La reciente crisis electoral en Venezuela nos recuerda la importancia de tener autoridades electorales verdaderamente independientes. Durante años, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela han estado bajo la influencia directa del gobierno, debilitando la confianza pública y el sistema democrático. Desde la presidencia de Hugo Chávez, y acentuándose con Nicolás Maduro, estas instituciones han sido cuestionadas por ser utilizadas como herramientas del poder ejecutivo, eliminando cualquier posibilidad de un contrapeso efectivo.
Las elecciones presidenciales recientes en Venezuela muestran cómo la falta de independencia de las instituciones electorales puede deteriorar la legitimidad de los procesos democráticos. A pesar de las numerosas denuncias de fraude por parte de la oposición, el CNE declaró a Nicolás Maduro como ganador, lo que ha generado desconfianza y ha sido percibido como una manipulación del resultado electoral.
De igual forma, el gobierno de Maduro ha utilizado al TSJ para intentar legitimar los resultados dudosos de las elecciones, solicitando una auditoría que ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional debido a la falta de independencia del tribunal. La presión internacional ha sido fuerte, con países como Chile, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos y organismos como la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos exigiendo una revisión imparcial de los resultados y la publicación de los datos de votación.
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Es necesario entender que la independencia de las autoridades electorales es esencial para el funcionamiento de cualquier democracia. Cuando estas instituciones están controladas por el poder ejecutivo, se pierde la imparcialidad y se comprometen los principios democráticos más básicos. En Venezuela, esto ha llevado a una crisis política y social que parece no tener fin.
En México, debemos estar alertas y defender la independencia de nuestras propias instituciones. El Poder Judicial y las autoridades electorales deben mantenerse libres de cualquier interferencia política. Si permitimos que estas instituciones sean cooptadas, corremos el riesgo de seguir el mismo camino de Venezuela, donde la democracia ha sido gravemente debilitada.
Es nuestro deber proteger y fortalecer la independencia de nuestras instituciones. Solo así podemos garantizar un futuro democrático y justo para todas y todos. La historia de Venezuela debe servirnos como una advertencia: no podemos permitir que el autoritarismo destruya los pilares de nuestra democracia.
Defender la independencia del Poder Judicial y las autoridades electorales no es solo un acto de justicia, es una necesidad urgente para preservar nuestra libertad y nuestro derecho a decidir. El futuro de México depende de ello.