Si bien el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tendrá un impacto global, en México la presión podría sentirse especialmente en los temas de migración y combate al narcotráfico.
Tal como lo hizo en su campaña de 2016, en 2024 el ahora presidente electo Donald Trump situó a la inmigración y al control fronterizo al frente de su agenda política, sin embargo, esta vez su retórica se centró en contra de los que ya viven en Estados Unidos pues ha prometido llevar a cabo una deportación masiva de personas indocumentadas desde su primer día de su segundo mandato como presidente.
Trump parece fingir que no distingue entre los inmigrantes que están en Estados Unidos de forma legal de quienes están ilegalmente, pues el futuro mandatario se comprometió a expulsar “hasta 20 millones” de personas. Lo cierto es que en 2022 se contabilizaron 11 millones de inmigrantes cuya mayoría vive en territorio estadounidense desde hace más de una década y cabe añadir que durante la administración de Joe Biden ingresaron al país alrededor de 2 millones de personas por la frontera con México de los cuales a 863,880 inmigrantes se les ha concedido permisos para vivir y trabajar temporalmente por razones humanitarias.
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Hasta ahora Trump ha ofrecido pocos detalles sobre sus planes, pero éstos aluden intenciones de utilizar tropas estadounidenses para el control de la inmigración y la seguridad fronteriza, así como las redadas contra inmigrantes y aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII que permite la deportación sumaria de ciudadanos de naciones consideradas hostiles a Estados Unidos, con la salvedad de que se utilizaría “para atacar y desmantelar todas las redes criminales de inmigrantes que operan en suelo estadounidense”, aunque sigue siendo una cuestión legal pues corresponde a la Corte Suprema permitir aplicar la ley de esta manera.
Más allá de una deportación masiva, se espera que Trump renueve el programa Permanecer en México, iniciado durante su primera administración y aceptado dócilmente por el gobierno de nuestro país, con el cual se obliga a los migrantes que buscan asilo a esperar en México mientras se procesan sus solicitudes. También se espera que reviva una política sanitaria de emergencia aplicada durante la pandemia de covid-19, conocida como Título 42, que permite a los funcionarios estadounidenses de migración rechazar y expulsar rápidamente a los solicitantes de asilo para así frenar la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México.
Otras de las promesas antiinmigración de Donald Trump han sido restablecer la prohibición de viajar legalmente a Estados Unidos desde varios países, principalmente musulmanes y que Biden canceló desde su primer día como presidente; así como poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños de padres que se encuentran ilegalmente, aunque esto, por considerarse inconstitucional, requeriría una reinterpretación de la 14ª Enmienda por lo que la próxima administración de Trump sin duda enfrentará desafíos legales.
Todas las promesas antiinmigración de Trump si bien posibles son difíciles de cumplir no sólo por el costo económico para su implementación, sino también porque pueden afectar a la economía estadounidense, que en parte depende de la mano de obra migrante, que, entre otras cosas contribuye a mantener bajos los salarios en algunos sectores.
En este sentido, resaltan los retos económicos, logísticos y sociales que se avecinan con la puesta en marcha de una deportación masiva. Tan sólo 1 millón de deportaciones anuales podría costarle al gobierno estadounidense 88,900 millones de dólares al año, además de que se tendrían que aumentar las capacidades de los centros de detención y de los tribunales de inmigración en términos de recursos humanos y económicos, pero al final esto abrumaría al sistema de inmigración estadounidense de por sí agobiado con el retraso de casi 3.7 millones de casos sin resolver. Por la parte social, las deportaciones a gran escala destrozarían a familias, ya que cerca de 4.4 millones de niños estadounidenses menores de 18 años viven con un padre indocumentado.
Habría que añadir que los costos para la economía estadounidense de una deportación masiva como la que plantea Trump conllevan el riesgo de escasez de mano de obra en industrias como la construcción, la agricultura y los servicios de cuidado a niños y adultos mayores, labores de bajos salarios que los estadounidenses no aceptan y que al menos en 2022, el 5% de la fuerza laboral total estadounidense en dichas áreas era ocupada por inmigrantes no autorizados, los cuales además contribuyen económicamente con la demanda de bienes y servicios.
Aún cuando a la segunda administración de Trump se le vaticinan muchos desafíos en políticas de inmigración también se vislumbra una gobernabilidad más estratégica apoyada en un panorama político y social estadounidense desplazado hacia la derecha y en un entorno global efervescente que ha provocado el aumento de la migración y de solicitudes de asilo.
Por otro lado, no sólo Trump llega a la Casa Blanca más experimentado, los grupos defensores de inmigrantes también aprendieron mucho desde el primer mandato del empresario estadounidense pues desde que ganó las elecciones la semana pasada ya contemplan acciones legales contra los puntos principales de la agenda xenofóbica de Donald Trump.
Aquí la pregunta que surge es ¿México está preparado para cuatro años más de Donald Trump en términos de migración? La respuesta tiene muchas aristas pues sin duda la presidenta Claudia Sheinbaum, mejor preparada que su antecesor, ya debió haber previsto un escenario así, por lo que sería de esperarse que fomente el diálogo con su homólogo estadounidense y tome decisiones puntuales para fortalecer a los consulados mexicanos en Estados Unidos con funcionarios con experiencia, que puedan apoyar a los casi 5 millones de mexicanos indocumentados que viven en el país del norte.
En cuanto al impacto que tendrán deportaciones masivas se sentirá en la frontera que México comparte con Estados Unidos, una región en la que han quedado varados miles de migrantes desde el primer mandato de Trump. A estos grupos de retornados también hay que darles una salida viable para su reincorporación al país, que vaya más allá de los apoyos sociales que otorga el gobierno para el combate a la pobreza.
Nuestros paisanos en Estados Unidos tienen fama de poseer muchas virtudes: son muy trabajadores, responsables, emprendedores, resilientes. Quizás sea el momento de replantearse el futuro cercano y desarrollar una estrategia nacional que nos permita como país aprovechar el gran capital humano que vamos a recuperar.
La siguiente entrega para este espacio abordará el tema del narcotráfico.