En los archivos y juzgados de todo el país, se apilan cientos de miles de expedientes de casos en el olvido, cada uno, representa una persona encarcelada, muchas de ellas injustamente o, debido a la mala gestión de su proceso resultado de la inoperancia y corrupción reinante en el sistema judicial.
Muchos casos como el de Jacinta Francisco en el Estado de Querétaro, no contaron con la fortuna de la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos, para ejercer presión contra el sistema judicial y se hiciera justicia. Cierto, Jacinta está libre, pero de no ser por la presión internacional, su caso seguiría apilado en los escritorios de la impunidad y corrupción del “sistema de judicial mexicano”.
Diversos estudios apuntan a que los delincuentes menores y locales, buscan llenar los espacios cuando un grupo más grandes es desarticulado, de esta manera, los grupos y organizaciones delincuenciales, se van sucediéndose uno a otro debido a que saben, que podrán operar bajo la impunidad perpetuando así el sistema corrupto que los protege.
Dicho así, debemos comprender que la delincuencia, crimen organizado e impunidad, forman parte del sistema de corrupción imperante. Ejemplos de ello sobran. Arturo Durazo Moreno, exjefe de la policía del entonces Distrito Federal, había alcanzado un poder más allá de sus funciones pues operaba como si se tratará del jefe de la policía federal, sus alcances y contactos políticos, le permitían darse esas atribuciones y pensar, en la presidencia de la República. Cuando cayó el imperio del “Negro Durazo”, pasado un tiempo, aparecieron otros “líderes” de características similares. José Zorrilla Pérez y Genaro García Luna, fueron dos de ellos.
Pero la corrupción no es privativa de los gobiernos ni de la política, ni de los políticos, la iniciativa privada también ha jugado y juega un papel importante en los entramados de la corrupción. En 1994 Carlos Cabal Peniche huyó del país luego de haber sido inculpado de fraude bancario, al utilizar los recursos de los cuentahabientes de Banco Unión de Crédito, para hacerse autopréstamos, una forma descarda de fraude.
Cabal Peniche fue considerado, por las revistas de negocios más prestigiosas de su tiempo, uno de los empresarios más prominentes. En 2001 fue extraditado desde Australia a México, donde se encontraba prófugo desde 1994. Sin embargo, ese mismo año, el poder judicial lo exoneró de los cargos de fraude y quedo libre.
Pero dicen que la cabra tira al monte y en 2021 Cabal Peniche se vio envuelto en otro fraude ahora en contra de Crédito Real, debido al impago de un crédito utilizado para adquirir acciones de Radiópolis, operación que intento llevar a cabo junto con sus socios de Interjet. La opacidad y el mal manejo de los recursos, estuvieron apunto de llevarlo nuevamente a la cárcel.
Un caso más fue el de Jorge Lankenau Rocha dueño de la Casa de Bolsa Abaco quien fue acusado de defraudar a sus cuentahabientes por la malversación de fondos. Aunque fue encarcelado, también fue exonerado por los jueces luego de un pago compensatorio.
Otro caso similar, fue el de Oceanografía, empresa que prestaba diversos servicios a Pemex. La compañía fue imputada por falsear documentación para obtener créditos de Citibanamex, así como por tráfico de influencias, cargos imputados a su dueño Amado Yáñez quien fue apresado en 2014, para luego ser liberado bajo fianza en 2017.
El banco HBSC en México fue un caso más de corrupción. La institución bancaria fue señalada en una investigación de las autoridades de Estados Unidos, por la transferencia de dinero de procedencia del narcotráfico hacia la filial del banco en la Unión Americana. Las autoridades de la matriz en Londres, aceptaron la responsabilidad y resarcieron el daño con una multa pagada al gobierno de Estados Unidos por 1,900 millones dólares.
En todos los casos, el dinero consiguió exonerar a los imputados y en algunos ello, fueron restituidos sus privilegios empresariales. Como estos, existen cientos, quizás miles de casos a lo largo de todo el país en los que el poder del dinero, logra virar las resoluciones judiciales a favor, no sólo de grandes consorcios, también de empresas pequeñas y medianas de todos los sectores económicos.
El avance de la corrupción en todos los niveles, ha llevado a borrar en muchas ocasiones, la correcta impartición de justicia nublando la imparcialidad a la hora de emitir los fallos judiciales en casos como los aquí mencionados. Mientras que, los menos favorecidos económicamente, continúan esperando sentencia luego de 20 años de habar sido encarcelados. Coloquialmente decimos y aceptamos que la justicia en México está hecha para los ricos, pero eso, es corrupción.
Al menos una veintena de jueces y magistrados, han sido denunciados en los últimos años por estar implicados en actos ilícitos, como en el caso del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez quien fue vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, pero de esto, hablaremos en la próxima entrega.