En la primera parte de esta entrega se abordó la inmigración ilegal hacia Estados Unidos a través de México como uno de los temas que deberán atenderse con pinzas en la relación que nuestro país tiene con el vecino del norte cuando Donald Trump juramente como presidente en enero de 2025. Otro de esos frentes delicados que inevitablemente la presidenta Claudia Sheinbaum deberá abordar para mantener una colaboración eficaz con Trump es el narcotráfico.
Actualmente ya conocemos lo que Donald Trump es capaz de decir y de hacer, pero en la ecuación Sheinbaum-Trump todavía hay claroscuros en términos de la lucha antinarcóticos; por ello vale la pena destacar características en las últimas administraciones de ambos países que han llevado a una muy tensa relación México-Estados Unidos en la lucha contra las drogas.
No hay duda de que las autoridades mexicanas han estado librando una batalla contra los cárteles de la droga durante casi dos décadas, tiempo en el que Estados Unidos se ha asociado con México proporcionando miles de millones de dólares para modernizar sus fuerzas de seguridad y aumentar sus capacidades para la lucha antinarcóticos, y aun así el éxito ha sido prácticamente nulo.
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Si bien los cárteles florecieron durante las décadas que México estuvo gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2000 con la elección del presidente Vicente Fox y la llegada de nuevos políticos, los cárteles intensificaron la violencia contra el gobierno en un esfuerzo por mantener su control sobre el Estado. En este sentido, las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador respondieron a las organizaciones criminales del narcotráfico principalmente mediante el despliegue de fuerzas de seguridad sin que ninguno de ellos diera resultados para reducir la violencia y aumentar la seguridad en el país.
En el caso del presidente Felipe Calderón, éste declaró la guerra a los cárteles y con ayuda de Estados Unidos, el ejército mexicano capturó o mató a 25 de los 37 principales capos de la droga en México; sin embargo, esta estrategia creó bandas de narcotraficantes más pequeñas y violentas. Enrique Peña Nieto continuó apoyándose en el ejército y en la policía federal para luchar contra los cárteles, y si bien los homicidios disminuyeron en los primeros años de su presidencia, en 2015 se produjo un repunte alcanzando su nivel más alto. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia que en principio se caracterizaría por el abandono de la militarización y se centraría en atacar las causas de la violencia y en la cooperación en materia de seguridad regional con el fin de reducir las tasas de homicidio; no obstante, sus tácticas fueron un reflejo de sus antecesores, especialmente por el despliegue de la nueva Guardia Nacional liderada por militares. Al final, esta estrategia no tuvo ningún éxito tangible, pues la tasa de homicidios registró niveles récord y la relación con Estados Unidos se hizo cada vez más tensa.
Vale recordar que desde que los presidentes George W. Bush y Calderón lanzaron la Iniciativa Mérida en 2007, Estados Unidos ha asignado más de 3,500 millones de dólares para la compra de aviones militares, software de vigilancia y otros equipos que han sido utilizados para la seguridad, incluido el apoyo antinarcóticos. El presidente Barack Obama amplió el alcance de la ayuda, en lo que se conoció como “Mérida 2.0”, que estaba destinado, entre otras cosas, a reformar el sistema de justicia de México y a desarrollar programas de prevención del delito a nivel comunitario. Ya con el presidente Donald Trump las prioridades estadounidenses en la iniciativa Mérida cambiaron a la seguridad fronteriza y la lucha contra la producción de drogas y el lavado de dinero.
Los resultados muy cuestionables por parte de México en la lucha contra los cárteles de la droga llevaron a que el presidente Joe Biden recibiera una tensa relación de seguridad con nuestro país. Aun así, Biden y López Obrador anunciaron la creación de un nuevo marco para abordar la inseguridad en México y la crisis de opioides en Estados Unidos, pero en 2022 López Obrador disolvió una fuerza antinarcóticos entrenada por la DEA que había trabajado en estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses durante décadas. A pesar de algunos avances en la implementación de dicho marco de colaboración entre los gobiernos de Biden y AMLO, la percepción en Washington de que López Obrador no hizo lo suficiente para mantener a raya a los cárteles de la droga mexicanos se ha mantenido fuertemente.
A esta percepción en Washington sobre la relación en materia de seguridad y lucha antinarcóticos, se le sumaron dos momentos de crisis importantes, la primera en octubre de 2020 cuando las autoridades estadounidenses arrestaron al general Salvador Cienfuegos Zepeda en Los Ángeles, presuntamente por tráfico de drogas y lavado de dinero; y la otra en julio pasado, cuando el capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido también por Estados Unidos. En ambos eventos el gobierno mexicano no fue informado, lo que generó no sólo sorpresa sino también un claro y abierto disgusto en Palacio Nacional.
Hasta ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el objetivo de su administración será reducir la tasa de homicidios, aumentar el número de investigadores federales, ampliar a la Guardia Nacional y combatir la impunidad mediante reformas judiciales. En tanto, Donald Trump ha prometido un bombardeo a los laboratorios de fentanilo en México, bloquear los puertos mexicanos de los que se distribuyen precursores y designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, medidas que apuntan a una injerencia militar estadounidense en México.
Ambas retóricas no hacen más que vislumbrar una nueva etapa en las relaciones México-Estados Unidos en materia de antinarcóticos que no termina de ajustarse por ahora. Es comprensible que las promesas de Trump alarmen y enojen al gobierno mexicano que parece que no es capaz de distinguir entre la destrucción de laboratorios de drogas por parte de Estados Unidos y una invasión, así como tampoco ve que el discurso de Trump lo podría estar empujando a hacer más por someter a los cárteles de la droga. Por su parte, Washington también parece ser incapaz de ver que desde que el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas hace más de 50 años ha sido difícil encontrar una solución beligerante, pues mientras millones de estadounidenses que consumen drogas ilegales estén dispuestos a gastar decenas de miles de millones de dólares, arruinar su salud y correr el riesgo de morir de sobredosis, destruir algunos laboratorios de drogas en México no resolverá el problema básico, y mucho menos designar a los cárteles como grupos terroristas.
En fin, el tema de la lucha contra los cárteles de las drogas inevitablemente tendrá que abordarse entre los dos países y bajo la preocupación mexicana de proteger su soberanía, esto amerita una entrega adicional en la que se analice el escenario México-Estados Unidos con base en la experiencia latinoamericana.