Uno de los aspectos que irrumpen la armonía y equilibrio de una sociedad que vive bajo un sistema democrático en donde su esencia es la defensa y plena garantía de que sus habitantes gozan de los derechos humanos universalmente reconocidos y que viven bajo un Estado de Derecho, es la corrupción.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la corrupción constituye un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a múltiples países y que, entre otros aspectos, socaba a las instituciones de un Estado con lo que se distorsiona y afecta, entre otros aspectos, el principal ingrediente de una sociedad democrática: sus habitantes.
La corrupción puede ocasionar de igual manera un freno para el adecuado desarrollo económico de una nación y, respecto al ejercicio del poder público, que en esencia se deben a la ciudadanía que con su voto los eligió, puede representar una inestabilidad gubernamental en donde el principal afectado nuevamente son las y los ciudadanos.
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La corrupción permite incrementar diversos delitos, como el crecimiento de la delincuencia organizada, por lo cual la ONU plantea que atender la corrupción constituye un rubro fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
En México, en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción cada 9 de diciembre como lo determinara la Asamblea General de Naciones Unidas en 2003, el INEGI presentó información sobre el estado actual y la evolución del fenómeno de la corrupción en México.
Bajo este contexto, el INEGI estima que, en 2023, 14 de cada 100 personas de 18 años y más tuvieron contacto con personas servidoras públicas en donde manifestaron algún acto de corrupción en, al menos, uno de los pagos, trámites y solicitudes realizadas.
Asimismo, el INEGI analiza la evolución del fenómeno de la corrupción entre 2013 y 2023 de donde destaca que aumento de un 12.1% al 14%, es decir, un incremento de casi dos puntos porcentuales.
Por entidad federativa, el INEGI revela que, en 2023 las entidades como Zacatecas y Nayarit presentaron la prevalencia más baja sobre el fenómeno de la corrupción con un 8.9% y un 9.5%, respectivamente. Caso contrario, el estado de Chihuahua presentó la prevalencia más alta con un 21.9%.
Sobre la corrupción por nivel de gobierno y tipo de trámite resalta que, en 2023, los trámites realizados ante alguna instancia del gobierno estatal, como pago de impuesto vehicular, del registro civil, relacionados con la propiedad, etcétera, tuvieron una mayor prevalencia a la corrupción, seguido de los trámites que se desarrollan a nivel municipal.
Por tipo de trámite, el INEGI destaca que 6 de cada 10 personas que tuvieron contacto con policías y autoridades de seguridad pública, fueron víctimas de este cáncer de nuestra sociedad: la corrupción. Atrás de este registro con prevalencias altas de corrupción están los trámites realizados ante el Ministerio Público o la Fiscalía estatal relacionados con permisos de propiedad.
Ahora bien, del 4.8%, de acuerdo con el INEGI de las víctimas de corrupción, solo el 1.8% presentó alguna denuncia, siendo los principales motivos por lo que la población no presenta una denuncia: por considerarlo inútil (29.5%) que va en sentido contrario con establecer justamente una cultura de la SI DENUNCIA, seguida de la manifestación que es una pérdida de tiempo (18.5%), por prácticas de corrupción (12.6%), entre otras.
Como podemos observar, la corrupción y su prevalencia en el tiempo corroe a las instituciones del Estado mexicano, contrapone que la ciudadanía denuncie y permea en la legitimidad que las y los ciudadanos deberían tener en el servicio público y en quienes están a cargo del poder público. Por ello, ante el inicio de una nueva administración federal, las políticas, controles y supervisiones al ejercicio de políticas y programas sociales, atención de trámites, denuncias, entre otros, deberán reestructurarse para beneficio de la ciudadanía.
Asimismo, no estaría demás endurecer las penas que sobre actos comprobados de corrupción se revelen para ir erradicando este mal que, al final, perjudica lo más valioso de un sistema democrático: la ciudadanía.