DESAPARICIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Derechos en remate, adiós a los autónomos

Los órganos autónomos no son un gasto, son una inversión que representa derechos, garantías y el puente frágil pero imprescindible entre la sociedad y el poder. | Ximena Millán Cruz

Escrito en OPINIÓN el

Hace no mucho, estas páginas se llenaban de cifras y columnas de opinión sobre la desaparición de 109 fideicomisos. La razón oficial: ahorrar. Hoy, la preocupación gira en torno a siete órganos autónomos que, nuevamente, caminan hacia la guillotina. Y, otra vez, sin importar las advertencias, serán eliminados. La razón oficial sigue siendo la misma: ahorrar.

Conozco de primera mano la frustración de intentar convencer a la población y a los legisladores de que la labor que realizas, que tu institución, importa. No demos por sentado lo que para otros fue un sueño. Porque eventualmente, lo que hoy es una garantía, mañana se convertirá nuevamente en un sueño y quizás ahora, más difícil de alcanzar nuevamente. Estos organismos no son un gasto: son una inversión que representa derechos, garantías y el puente frágil pero imprescindible entre la sociedad y el poder. Destruirlos no es ahorrar, es retroceder a la sombra de lo que alguna vez aspiramos ser.

Pero yo siempre he sido una fiel creyente de los números, y de que si las palabras son insuficientes, podemos remitirnos a las cifras, más cuando la justificación del problema supuestamente descansa en ellas. En 2024, el presupuesto aprobado para estas siete entidades fue de 5 mil 075 millones de pesos, apenas el 0.078% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Tomemos el caso del INAI. Su presupuesto representa menos del 0.02% del gasto nacional, lo que equivale a menos de 7.79 pesos al mes por persona. Ese monto, sostiene nuestro derecho a la protección de nuestra información personal, a la transparencia y a un contrapeso frente a los abusos de poder. Lo mismo sucede con el Coneval, que analiza políticas públicas, capacita a servidores y mejora los servicios, o con otros órganos que garantizan la calidad educativa, la protección ambiental y la equidad en los derechos. Son pilares, no lujos. En los pilares se invierte, en los lujos se gasta. Otra vez, en los órganos autónomos no se gasta, se invierte. Hay cosas en las que simplemente no se puede ahorrar. Estas funciones son esenciales, vitales me atrevería a decir. E incluso si no nos lo parece ahora, estoy segura de que eventualmente las empezaremos a exigir.

Mi preocupación no gira en torno sólo al uso de cifras infladas para convencer a la población, sino incluso en el desconocimiento de los legisladores de lo que se está aprobando, o en caso de conocerlo, mentir para obtener un mayor apoyo. En las curules se ha escuchado que lo que se ahorre se usará en distintos fondos, como educación o salud. Sin embargo, si se revisa la propuesta aprobada, todo lo ahorrado se dirigirá al Fondo de Pensiones para el Bienestar

Digamos sus nombres: INAI, Coneval, Cofece, IFT, Mejoredu, CRE y CNH. Cada uno de ellos representa una función indispensable: transparencia, evaluación de políticas públicas, regulación económica, supervisión educativa, y energía. Ahora, sus responsabilidades recaerán en instituciones gubernamentales ya sobrecargadas. Este cambio no es ahorro, es una transferencia de obligaciones sin los recursos ni la especialización adecuada para cumplirlas. Hemos permitido que el juez se convierta en parte del juicio, que el capitán de un equipo también sea el árbitro del partido. Y por mucha confianza que depositemos en ese equipo/capitán, temo adelantarme a decir que el equipo contra el que juega es el de la ciudadanía.

Esos 7.79 pesos que "ahorramos" nos saldrán caros. Saldrán caros al INEGI, a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Economía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que absorberán las funciones de los organismos desaparecidos. Porque la necesidad de sus funciones no se extinguirá con su fin. Estas transferencias no solo sobrecargarán a las instituciones receptoras, sino que también diluirán la especialización y el enfoque necesario para cumplir con estas tareas de manera efectiva. Perderemos años de trabajo acumulado, conocimiento experto y vital autonomía. Miles de personas perderán sus empleos. Los mexicanos perdemos.

Se ha apelado a la lucha contra la corrupción como el estandarte de estas medidas. Un enemigo abstracto que, aunque real, ha sido moldeado en el discurso para justificar lo injustificable. Aunque la corrupción es una realidad existente, se ha convertido en un enemigo absoluto bajo el cual se legitima todo. Ser críticos es sano; debatir lo perfectible, necesario. Pero en unas cuantas horas se destruyó el esfuerzo que miles realizaron durante años para establecer estos organismos. Nos hemos vuelto ciegos a los esfuerzos que otros hicieron por garantizar derechos. Lo que hoy damos por sentado no surgió de la nada; es el resultado de décadas de trabajo, luchas y acuerdos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, lo construido se desmorona. Y peor aún, bajo un enorme silencio cómplice de la población. 

No nos gusta cuando las cosas no funcionan. Nos quejamos de los hospitales saturados, de los baches en las calles, de los abusos de poder. Pero tampoco estamos dispuestos a invertir en lo público. Ese es el gran problema: lo colectivo parece pertenecer a nadie, aunque debería beneficiarnos a todos. Nos cuesta entender que invertir en lo común es invertir en nosotros mismos.

Podríamos enlistar cada función, detallar cada logro, pero quizá ni eso baste para convencer y tampoco les haría justicia. Lo que perderemos no es solo un listado de actividades. Hoy, desmantelamos instituciones que garantizan derechos que tardaron décadas en construirse, derechos que definieron una democracia en desarrollo. No hagamos de lo que era un derecho, un lujo que no podemos costear. No nos dejemos convencer de que es caro, porque no lo es. Y aun si lo fuera, pagaremos mil veces más por recuperar lo que estamos a punto de perder.

En su momento, cuando todo se desmoronaba en mi institución y veíamos caer de tajo 109 fideicomisos, me aferré a la esperanza de que, tal vez, algo del discurso era cierto. Me repetía que había sido afortunada, que había visto las bondades de esas estructuras y que quizá, con esta redistribución, más personas podrían acceder a esas mismas oportunidades. Creía que, cuando las cosas estuvieran más equilibradas, juntos podríamos reconstruir lo que quedaba atrás y que, de alguna forma, lo haríamos más fuertes, más unidos. Pero los años han pasado, y los millones que se iban a ahorrar siguen sin reflejarse en la realidad. No sé si alguien más los ha visto, pero yo solo veo lo que se perdió. Me duele que otros ya no puedan disfrutar lo que yo conocí, lo que un día di por sentado. Ahora, no sé si algún día vea reflejado lo que ahorraremos, pero si no vi millones, no sé qué será de 7.79 pesos. Al menos, ya no conservo esa esperanza que me sostuvo entonces.

*Ximena Millán Cruz

Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Estudiante de la Maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién