La estructura de los cárteles de la droga en México ha evolucionado drásticamente en los últimos años, adoptando tácticas y estrategias que recuerdan a escenarios bélicos en zonas de conflicto armado.
En esta “profesionalización” de la violencia, grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han reclutado mercenarios extranjeros, particularmente exguerrilleros colombianos y veteranos de la unidad de élite Kaibil de Guatemala. Su incorporación representa un desafío inédito para la seguridad nacional y para la estabilidad en México.
El reciente enfrentamiento en Baja California, en el que dos colombianos perdieron la vida y cuatro más resultaron heridos durante un ataque contra la Guardia Nacional, ejemplifica la magnitud de esta amenaza. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el enfrentamiento en La Rumorosa refleja una preocupante realidad: los cárteles mexicanos no solo cuentan con armamento avanzado, sino también con el apoyo de expertos en tácticas militares y de guerrilla, entrenados en los conflictos más violentos de América Latina.
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Estos mercenarios, provenientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de las filas de los Kaibiles, son ahora responsables de formar a sicarios en técnicas de emboscada, francotirador, uso de explosivos improvisados y combate cuerpo a cuerpo.
Esto ha resultado en una militarización de las estrategias de los cárteles, que afecta profundamente a las comunidades atrapadas en la guerra territorial de estos grupos. El CJNG, en particular, ha sofisticado sus métodos, utilizando drones y vehículos explosivos en una muestra de cómo las tecnologías actuales amplían las capacidades de los grupos criminales.
Los datos oficiales sugieren que en México operan al menos nueve cárteles de gran envergadura, que a su vez mantienen vínculos con alrededor de 37 organizaciones criminales internacionales.
La participación de mercenarios en estas redes incrementa el riesgo para las fuerzas de seguridad, quienes enfrentan ahora una violencia sin precedentes. La militarización de los cárteles ha llevado a que miles de personas mueran o desaparezcan cada año en México, sumando a un ya devastador balance de víctimas.
Otros grupos, como los Cárteles Unidos en Michoacán, han reforzado sus propias alianzas, contratando a ex militares colombianos para equilibrar fuerzas contra el CJNG. Este tipo de alianzas ha intensificado los enfrentamientos en zonas estratégicas y escalado el conflicto a niveles donde las comunidades permanecen bajo constante temor.
Es evidente que esta situación supera las capacidades de cualquier fuerza de seguridad nacional. La comunidad internacional debe reconocer el alcance de esta amenaza y unirse para contrarrestarla.
En este sentido, la cooperación entre países —especialmente en inteligencia y control de armas y tecnología— resulta fundamental. México necesita respaldo en el monitoreo de movimientos transfronterizos y en el control del tráfico de armas para frenar la expansión de estas prácticas.
La amenaza que representan los mercenarios extranjeros en el narcotráfico obliga a una acción decidida y coordinada a nivel global. Solo a través de una estrategia de seguridad compartida será posible mitigar la influencia de estos actores en el crimen organizado y reducir la violencia que asola a México y sus comunidades.
La cooperación internacional debe ser el pilar en la lucha contra esta nueva fase del narcotráfico, protegiendo a las poblaciones afectadas y restaurando la paz en un país que merece seguridad y estabilidad.