Iniciemos este año con los consabidos deseos de felicidad y prosperidad para todos los lectores, todos los mexicanos, todo el planeta. A sabiendas de que “a dios rogando y con el mazo dando”. Es decir que habrá mucho por hacer en un país complicado y un contexto internacional de altos riesgos. Ambos demandan repensarse a fondo. En México este año cambiamos de ciclo sexenal y nos presenta la ineludible necesidad de definir metas, maneras de hacer las cosas e incluso cambios de rumbo sustanciales.
No toda la reflexión sobre el futuro inmediato, el próximo sexenio, ocurre de manera abierta, de cara al electorado. Algunas de las definiciones más relevantes ya se discuten entre conocedores y grupos de poder mientras que en los espacios mediáticos para el gran público predominan los mensajes simplones, alegóricos, más que analíticos. Ojalá y se pudiera lograr una mayor participación informada de la población en las discusiones sustantivas.
Aquí, a vuelo de pájaro, va un recuento de algunos asuntos que deberán irse definiendo a lo largo de las campañas electorales, sea de manera explícita y participativa, o como negociación reservada a las elites. Vertientes en las que sería bienvenida la irrupción de la opinión pública demandando respuestas precisas.
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El actual sexenio definió como asuntos centrales del interés nacional el combate a la corrupción y la austeridad republicana como fuentes no solo de mejor desempeño público sino de su financiamiento. Al 31 de agosto de 2019, tras nueve meses de gobierno, el presidente López Obrador declaraba que cada una de estas dos medidas había generado 500 mil millones de pesos, un billón en total, en ahorros y financiamiento. Ahora transcurridos cinco años tales afirmaciones son muy controvertidas. El ahorro se convirtió en austericidio o decremento del desempeño en gran parte del aparato público y el combate a la corrupción no generó los recursos esperados, disponibles para un mayor gasto público.
Mejorar el desempeño público, en particular en sectores vulnerables como salud, educación y seguridad es esencial y combatir la corrupción sigue siendo, por lo menos lo mismo que antes, una prioridad. Solo que austeridad y combate a la corrupción ya no dan para más. Habrá que repensar la estrategia de combate a la corrupción basada en la selección para los cargos públicos de personas honestas, muchas veces poco preparadas, por mecanismos institucionales que lo despoliticen. Dejar de ver la paja solo en el ojo ajeno y no en el propio. Hay que revisar que la austeridad deje de ser un mecanismo que reduce las capacidades de agilidad y atención a los ciudadanos en múltiples funciones públicas.
Lo anterior nos lleva a otro gran tema, el fundamental para la siguiente administración: el financiamiento público. México sigue siendo el país de menor recaudación tributaria dentro del grupo de la OCDE y muy por abajo del promedio de América Latina (ALC). El promedio en la OCDE es de 34.1 por ciento del PIB y en ALC de 21.7 por ciento mientras que México recauda sólo el 16.7 por ciento.
La siguiente administración heredará los costos de una administración pública poco eficiente, el rezago en la atención en salud y educación, el grave problema de la inseguridad pública, el costo incrementado de las transferencias públicas (¡qué bueno!), los requerimientos de inversión rezagada en infraestructura y las demandas del Nearshoring.
Pocas son las opciones: hacer muy progresivo el ingreso sobre la renta; gravar la riqueza acumulada (por ejemplo grandes herencias); gravar alimentos y medicinas (muy impopular); ampliar la base gravable (intentar perseguir la informalidad); aranceles a las importaciones (de Asia, por ejemplo); aranceles a las exportaciones. O los sueños de opio de que la inversión externa sacará al país adelante mientras el estado sigue cruzado de brazos por falta de recursos, o de que podrán revertirse los avances en derechos sociales. El caso es que algo habrá que hacer.
Si evolucionamos a un gobierno fuerte, que deje atrás la pobreza franciscana y se convierta en promotor del crecimiento económico, sin dejar de lado los avances en equidad, la gran decisión estará entre la inversión concentrada en proyectos faraónicos (semi fracasados) o una inversión dispersa en todo el espacio nacional. Elegir entre los saltitos tecnológicos hacia modernidades ilusorias, o defender y construir sobre las capacidades productivas existentes. No bastan las grandes cifras de inversión, el estilo de inversión es un tema de calidad e impacto socioeconómico.
En el último caso los puntos esenciales son retomar el objetivo fracasado de la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo del campo, y proteger e impulsar la pequeña y mediana industria orientada al mercado interno. Lo cual requiere un marco de apoyos y reconfiguración del mercado que asegure su rentabilidad, capacidad de ahorro y reinversión continuada. Habrá que cuestionar y revertir dos medidas que nos están haciendo mucho daño: una ha sido abaratar el dólar y la otra es la mayor libertad de importaciones. El país requiere una paridad competitiva y una administración del comercio exterior donde la producción para el mercado interno y para la exportación puedan prosperar en toda su amplitud nacional y no limitada a privilegiados elementos de escaparate.
Celebro las transferencias sociales como mecanismo de equidad pero creo que pueden ser mucho más efectivas en ese sentido si se les da un nuevo giro. No la mera inclusión al consumo global–nacional, sino como mecanismo de demanda selectiva de la producción regional nacional. Lo que requeriría potenciar las capacidades de SEGALMEX como mecanismo de adquisición y venta de productos locales, regionales, nacionales, con presencia en el campo y las ciudades. Revertir su proceso de destrucción institucional. Destrucción que inició por el desconocimiento por parte de la actual administración de la representación democrática de los operadores campesinos del sistema.
Lo que nos lleva a otro gran tema. El de la participación cívica, organizada, de la población en el diseño, seguimiento y evaluación del hacer público. La actual administración prometió democracia participativa y, en cambio, satanizó como corrupta toda forma de organización social y rompió el diálogo y las posibilidades de alianza con las organizaciones populares y cívicas. Un caso más en el que se tiró el agua de la bañera con todo y niño como forma de combate a la corrupción.
Nuestro marco legal señala espacios de diálogo y obligaciones de promoción de la Contraloría Social en la operación del sistema educativo, de salud, de los programas sociales que no han sido respetados. Habrá que decidir si se avanza, o no, hacia un gobierno abierto y amigable con las organizaciones sociales de base. Una alianza tal debe constituir uno de los pilares de la cohesión social como parte del combate al crimen organizado.
Lo que nos deja una última gran pregunta: ¿Cuál debe ser el papel del ejército, la guardia nacional y similares? ¿Contribuir a la tranquilidad pública, o todo lo demás?