CONGRESO

Justicia alternativa, otra vez el Congreso en falta

Hace mucha falta una ley general en materia de mecanismos de solución de controversias. | Agustín Castilla

Créditos: #OpiniónLSR
Escrito en OPINIÓN el

Ante la falta de acceso a la justicia que enfrenta la gran mayoría de las personas debido a la saturación de los juzgados, los altos costos tanto económicos como en tiempo que les  implica a las partes involucradas, así como la desventaja que padecen quienes no cuentan con los recursos para contratar un abogado o aguantar un generalmente muy largo proceso judicial en el que en muchos casos se impone la ley del más fuerte abriéndose aún más la brecha de desigualdad social, en las últimas poco más de tres décadas se han venido impulsando los denominados mecanismos alternos de solución de conflictos a través de los cuales se busca que, mediante el diálogo constructivo, la identificación de intereses y necesidades de las partes más allá de sus posiciones, y con la participación de una persona tercera imparcial que procure condiciones de equidad, puedan generar opciones que les permitan llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas de manera mucho más rápida, menor onerosa e incluso amable, sin necesidad de ir a juicio.

Estos mecanismos alternos han ido evolucionando al paso del tiempo con el surgimiento de nuevos modelos como el de la mediación transformativa, el circular-narrativo o la mediación asociativa -creada por el doctor Jorge Pesqueira quien desde 1997 ha sido de los pioneros de la justicia alternativa en nuestro país-, para convertirse en una vía que, además de procurar el logro de acuerdos que resuelvan la controversia o conflicto, promuevan una mejor convivencia y la construcción de la cultura de paz en sociedades lamentablemente cada vez más violentas.

La justicia alternativa se fue institucionalizando gradualmente a nivel local desde finales de la década de los noventas con la aprobación de reformas legales que incorporaron estas figuras (sobre todo la mediación, y conciliación), el establecimiento de procedimientos y requisitos que deben cumplir las personas mediadoras, así como la creación de institutos ad hoc, pero en muchas ocasiones con criterios y estándares distintos entre cada entidad federativa.

Sin embargo, fue hasta la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008 cuando se reconocieron a nivel nacional al incluir que las leyes deberán prever mecanismos alternativos de solución de controversias así como que se privilegie la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales siempre que no se afecte la igualdad entre las partes y el debido proceso. Posteriormente en febrero de 2017 se otorgaron facultades al Congreso para expedir la “ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal” concediéndole un plazo de 180 días naturales que vencieron en agosto de ese año.

Aún a pesar de la necesidad de homologar criterios en todo el país mediante la expedición de una ley general a partir de la cual se deben armonizar las leyes y reglamentos locales, parece que como en tantas otras ocasiones, al Congreso no le corre prisa para analizar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas que se han presentado (entre las que se encuentran la del presidente Peña Nieto presentada en diciembre de 2017, así como de las y los senadores Luis David Ortiz Salinas de Movimiento Ciudadano, de Ricardo Monreal y 45 integrantes de Morena en julio de 2020, y la más reciente de Olga Sánchez Cordero apenas en enero pasado), pues lleva ni más ni menos que 6 años de retraso incurriendo en flagrante omisión legislativa.

En este contexto y, aunque no es difícil que el oficialismo acuse a la SCJN por interferir en los asuntos del poder legislativo que, desde que tienen mayoría lo consideran como intocable, la Segunda Sala de la Suprema Corte señaló al resolver una demanda de amparo que los artículos transitorios de un decreto de reforma constitucional forman parte integral de la Constitución pues en ellos se precisan los lineamientos transitorios para el funcionamiento de la norma, por lo que por unanimidad ordenó al Congreso que, atendiendo el principio de supremacía constitucional, proteja el derecho de acceso a la justicia y expida  la brevedad posible la ley general en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias que tanta falta hace, si realmente aspiramos a cuando menos intentar otras formas de relacionarnos, procesar los conflictos y acercar la justicia a la gente.