En los últimos días uno de los temas más persistentes en los medios de comunicación es Pemex; sí, la empresa se ha convertido en un jaleo entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como entre esta última y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero una notoria diferencia en medio de esta polémica con Pemex es que ya se está planteando la transición energética.
Como se mencionó en la entrega pasada en este espacio, las dos candidatas más fuertes en la contienda presidencial de México tienen puntos de vista diametralmente distintos sobre cómo abordar al sector energético durante la transición hacia la producción de energía limpia que se está dando en todo el mundo. En lo que se refiere a Pemex, Sheinbaum y Gálvez coinciden en que la empresa no será privatizada, pero ¿Por qué esta insistencia a la no privatización de Pemex? La respuesta es breve, desde 1938, año en el que fue fundada Pemex, la empresa ha sido el financiador de todo el aparato estatal y del desarrollo de México, llegó a ser la empresa más importante del país y la representación física de la seguridad energética del país.
Las actuales campañas políticas hacia la presidencia dan muestra de que el significado de seguridad energética de México se reduce a las circunstancias electorales y a la retórica que tanto Claudia como Xóchitl utilicen, lo que hay que considerar como votantes es que una empresa como Pemex no puede cambiar en un sexenio.
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Es cierto que la transición energética ha empezado en México, pero este cambio está siendo acompañado de retos y nuevos riesgos que enfrentan por igual todos los países para suplir los hidrocarburos por otras fuentes de energía y para mejorar la eficiencia y el ahorro energéticos. En la práctica se están experimentando desafíos propios de la transformación de los sistemas energéticos los cuales van desde cómo hacer más factible la coexistencia de las diferencias entre las energías fósiles y las renovables, hasta el desarrollo tecnológico.
En el caso de Pemex hay más cosas que subsanar a la par de proponer trasladarla a una producción, o apoyo, de energéticos renovables. Pemex afronta problemas que ha ido acumulando durante décadas y que incluyen la caída de la producción petrolera, deficiencias tecnológicas, temas laborales y corrupción. Para abordar estos problemas, en abril de 2008 la administración de Felipe Calderón Hinojosa presentó al Congreso una propuesta legislativa destinada a resolver el deterioro de la producción de crudo y combatir el cambio climático, y también reformar a Pemex. La reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013 tuvo la intención de subsanar cinco limitaciones internas de Pemex relacionadas entre sí: 1) la gobernanza; 2) la carga impositiva del gobierno; 3) el capital y la tecnología; 4) los niveles de producción; y 5) la incapacidad para negociar con el sindicato.
Respecto a la gobernanza de Pemex, la reforma de 2013 cambió la estructura de la empresa. El tamaño del Consejo de Administración de Pemex se redujo de 15 a 10 miembros y, en el área productiva, Pemex se dividió en seis subsidiarias, se mantuvo la de exploración y producción, y se crearon las de perforación y servicios, transformación industrial, etileno, fertilizantes y logística.
Desafortunadamente, la inclusión de consejeros “independientes” al Consejo de Administración de Pemex ha sido poco útil para superar las restricciones administrativas de la empresa productiva del Estado. Más que una empresa, Pemex es un órgano supeditado al gobierno federal que dificulta aliviar la carga tributaria.
La carencia de capital y tecnología de Pemex, aunado al nuevo régimen del mercado energético mexicano, fueron parte del atractivo que trajo a las empresas extranjeras a participar en las obras de la empresa. No obstante, las finanzas de Pemex se han vuelto insostenibles, su deuda financiera llegó a los 107.4 mil millones de dólares en marzo de 2023. Hasta ahora, el gobierno ha apoyado a Pemex mediante la inyección de efectivo, pero éste no ha favorecido a la empresa ya que la mayoría se destina al pago de deudas y pensiones.
Una de las promesas de la reforma a Pemex fue que la inversión privada aumentaría la producción diaria de petróleo a 3 millones de barriles diarios al final del sexenio de Peña Nieto y 2,5 millones en 2025, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una meta de alcanzar una producción de 2,6. No obstante, la realidad es que la extracción de crudo se ha reducido tanto que en 2023 alcanzó sólo 1,5 millones de barriles diarios, uno de los promedios más bajos que la empresa ha alcanzado, situación que ha impactado negativamente en el suministro nacional de combustibles de uso final y posicionando al sector de refinación como una de las mayores pérdidas de Pemex.
En relación con la gobernanza de Pemex, los cinco integrantes removidos del Consejo de Administración representaban al sindicato de trabajadores petroleros, esta medida contribuyó para que Pemex comenzara a dejar de ser una máquina de empleo bien remunerado, pues en 2013, Pemex tenía un total de 154,774 trabajadores con un salario promedio anual de 40,748 dólares cuando el salario en México era de una media de 16,050 dólares al año; hacia el 2022 la empresa redujo su nómina a 116,063 empleados, pero esto no ha ayudado a sanear sus finanzas y mejorar la productividad.
Hasta ahora Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, o el mismo Octavio Romero Oropeza en su reciente Plan de Sustentabilidad en ningún momento han planteado qué y cómo harán para evitar que el desplazamiento de miles de trabajadores de Pemex se convierta en un factor más de descontento social en el país y, en consecuencia, de resistencia y freno para la transición energética.
La cuestión del sindicato de trabajadores de Pemex es fundamental para la transición energética, pues constituye un factor de riesgo político y social que se circunscribe en la resistencia al cambio que acompaña a cualquier proceso de transformación. Vale mencionar el ejemplo de Estados Unidos, país en el que los mineros del carbón fueron los partidarios más asiduos detrás de la idea errónea de Donald Trump de que la economía y el empleo estadounidenses serían afectados por la ratificación del Acuerdo de París, sin reconocer que corresponde a cada país articular los procesos de una transición a una producción de energía baja en carbono de acuerdo con sus prioridades nacionales al amparo de un consenso global que busca atender la amenaza del cambio climático, el agotamiento de los combustibles fósiles y el cambio de los patrones de consumo de las nuevas generaciones.