La salud pública en México enfrenta un desafío histórico, el gasto en este sector ha sido significativamente inferior al recomendado a nivel internacional. Mientras que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren una inversión mínima del 6% del PIB, el presupuesto para 2025 equivale solo al 2.5%, con lo que ahora se requieren al menos 3.5 puntos adicionales del PIB para lograr una Cobertura Universal Sanitaria (CUS).
En el Paquete Económico 2025, se propone un recorte de 11% para el sector salud, que se justifica, en parte, por presiones fiscales y compromisos financieros preexistentes, pero su impacto es desproporcionado. Los recursos destinados a la Secretaría de Salud (SSA), principal responsable de atender a la población sin seguridad social, experimentarán una caída de 34%, equivalente a 34 mil 421 millones de pesos. En contraste, las instituciones de seguridad social, como el IMSS y el ISSSTE, recibirán aumentos marginales, perpetuando las desigualdades en la atención.
El gasto en salud refleja diferencias marcadas según el tipo de afiliación. Para los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE, el gasto per cápita (gpc) aumentará en términos reales un 12.4% y 16.8%, respectivamente. Mientras que, el gasto por persona sin seguridad social pasará de 5 mil 625 a 4 mil 225 pesos, menos de la mitad que lo destinado a quienes cuentan con afiliación..
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La propuesta de presupuesto también afectaría severamente a hospitales e institutos nacionales, entidades clave para la atención de enfermedades de alta complejidad y la investigación médica. Instituciones como el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, sufrirán recortes de más de 1,900 millones de pesos cada uno, limitando su capacidad operativa y poniendo en riesgo el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas para la población sin seguridad social.
Entre los programas más afectados destaca el Programa de Vacunación, que enfrentará una reducción de casi 10 mil millones de pesos, -68.8%. En términos de medicamentos y materiales médicos, aunque el presupuesto global disminuirá un 3.7%, la población sin seguridad social verá una mayor afectación. Finalmente, los recursos para salud mental también tendrían un recorte de 522 mdp.
El panorama presupuestario para 2025 plantea retos significativos no solo para la atención inmediata, sino también para la sostenibilidad del sistema de salud a largo plazo. La transición demográfica en México, caracterizada por un creciente envejecimiento de la población, intensificará la demanda por servicios de salud, especialmente para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer.
En cuanto a las estrategias de financiamiento que podrían aplicarse para contrarrestar los efectos de estos recortes, se encuentra nivelar los impuestos al tabaco y al alcohol, alineándolos con las recomendaciones de la OMS. Estas medidas podrían generar ingresos adicionales por 47.8 mil millones de pesos, suficientes para evitar el recorte de 34.4 mil millones en la SSA.
El Paquete Económico 2025 representa un desafío crítico para el sector salud en México. Si bien las restricciones fiscales son una realidad, las decisiones presupuestarias actuales profundizan las desigualdades y limitan el acceso a servicios básicos para los sectores más vulnerables.
A medida que el país enfrenta transiciones demográficas y una creciente carga de enfermedades crónicas, invertir en salud no es solo una cuestión de justicia social, sino también una estrategia esencial para el desarrollo sostenible. Adoptar políticas fiscales más equitativas y priorizar la salud pública son pasos fundamentales hacia un sistema que verdaderamente garantice el derecho a la salud para todos.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) presenta la evolución del gasto en salud, los principales subejercicios y sobre ejercicios. El estudio puede consultarse aquí.
*Judith Senyacen Méndez Méndez
Directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas
Doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Obtuvo una maestría en Administración con especialización en Finanzas Corporativas y es licenciada en Economía por la misma institución. Ha cursado estudios de Evaluación Social y Económica de Proyectos en el ITAM, Model for Evaluation of Financing Options de la International Atomic Energy Agency (IAEA) y de Economía de la Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Tiene experiencia en evaluaciones socioeconómicas de proyectos públicos. Su ensayo titulado "Hacia un sistema sostenible de salud" fue reconocido por la Facultad de Medicina de la UNAM y por Funsalud como una propuesta innovadora para mejorar el Sistema de Salud en México. Se incorporó al CIEP en julio 2016 como Coordinadora de las investigaciones de salud y de finanzas públicas. Le interesa contribuir a un México donde la salud sea un igualador social y no un perpetuador de inequidades.