Está bien claro que la elección del próximo 1 de junio será la más compleja de la historia de nuestro país. El número de aspirantes no es la principal complicación. Es la saturación de nombres que habrá en las boletas sin tener, al menos en apariencia, el respaldo de un partido político.
Pongámoslo en perspectiva. Se estima que a nivel nacional habrá finalmente más de 5 mil candidatas y candidatos, organizados en 32 circuitos judiciales, que no siempre coinciden con nuestras entidades federativas.
En términos concretos, la ciudadanía tendrá que elegir a 5 Ministras y 4 ministros de la Suprema Corte; a 3 Magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; a 10 Magistradas y 5 Magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral; a 464 Magistradas y Magistrados de Tribunales de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación; y a 386 Jueces y Juezas de Distrito.
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Un ejemplo: si se considera sólo el circuito judicial de la Ciudad de México, se prevé que para elegir 200 cargos la ciudadanía tendrá que revisar y decidir sobre una lista de más de 500 aspirantes. Pero la capital del país no es el único caso. Por lo tanto, lograr el voto informado de la ciudadanía será una misión comunicacional muy difícil de cumplir.
Mucho se ha hablado de los problemas logísticos, de tiempo y recursos que tendrá el proceso. Pero hasta ahora poco se dicho de los inconvenientes que surgirán con las campañas que harán las y los aspirantes o de los procedimientos específicos para la fiscalización a la que estarán sujetos si se pretende alcanzar la equidad y un piso parejo.
Por si no lo leíste: Elección judicial cierra con más de 23 mil aspirantes.
Como sabemos, una elección legislativa tiene características muy diferentes a la del Poder Ejecutivo. El interés de la gente es muy diferente. ¿Cuántos electores llegan a conocer más o menos bien a las y los candidatos por quienes tendrán que votar. ¿Quién recuerda a las y los legisladores electos en su distrito? o ¿Cuántas personas conocen los aspectos más importantes de la trayectoria de las y los ganadores?
Para buena parte de la ciudadanía, en estos casos resulta suficiente —al momento de votar— cruzar la boleta privilegiando al partido de su preferencia, sin importar quién sea el candidato o la candidata. Las causas de esta decisión son variadas. Entre las más importantes están la simpatía que sienten por los personajes que van por la presidencia, el acuerdo con algunas de sus propuestas o la aceptación de lo que saben de su proyecto.
En términos tácticos, las estrategias de comunicación han resuelto con eficacia este tipo de situaciones y dilemas, al darle un valor muy especial a los colores con los que se identifican los partidos. La utilidad de este poderoso recurso facilita no sólo el envío de los mensajes para posicionarse y diferenciarse. También es útil para impulsar el voto diferenciado, el cual es muy valioso para el fortalecimiento de los esquemas de equilibrios y contrapesos.
Sin embargo, las y los aspirantes a la elección del próximo año no contarán con la ventaja del color, al menos en apariencia. El enorme número de nombres que tendrá cada ciudadano o ciudadana en las boletas, imposibilita el conocimiento previo de las personas que deberá elegir. Y ya ni hablar de sus trayectorias y perfiles.
El tiempo no les alcanzará. La prohibición de contar con financiamiento público para sus campañas los limitará demasiado. El acceso a las redes será insuficiente y tampoco será un recurso gratuito o de bajo costo. Por si fuera poco, quienes tengan el privilegio de participar en los foros de debate que realizará el INE, tendrán retornos mínimos de inversión.
Aún más, la saturación y dispersión informativa que se generará durante el periodo de campañas tal vez genere desinterés, confusión o desilusión en buena parte de la ciudadanía. Si no se toman las medidas pertinentes, el proceso electoral podría ser un ejemplo más de cómo el voto desinformado abona muy poco la democracia.
A pesar de todo, es posible afirmar que sí existen algunas posibilidades para asignar colores a las candidaturas, no obstante, las restricciones que tienen los partidos políticos de participar en las elecciones. La misma reforma constitucional abre algunas ventanas de oportunidad. Lo que se necesita es creatividad y un enorme esfuerzo de coordinación política.
Para lograrlo, las y los aspirantes a cualquiera de los cargos deben saber que el color es una señal de identidad que facilita recordar imágenes, rasgos y atributos para distinguirse de la competencia. Asimismo, deben tener presente que proyectar un color significa también trasmitir una idea, un mensaje o una propuesta.
Los colores sirven para crear símbolos, para emocionar, para generar identidad o afinidad. Un color bien elegido exhibe, atrapa la atención y se puede convertir hasta en un fenómeno social. Además, si hay una buena asociación entre el color y la propuesta, las posibilidades de triunfo de quienes se atrevan a utilizarlos serán mayores. La clave está en entender cómo hacerlo, sin salirse de los límites establecidos por la Constitución.
En las próximas elecciones, uno de los mayores retos será vencer el abstencionismo. La revocación de mandato que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022 sólo logró la participación de menos del 18%. Sin embargo, si los colores se utilizan en 2025 como recurso de las campañas —y éstos no terminan asociándose con los partidos— los resultados podrían favorecer los contrapesos que requiere el sistema político.