El pasado martes el Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer la décima edición del Índice de Paz México, un esfuerzo que permite seguir las tendencias de las violencias y de la paz en nuestro país, tanto a nivel nacional como por estados.
De la valiosa información sistematizada en el documento sólo destacaré algunos datos sobre las tendencias entre 2015 y 2022.
En ese periodo la paz en México se ha deteriorado en 14.8 %, aunque ha mejorado 3.6% en los últimos tres años. Es decir, estamos muy lejos de alcanzar siquiera los ya de por sí bajos niveles de paz que teníamos en 2015.
La tasa nacional de homicidios aumentó en 63% de 15.1 a 24.5 muertes por cada 100,000 habitantes y la de delincuencia organizada en 64.2 % desde 2015, impulsada por un aumento del 149% de la tasa de delitos de narcomenudeo.
En la última década, México se ha convertido en un lugar altamente peligroso para los activistas sociales en defensa de los derechos humanos y ambientales. Ocupa el segundo lugar más mortífero en el mundo para periodistas. En 2022 un total de 403 policías fueron asesinados. Agregaría que un número creciente de sacerdotes son asesinados, 33 en la última década. El más reciente, el de Javier García Villafaña, cometido el lunes en Michoacán.
Desde mi óptica el tráfico de estupefacientes ha sido la actividad principal del crimen organizado en nuestro país. Lamentablemente, cambios importantes en la composición de la demanda de drogas en Estados Unidos producen mucha inestabilidad en las ganancias que recibe la delincuencia organizada. De un elevado consumo de mariguana, cambió a una mayor demanda de cocaína y a opiáceos sintéticos como el fentanilo, en los últimos años. Las drogas de diseño complejizan las posibilidades de participación en su producción y comercialización.
La política prohibicionista impuesta por el gobierno de Estados Unidos, conlleva la ilegalidad y a que las disputas entre grupos delincuenciales se diriman, con violencia.
Al ver reducidas sus ganancias, situados en la ilegalidad, con elevados niveles de impunidad y con una política de seguridad laxa, penetran y controlan crecientemente actividades económicas legales. Someten y extraen ingresos de productores y comerciantes por la vía de la extorsión, cobro de piso, control de proveedores y de las ventas.
Asimismo, expanden su actividad a otros delitos como la trata de personas, los desalojos para tomar tierras, bosques y fuentes de agua o la extracción ilícita de combustibles, minerales y especies animales, entre otros.
Es así como la población ha llegado a estar sometida, explotada y abusada por los cárteles y las bandas del crimen organizado. Sus actividades, además, están coludidas y protegidas por políticos, empresarios y militares que, con ello, acrecientan su riqueza y su poder.
En razón de esta gravísima situación, varias organizaciones de la sociedad civil han colocado como prioridad en sus agendas, la consecución de paz y la reducción de las violencias.