Minimizados y afligidos, los legisladores panistas y priístas mostraron su luto en la sesión en donde el Congreso de la Unión declaró la supremacía constitucional. Algunos se manifestaron con gritos de ¡dictadura!; muchos diputados vistieron de negro y otros se enmascararon con calaveras.
También prendieron cirios en sus curules y mostraron grandes lápidas de cartón con la frase “descanse en paz”; están angustiados ante el presentimiento de encontrarse en el umbral de la muerte del Estado de derecho, la libertad de expresión, los organismos autónomos, la democracia y por supuesto, el poder judicial.
En ese ambiente de duelo y pesar entre la comunidad opositora, el Senado recibió la renuncia de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluida la de la presidenta Norma Piña, para no participar en la elección extraordinaria de 2025. Por la misma razón, también han optado por la renuncia 820 jueces y magistrados, más de la mitad de los que hay en todo el país.
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Y como las desgracias nunca vienen solas, en la víspera de los días de guardar, se dio a conocer el reporte de México Evalúa, donde señala que la impunidad en México alcanzó 93.63% en 2023, ya que sólo 7 de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías estatales contó con una resolución. Un problema que busca erradicar la reforma al poder Judicial, aunque este aspecto ha sido subestimado o silenciado entre las lamentaciones mediáticas.
El hecho es que con una mayoría calificada, de 343 votos a favor y 129 en contra en la Cámara de Diputados y 85 contra 41 en la de Senadores, se aprobó la reforma que al garantizar la “supremacía constitucional” impide que procedan amparos, controversias o cualquier otro recurso jurídico en contra de las reformas a la Constitución, particularmente la reforma judicial.
Se trató de un proceso legislativo acelerado desde el principio y vertiginoso en su recta final, ya que en menos de 24 horas se aprobó en San Lázaro y en 23 legislaturas de los estados. El decreto fue publicado la noche del jueves en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el viernes primero de noviembre, Día de Todos los Santos, que precede a la celebración de los Fieles Difuntos.
Ha sido un duro golpe para los opositores –uno más, desde que fueron derrotados estrepitosamente en el proceso electoral–, ya que, una vez publicado el decreto, el Senado solicitará a la Suprema Corte que todos los recursos presentados en contra de la reforma judicial deben ser sobreseídos, tal como se establece en el artículo segundo transitorio del nuevo ordenamiento.
Ante la renuncia de los ocho ministros a la Suprema Corte de Justicia, la diputada morenista, Olga Sánchez Cordero expresó su respeto ante la decisión de sus excompañeros, ya que están en su derecho de asegurar sus haberes de retiro, pero descartó que estemos al borde de una crisis constitucional.
Al definir su posición ante el Congreso, Sánchez Cordero defendió la supremacía constitucional al señalar que esta reforma apunta hacia “el rescate del poder soberano menguado durante las últimas cuatro décadas” y afirmó que “en ningún momento es contrario a la defensa y promoción de los derechos humanos”.
Y ante las múltiples críticas e interpretaciones que se han expresado, la ministra en retiro pidió asumir una postura con seriedad, ya que “no es lo mismo hablar de un amparo ciudadano donde se reclaman violaciones a derechos incorporados en la esfera del quejoso, que discernir sobre una controversia constitucional entre autoridades en donde es indispensable que la Constitución otorgue legitimación activa y pasiva y no legitimación pasiva al Constituyente Permanente en las controversias constitucionales”.