Si damos por hecho que la designación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) está a semanas o días de concretarse, según lo dicho por el expresidente Donald Trump, quien anunció que una de sus primeras acciones sería esta designación al tomar protesta, entonces nos vemos obligados a entender que es un paso inminente. Además, uno de los efectos secundarios podría ser la designación de México, sus instituciones o personas como patrocinadores del terrorismo.
¿A qué me refiero? En los últimos días, en ciertos círculos políticos, se ha extendido la versión de que, dentro del partido en el poder, se ha sugerido que cualquier actividad estadounidense en México contra el narcotráfico podría provocar una insurrección civil armada: una especie de guerra civil contra las acciones estadounidenses, aludiendo a la soberanía y la seguridad nacional de nuestro país.
Sin embargo, una vez designados los cárteles como organizaciones terroristas, cualquier acción en disidencia con esta determinación tiene un punto de presión: la posible designación de patrocinadores del terrorismo. Esta puede recaer en particulares, instituciones o incluso países. Los actos de rebelión, resistencia o insurrección que algunos contemplan podrían ser considerados como apoyo a grupos delincuenciales, que pronto serán designados como grupos terroristas por parte del Departamento de Estado.
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Los estadounidenses podrían llevar a cabo acciones para designar a México, a su gobierno, a algunos de sus integrantes o incluso a partidos políticos como patrocinadores del terrorismo. Esto tendría graves consecuencias, derivadas de un análisis legal proporcionado por diversas agencias de inteligencia y seguridad al secretario de Estado. Este último notifica al Congreso, y si no hay objeción, se realiza la designación, que luego se publica en el Registro Federal.
¿Qué implica esta designación? Supone la suspensión de apoyos financieros, el congelamiento de cuentas bancarias de personas, instituciones o países, la prohibición de importar o exportar bienes, y la cancelación de visados. También cesa la asistencia económica, como sucedió con casos como los de Cuba, Irán, Corea del Norte, las FARC, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Turquía, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y Hamas en Palestina, entre otros.
La revisión para remover a un país, institución o persona de la lista puede realizarse después de dos años. Por lo tanto, si la designación ocurriera, el Gobierno Federal y sus representantes deben ser cautos en sus acciones, ya que podrían generar efectos directos en nuestro país y también en nuestra contraparte, cuando existirían efectos adversos para los americanos, como afectaciones en sectores clave como las remesas, y en la seguridad de las cadenas de suministros y repercusiones naturales para las empresas que ya se emplean en México desde hace muchos años provenientes de Estados Unidos.
Según la DEA, los cárteles mexicanos representan hoy la amenaza más importante para Estados Unidos en su seguridad interna, debido a la alta letalidad y distribución masiva de drogas, con el 95% de los estupefacientes que ingresan al territorio estadounidense proveniente de México. Esto no es una novedad, pero la verdadera incógnita radica en qué enfoque tomará esta designación y qué acciones emprenderá el gobierno mexicano para mitigarla.
MONEDA AL AIRE: Otro asunto que también está en el tintero es la amenaza relacionada con la migración irregular y la seguridad fronteriza. El incremento de migrantes en la frontera sur, derivado de la crisis en Centroamérica y Venezuela, también ha llevado al aumento del tráfico de personas, donde migrantes son explotados mediante la trata. Sin embargo, la evidencia muestra que los migrantes mexicanos son los que menos ingresan de manera ilegal a Estados Unidos.