La frontera estadounidense, según las primeras amenazas de Donald Trump, va a estar “cerrada y remachada” con tres candados como dirían los Tigres Norte. De su eslogan de campaña en 2016 para construir un muro en la frontera con México, Trump ha pasado a prometer leyes más duras en materia migratoria, deportaciones masivas de ilegales e incluso aplicar un arancel de 25% a las importaciones de productos mexicanos si no se frena la afluencia de indocumentados, criminales y drogas.
Al iniciar su campaña, en un mitin realizado en Ohio en abril de 2022, Trump recordó las amenazas que hizo en 2019 al presidente Andrés Manuel López Obrador de imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no blindaba la frontera con militares y frenaba la migración. “Nunca he visto a nadie doblarse así”, se jactó.
La amenaza hizo que finalizara la política de “puertas abiertas” de López Obrador, pero esto no frenó las caravanas de indocumentados; aunque se intentó aplicar un sistema de filtración y contención en la frontera sur de nuestro país, éste desembocó en la crisis de diciembre de 2023 en la frontera norte, a donde llegaban 12 mil migrantes diariamente.
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Ahora, Trump quiere aplicar la misma receta: “Si el 25% no da resultado, impondré el 50% y si eso no funciona el 75%, así, en algún momento tendrán a muchos soldados en la frontera para impedir los cruces”.
El tema migratorio estuvo en el centro de la campaña presidencial de Trump y junto con el tratado de libre comercio y el combate al narcotráfico, es prioritario en la agenda bilateral con México. Incluso en la primera conversación telefónica que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, mencionó el “tema de la frontera”, a lo que ella le respondió que “ya habrá tiempo para poderlo platicar”.
Tras su victoria electoral, Trump ha señalado que “sellar” la frontera va a ser una de sus prioridades en su segundo gobierno que comenzará el 20 de enero de 2025. Amenaza con deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados y aunque todavía no hay una definición oficial de su política migratoria, sus declaraciones hacen prever que será semejante a la que aplicó durante su presidencia aunque más dura y restrictiva.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum anunció la renovación del Instituto Nacional de Migración (INM) con la llegada de Sergio Salomón Céspedes, pero este asumirá el cargo hasta que concluya su gestión como gobernador de Puebla, el próximo 13 de diciembre.
A partir de lo que se ha llamado el Modelo Humanitario de Movilidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, se enmarca en dos ejes: el compromiso de atender de manera más eficaz la diáspora regional y global (2023 rompió los registros históricos con 2.5 millones de cruces migratorios irregulares y 140 mil 900 solicitudes de protección internacional ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados).
En este contexto, el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, plantea convertir a Tapachula en el centro de un polo de desarrollo industrial en la frontera sur y al crear fuentes de empleo, se daría atención al fenómeno migratorio desde una perspectiva humanista.
Mientras tanto, los votantes de Arizona recientemente aprobaron la Propuesta 314, una de las severas leyes estatales migratorias de Estados Unidos, que convierte en un crimen cruzar la frontera con México de manera irregular y permite a los policías y jueces locales arrestar y deportar a migrantes indocumentados.
Una vieja y conflictiva historia, que ya cantaron los Tigres del Norte: “el gringo terco a sacarnos. Y nosotros a volver. Si uno sacan por Laredo, por Mexicali entran diez. Si otros sacan por Tijuana, por Nogales entran seis. Ahí nomás saquen la cuenta cuántos entramos al mes”.