pueden observar e identificar omisiones, fortalezas, ajustes, fallas, debilidades, áreas de oportunidad o de mejora.
Contar con un marco constitucional y legal en materia electoral es fundamental, no sólo para el fortalecimiento del estado de derecho, sino también es clave en la consolidación de todo sistema democrático. De poco o nada serviría tener un marco normativo moderno y de vanguardia si éste solo queda en el papel o si sus propósitos se distorsionan en el camino a su aplicación.
Las leyes, como cualquier creación humana, son imperfectas. Es en su implementación donde podemos percibir su verdadera plenitud. Las elecciones y los procesos de participación ciudadana son esa ventana de oportunidad, la cual permite llevar de regreso al legislador todos aquellos aspectos trascendentes para reforzar o actualizar el marco normativo existente. Se trata entonces, de la existencia de un necesario diálogo entre el legislador y los destinatarios de las leyes.
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Una reforma siempre es necesaria cuando implique mejoras de lo ya existente. En México tenemos, por ejemplo, múltiples aspectos en los que me parece será necesario reflexionar de cara a una reforma electoral integral, la cual, dada la profundidad que cada una de ellas requiere para su análisis, trasciende a esta colaboración, por lo que, en esta ocasión, solo me permitiré enunciar algunos de los que considero más relevantes.
Comenzaré con el sistema de distribución de competencias. Es necesario, si queremos hablar de un verdadero federalismo, que las instituciones estatales electorales, cuenten con los recursos -de cualquier naturaleza- necesarios para el pleno ejercicio de sus atribuciones. Si hablamos de cercanía, de conocimiento de la realidad social en una entidad federativa, municipio o comunidad, las autoridades locales y no las federales, son el primer punto de contacto directo con la ciudadanía, por ello, la reforma electoral debería tomar en cuenta un enfoque de esta naturaleza.
En el ámbito de la organización de las elecciones tenemos aspectos como los relacionados con el ajuste al financiamiento público de los partidos políticos, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, de paridad, de inclusión, de prevención, capacitación y combate a la violencia contra las mujeres en razón de género.
Es necesario considerar posibles ajustes al modelo de comunicación política, no sólo respecto a las elecciones judiciales, sino también en cuanto a la contratación o adquisición de propaganda que se difunda en medios digitales o en redes sociales.
En materia de topes de sobre y subrepresentación es necesaria una revisión detallada, de manera que la asignación y distribución de los cargos de elección popular se correspondan en proporción con la votación obtenida en las elecciones. En este sentido, la representación de las minorías, así como de los grupos históricamente desfavorecidos, se erige como una de las grandes deudas históricas de las que, si bien se han presentado avances significativos, aún hay mucho que hacer al respecto.
La prevención, investigación, colaboración institucional, el seguimiento y, en su caso, sanción de conductas relacionadas con recursos ilegales o de procedencia ilícita, constituye uno de los grandes retos legislativos que se enmarcan en la efectiva garantía de la equidad en la contienda.
La flexibilización de los requisitos para la obtención de candidaturas independientes sigue siendo uno de los grandes pendientes legislativos que permitan abrir la participación diversa y plural de opciones políticas distintas a los partidos políticos.
La digitalización de los procesos electorales y el empleo de herramientas de inteligencia artificial, es otro de los aspectos que han quedado en el tintero y que, dados los vertiginosos cambios de la tecnología, no podemos obviar, ello, si queremos transitar a la realización de elecciones más ágiles y menos costosas.
Existen muchos más aspectos legislativos en el horizonte, de los cuales nos referiremos más adelante.
Hasta nuestra próxima entrega.