Cuando se tiene un paciente con cáncer, mal haría el médico si solo mide su temperatura. Y eso es justamente lo que ocurre cuando en política de seguridad las estrategias y decisiones se confeccionan a partir del Índice delictivo. Este indicador tiene un símil con el de Producto Bruto Per Cápita, que mide el valor corriente de todo lo producido en un país y lo distribuye entre el número de sus habitantes. Como no incluye las diferencias de ingreso, ahorro y activos económicos, ni los derechos efectivos de los que gozan las personas, es una medida que sirve para estimar la riqueza que produce un país, pero inapropiada para aproximarse a la condición de bienestar de su población.
El Índice delictivo en la jerga estadística se considera un proxi general de efecto que tienen la violación de la ley en un país. Es útil para hacer comparaciones de la observancia de la ley y la inseguridad de los bienes de lex ciudadanxs entre países, regiones, localidades. Sirve para diseñar estrategias de vigilancia y protección ciudadanas, pero dice poco del sustrato social y de las fuentes de la delincuencia, si no se cruza con otro tipo de información sociodemográfica y de la cohesión social.
Es también un indicador con sesgos o inexactitudes por diversas razones. Principalmente porque sabemos que algunos delitos como robos, secuestros, extorsión, así como los delitos sexuales tienen una abultada cifra negra. Otra razón es porque en el proceso de recibir las denuncias, las autoridades ministeriales no siempre se apegan a las normas y bajan el registro de algunos delitos, como es el caso de la violencia contras las mujeres.
Con frecuencia la información sobre Incidencia delictiva se afina con el indicador delitos violentos, que da una idea de cuántas de estas incidencias se realizan con el uso de diversos tipos armas y de esa manera apreciar de manera gruesa los riesgos que conlleva la inseguridad. Todas estas mediciones son útiles y necesarias para el manejo corriente de las políticas de vigilancia y prevención de los delitos comunes.
Como parte de los llamados “indicadores de cresta” la Incidencia delictiva es una especie de mojonera muy alta en la línea de la concentración de datos y abstraída, por tanto, de las contingencias y características del suelo o los lugares, los sitios concretos donde se producen los delitos. Abstraída por tanto de las relaciones entre los perpetradores y las víctimas de los delitos, estos indicadores están muy lejos de interactuaciones individuales, grupales y, del plexo de las relaciones y los contextos sociales donde se producen los delitos y la victimización; lejos de lo que algunxs autorxs llaman la ecología delictiva. Esta información que es vital para el desarrollo de estrategias situacionales de prevención del delito y para construcción de seguridad ciudadana, específica en cada lugar y momento (seguridad en el día y seguridad en la noche) requiere literalmente de un arsenal de información e indicadores sociodemográficos, económicos, culturales, urbanísticos incluso, que por desgracia ningún gobierno mexicano ha atinado a construir aún, para tener políticas de seguridad ciudadana más integrales, localizadas e incluyentes.
Pero cuando la inseguridad provocada por la criminalidad ha escalado, cuando controla territorios y contabiliza autoridades de su lado; cuando recluta masivamente jóvenes y niños en distintos tramos del proceso delictivo; cuando se asienta en una máquina de desapariciones, ejecuciones; ataca y desafía a las fuerzas públicas; cuando se incrusta en el tejido social y, moviliza comunidades a su favor; cuando se sobrepone o se hace juez y parte de los conflictos comunitarios, como sucedió en Colombia y está sucediendo en México, mantener las pantallas encendidas en la vigilancia de la Incidencia delictiva es ingenuidad, parquedad o, desconocimiento.
Si tomamos los datos de la incidencia delictiva, en efecto de 2019 a la fecha hemos observado un descenso de la inseguridad de 0.9 en 2019 a 15% a enero de 2022. Las bajas que reporta el SENSP en 26 entidades van de una caída de 83% en Yucatán a 6% en Guanajuato. Aunque en 20 entidades los delitos de Alto Impacto tienen tasas de incidencia de 200 a más de 700 personas afectadas por cada 100 mil habitantes.
Por tipo de delito, son los asaltos a transeúntes, los robos a vehículos y a negocios, los que más se han reducido. Es decir, se ha logrado reducir la delincuencia menuda, que ciertamente es el flagelo de lxs citadinos que van y vienen todos los días en sus actividades. Pero la línea de evolución histórica del Índice delictivo de 2000 a 2020 es una curva de ascenso con algunas bajas muy coyunturales. Específicamente en el periodo de 2019-2022 el tramo de la línea marca una pequeña meseta alta, con la punta hacia abajo, pero esta baja es solo un atisbo, nada que pueda emocionarnos y hacernos pensar que estamos “domando a la criminalidad”.
Porque frente a esta pequeña victoria, los datos en desapariciones, en fosas clandestinas descubiertas, en la multiplicación de cárteles y bandas criminales; los indicios de mayor penetración delictiva en las entidades y municipios nos hacen ver que el problema de fondo no solo sigue ahí, sino que ha crecido y se ha agravado. Un dato resulta revelador: en 2022, la tasa de delincuencia organizada alcanzó su nivel más alto registrado siendo origen de 167 delitos por cada 100 mil habitantes, siendo responsable del 80% de los homicidios con armas de fuego, frente al 40% que tenía en 2015, uno de los años con mayor incremento de homicidios. El Índice de Paz México 2023, de donde se toman estos datos (Disponible en http://visionofhumanity.org/resources) estima que el impacto económico de la violencia en México equivalente al 18.3 % del PIB en 2022, ha bajado entre 2019 y 2022 a tasas en 1 y 5.5% en estos tres años, pero implica un costo de casi 40 mil pesos per cápita. Un impuesto adicional para la economía y una fuente incalculable de dolor para quienes viven y sufren directamente la inseguridad de la criminalidad organizada.
Por eso pensamos que a la política de seguridad del primer gobierno de la 4T le faltan herramientas y bases de sustentación. Que el entramado institucional con el que se está enfrentando (básicamente los patrullajes de la Guardia Nacional y la Inteligencia militar) es insuficiente, parcializado, fragmentado, muy lejos de constituir un auténtico sistema de inteligencia y seguridad ciudadana. Que opera con información estadística y análisis también parcializada e insuficiente, que dejan totalmente de lado el análisis de las dinámicas empresariales y mercadológicas de las organizaciones criminales y los negocios ilícitos y, las redes y mecanismos, los agentes de los tramos diversos del proceso delictivo según delitos. Puede ser que tengan más información de la que se advierte en sus estrategias operativas y puede que sepan mucho más de las operaciones y los actores de los procesos delictivos, pero lo cierto es que se hacen decomisos, pero no aprehensiones. Puede ser que instrumentos como la inteligencia financiera detecten grandes operaciones de lavado, pero nunca hemos visto que agentes de la economía gris hayan sido detectados o detenidos.
Tampoco parece utilizarse la información o el conocimiento del contexto social, económico e institucional en los territorios donde se mueven las organizaciones criminales. No parece que cuenten con las redes de interacción entre autoridades y delincuentes, y tampoco se evidencia a partir de los operativos policiales, que se conozca cómo se activan los recursos que le dan combustible a las grandes y medianas organizaciones criminales. Por lo que todo parece indicar que estas herramientas no están incorporadas a los marcos de intervención de las autoridades, no solo para perseguir a los criminales en los caminos, sino fundamentalmente para evitar que continúe el proceso de arraigo de las organizaciones en los territorios sociales.
Una muestra de todo lo que obvia en el análisis de la inseguridad y la violencia social es el tratamiento del caso de Chiapas. Esta entidad, que es uno de los estados con más tejido comunitario en el país, se encuentra entre las entidades con más bajo Índice delictivo. (12.39) Pero hoy al piso social de la violencia intercomunitaria que es histórica en la entidad por diferencias múltiples (etnia, religión, litigios de tierras, oposiciones partidarias, diferencias políticas) se está sobreponiendo la operación de los cárteles, reforzando el paramilitarismo, el armamentismo, entre las añejísimas disputas intracomunitarias. Todo ello sumado al crecimiento de las adicciones, el narcomenudeo, el neo caciquismo urbano apoyado por bandas de jóvenes adictos armados y conectados por las nuevas tecnologías. Chiapas es hoy el territorio de todos los tráficos: de armas sofisticadas, armas de asalto, drones artillados, trasiego de drogas de los cárteles y bandas que trafican personas, especies, de arte sacro, de vestigios ancestrales, etc. Las autoridades locales y federales atestiguan estos fenómenos mientras mantienen la estrategia contra insurgente.
La situación actual está a punto de un desenlace de mayor violencia, con más muertes, más víctimas de desplazamiento por despojo, amedrentamiento y luchas por el control territorial, destrucción de pueblos, escuelas, clínicas. Pero eso no pinta en los datos de la incidencia delictiva, porque además se realizan en medio de los bosques y la selva.
Las herramientas de la política de seguridad para el combate de esta clase de delitos y actores dejan muchos recursos fuera. No hay estrategias que trabajen sobre terreno en materia de prevención y, las transferencias para las familias y jóvenes no detienen el alud de recursos que se generan criminalmente. Los niños y adolescentes son reclutados en cantidades crecientes para la comisión de diversos delitos. Los feminicidios y los delitos sexuales siguen creciendo. El sistema de justicia no camina (el gasto en el sistema de justicia penal fue igual al 0.6 % del PIB, el menor de cualquier país latinoamericano o de la OCDE). En 2022, el gasto en seguridad pública fue menor que en 2008. Además, el gasto en seguridad pública disminuyó un 29.7 % de 2019 a 2022, mientras que el gasto en el sistema judicial disminuyó un 14.6 % en el mismo periodo. México cuenta con 4.4 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, una cuarta parte del promedio mundial. Por lo que la impunidad cubre 90 de cada 100 delitos.
Nos sigue haciendo falta una estrategia integral, multisectorial, localizada para que la inseguridad no se profundice y acabe con los avances logrados en la primera etapa de la transformación. Estaremos pendientes de las propuestas que lancen los suspirantes a coordinadores de las diversas plataformas políticas que están preparándose para 2024 y las comentaremos aquí.