“Los sistemas de dominación actúan de manera interconectada, y cuando lo hacen, su forma de operar es mucho más densa, nociva y perversa”.
–Aura Cumes
Los “usos y costumbres” son usados como verdades para justificar la desigualdad entre mujeres y hombres o entre las personas de distintas razas, etnia, color de piel. La antropóloga maya Aura Cumes cuenta cómo fue a solicitar empleo en una sucursal bancaria; los empleados del banco se burlaron de ella; diciéndole, que estaban solicitando una recepcionista no una “sirvienta”, ella recién graduada y con certificado de secretaria. Estas creencias imperaban como leyes, negando el acceso a los espacios que no se consideran “normal” para mujeres, excluyéndolas de los espacios de toma de decisión y al ejercicio de sus derechos.
Aura Cumes considera que los diversos tipos de opresión por las que cualquier individuo se enfrenta van más allá de su sexo/género, sino también según otras razones de acuerdo con Kimberlé Crenshaw, a quien le debemos el término “interseccionalidad” y con el cual describió la opresiones simultáneas con las que se discrimina a las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos.
En 2023, en nuestro país, podemos hablar de paridad en todo y celebrar que es un mandato constitucional. Sin embargo, aún enfrentamos el gran reto de hacer realidad la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a puestos de representación política en los municipios, así como en los sistemas normativos indígenas.
Cómo olvidar lo que ocurrió en la comunidad nahua de Ocotequila, municipio de Copanatoyac en Guerrero en enero del 2022; donde se les negó a las mujeres el derecho al voto y participar como candidatas para la elección de la de Comisaría Municipal y cargos comunitarios utilizando el argumento que “por usos y costumbres” las mujeres no podían votan, fueron excluidas. La determinación de Antonia Ramírez Marcelino que interponiendo un Juicio Ciudadano Electoral ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que derivó en una sentencia TEE/JEC/004/2022 que resultó en que más de 800 mujeres indígenas nahuas de su comunidad de Ocotequila pudieran votar en la elección de la comisaría municipal.
Un claro ejemplo de los movimientos feministas de mujeres de los pueblos originarios, donde el análisis de género les está proporcionando la metodología para instrumentar la lucha por el bienestar de las comunidades; ya que ellas no sólo deben luchar por los problemas del patriarcado, sino que además a su lucha se añaden los problemas heredados del colonialismo y el clasismo.
En México, según el INEGI, la población de pueblos originarios representa el 13% de la población nacional, es decir 12. 7 millones de personas y el 83% de los municipios que habitan se encuentran en zonas de pobreza. Esto agrava la situación de las mujeres de las comunidades.
A pesar de que la participación política de las mujeres a nivel municipal y comunitaria es de gran importancia, porque es aquí donde se toman decisiones que impactan directa y constantemente la vida cotidiana de las personas, la autoridad municipal es el primer contacto para la ciudadanía con sus gobernantes. La participación de las mujeres en la política municipal es fundamental para garantizar que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en la toma de decisiones y en la aplicación integral de recursos.
Sin embargo, los números nos muestran que las presidencias municipales sólo son encabezadas en un 25.90% por mujeres, según el sistema de indicadores de género del instituto nacional de las mujeres de 2022, de los 2,471 municipios de México, sólo 525 mujeres son representantes del poder ejecutivo municipal.
Los datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral, con corte al 9 de mayo de 2023, da cuenta de un total de 291 personas sancionadas. De estas sentencias, 239 corresponden al ámbito municipal, es decir, el 72.87%. Factor que vislumbra los múltiples obstáculos que limitan seriamente la participación de las mujeres en la vida política y, particularmente, en el acceso y ejercicio de los cargos públicos sobre todo, a nivel municipal y comunitario.