En mi artículo anterior comparé el diagnóstico y propuestas del Reporte de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial con el documento de Oxfam, una confederación de 21 organizaciones sociales que operan en más de 90 países para combatir las injusticias que generan pobreza.
Pocos días después Oxfam publicó un documento específicamente dedicado a México, uno de los países con mayor inequidad del mundo, llamado “El monopolio de la desigualdad”. Es un documento claro, sintético y contundente que vale mucho la pena leer y releer, sobre todo en este que será un año decisivo para definir el rumbo del país en los próximos años.
El mensaje esencial de Oxfam México es que nuestro sistema económico es el resultado de decisiones políticas que han generado una excesiva concentración del poder económico y político. Describe como las fortunas de los 14 hombres, y mujeres, más ricos del país son, por una parte, herencias familiares y, sobre todo, el resultado de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las últimas décadas.
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Las privatizaciones de los años ochenta y noventa del siglo pasado fueron una masiva transferencia directa de riqueza del gobierno a un pequeño grupo de grandes empresarios. En las últimas cuatro décadas más de mil empresas públicas fueron privatizadas y muchas quedaron en manos de los ultrarricos. A eso se suman las concesiones, licencias y permisos que, con su influencia económico – política logran capturar para explotar bienes nacionales. De este modo se acelera la tendencia a la concentración de cada vez más riqueza y poder.
Los 14 ultrarricos de México, cada uno con fortunas de más de mil millones de dólares, concentran 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza nacional. Carlos Slim por sí solo es más rico que los otros trece y posee tanta riqueza como la mitad más pobre de la población, alrededor de 63.8 millones de personas. De los cuales algo más de 9 millones no saben si podrán comer al día siguiente.
Estos ultrarricos se caracterizan no por una enorme capacidad de trabajo o de ingenio e inventiva sino, simplemente, por estar en connivencia con el poder público y/o ser herederos. Oxfam enfrenta con datos el mito de que los ultrarricos lo son por mérito propio y de que constituyen, con sus empresas, una mejor opción frente a un Estado, flojo, débil y corrupto.
La fortuna de este reducido grupo creció de manera acelerada en los últimos años; en particular mientras la mayoría de los mexicanos se empobrecían debido a la pandemia y al deterioro de los servicios públicos, en particular el acceso a la salud.
Son los dueños de grandes empresas con poder monopólico que tienen la capacidad de fijar los precios en los principales sectores de la economía nacional en detrimento de los bolsillos del resto de la población. Aprovechando los choques económicos tras las crisis globales recientes han subido más que proporcionalmente los precios de los productos y, por ejemplo, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, el periodo reciente de mayor aumento en el costo de la vida, capturaron el 60 por ciento del incremento de los precios en forma de ganancias. Sus ganancias proporcionalmente duplican a las de las empresas de países como Alemania o Brasil y son un factor inflacionario importante.
Las fortunas conjuntas de Carlos Slim y Germán Larrea, los dos hombres más ricos de América Latina crecieron en 70 por ciento en poco menos de cuatro años y equivalen hoy a la riqueza total en manos de la mitad más pobre de América Latina y el Caribe, cerca de 334 millones de personas.
Son las decisiones políticas y las relaciones de conveniencia entre el poder económico y el poder político las que han determinado el modelo económico de México: el poder económico y político, es decir la capacidad para influenciar el sistema legal y tributario, los organismos reguladores, dominar los bienes nacionales y reducir la acción efectiva del Estado, se encuentran en muy pocas manos. Ya no en las de una clase social de ricos, sino de plano en poco más de una docena de personas.
Las grandes corporaciones usan su poder para evadir los impuestos que deberían pagar. Presionan para profundizar la mercantilización de los servicios de atención a derechos básicos como educación, atención médica y acceso al agua potable.
Mientras que la proporción de la riqueza nacional que corresponde al gobierno se redujo del 23.2 al 9.3 por ciento entre el 2003 y el 2020, la de las empresas privadas creció de 18.2 a 25.2 por ciento en el mismo lapso. Esto refleja una creciente privatización de los servicios públicos que, sin contar con una política de regulación de la competencia, hace que paguemos más por los servicios que antes ofrecía el Estado. En paralelo los servicios que sigue ofreciendo el Estado, cada vez más pobre y orillado a la austeridad, se deterioran en calidad y cantidad.
Oxfam señala que nuestra economía es el resultado de la política y lo que propone es revertir el esquema. Frente al falso discurso de la falta de alternativas o las decisiones supuestamente técnicas propone una política integrada por decisiones que muevan la economía en un sentido distinto.
Entre sus propuestas se encuentran: Políticas salariales, laborales y de seguridad social que beneficien a todos los trabajadores; sean formales o informales. Políticas fiscales progresivas en las que pague más quien más gana. Regular los mercados para evitar la concentración del poder corporativo. Una nueva política industrial con un Estado emprendedor en todo el territorio nacional que ofrezca servicios públicos de calidad. Reglas diferenciadas para que favorezcan a los trabajadores independientes y las medianas y pequeñas empresas que son los mayores generadores de empleo en el país. Que pague y repare quien más contamine. Y una apuesta fuerte por la economía social y solidaria.
Aprovecho para abordar otro tema fundamental. Hace un par de días numerosos periódicos y noticieros destacaron que en diciembre de 2023 hubo una tasa de desempleo de 2.6 por ciento; la menor de los últimos 18 años. En ese año se crearon 1 millón 294 mil empleos formales. Vista en su contexto amplio la cifra no merece festejarse… mucho. Pero si es un dato positivo, sobre todo si la relacionamos con la estrategia salarial.
Al iniciarse la estrategia de elevación del ingreso real de los ingresos de los trabajadores algunos analistas advirtieron que eso provocaría desempleo debido a que muchos patrones no estarían dispuestos a contratar con salarios mínimos más altos. Ha ocurrido lo contrario. La elevación de los salarios mínimos ha modificado un poco la balanza en favor del empleo formal. Patrones que tenían vacantes que nadie quería ahora las pueden ocupar. Y muchos trabajadores con la opción de una ocupación informal o un empleo formal ahora prefieren este último debido al mayor ingreso. Es decir que la elevación de los salarios incrementó el empleo formal.