Vivimos es un país profundamente desigual, pese a los avances de las últimas décadas, el crecimiento y desarrollo ha sido insuficiente para dar respuesta a las grandes necesidades de la población. El paquete económico que se discute en el Congreso, en particular el presupuesto de egresos, es insuficiente, regresivo e inequitativo.
La política de egresos, que debería estar orientada a gastar mas y mejor para garantizar el acceso de la población a los servicios básicos de salud, educación, infraestructura social y seguridad, por citar los mas relevantes; y la política de transferencias directas, indispensable para acortar la brecha de desigualdad, han quedado atrapadas en un falso debate, como si se tratara de políticas excluyentes y contrapuestas, y no, como deben ser, incluyentes y complementarias.
La evolución del Índice de Progreso Social y los estudios de evaluación de la pobreza del CONEVAL, confirman: que la desigualdad sigue siendo el gran desafío; que las transferencias directas han contribuido a aliviar la inequidad en la que viven millones de mexicanos y sus familias, pero que no son suficientes; que es indispensable, al mismo tiempo, invertir en infraestructura social y comunitaria para garantizar el acceso a servicios públicos. Solo así, se harían realidad los derechos consagrados en la constitución.
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Para disminuir la desigualdad necesitamos un presupuesto inclusivo, que coloque a la persona y a las familias en el centro de las decisiones publicas; que este orientado a lograr un desarrollo comunitario integral y verificable; que asegure la transparencia y el buen uso del gasto social; y que recupere la confianza en las instituciones, en la medida en que estas cumplan con su función social y rindan cuentas de los recursos que la sociedad pone en sus manos.
Un presupuesto inclusivo debe estar abierto a la evaluación y a la rendición de cuentas, situación que hoy esta comprometida por la desaparición de los organismos autónomos. En adelante, será imposible saber con objetividad el resultado del ejercicio presupuestal y la eficacia de los programas sociales en el combate a la pobreza y la desigualdad.
La decisión de desaparecer a los organismos autónomos, propuesta por el gobierno y avalada con el voto de Morena y sus aliados, confirma que por encima del interés en combatir la desigualdad, esta el de mantener el control político sobre los beneficiarios.
Eliminar la evaluación y los contrapesos al gobierno, genera incertidumbre y desconfianza en el país y en la comunidad internacional. Concentrar en el gobierno a los organismos encargados de garantizar el acceso a la información publica. la mejora de la educación, el desarrollo social, la calidad y la libre competencia competencia en telecomunicaciones, energía e hidrocarburos, no garantiza el cumplimiento de sus funciones.
Es absurdo exponer la buena marcha del desarrollo social y la economía, peor aún, en el momento en que hay signos de contracción económica; en medio de las amenazas de Trump por imponer aranceles; y en vísperas de la revisión del TMEC. Este absurdo es un contrasentido que solo se explica por las presiones del gobierno anterior y por el apetito de poder. Es hora de anteponer el interés nacional.