Durante los últimos días en el foro jurídico y en el mundo profano se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que nuestros máximos juzgadores sean elegidos por voto popular. Ya desde los antiguos griegos se discutía el papel de los jueces en la vida política y el gobierno, lo que demuestra que el debate no es algo necesariamente nuevo. Desde aquella época se decidió que la labor de juzgamiento debía permanecer separada de la política; y esto tiene una razón de peso: la política es un subsistema social que tiende a autorreproducirse por medio del poder y el Derecho, con una consecuente absorción de la labor de juzgar por parte de los políticos en la vida práctica. Dicha situación, lejos de fortalecer los valores de una auténtica democracia, empaña el fundamental rol del juez y vulnera principios que se encuentran en la ley, tales como la objetividad, imparcialidad y certeza jurídica. En otras palabras: un juez-político difícilmente podrá impartir justicia.
Otro aspecto que debemos considerar es que la labor de los jueces debe estar alejada, lo más posible, del dinero que no emane de su salario y prestaciones como servidores públicos. En el caso de la Suprema Corte, los ministros reciben, no lejos de críticas, emolumentos elevados con la finalidad de robustecer su labor jurisdiccional, premiar el intenso trabajo técnico y sobre todo, alejarles de la corrupción. Naturalmente, estas medidas resultarán infructuosas en un sistema donde la corrupción sea la normalidad. En nuestra opinión, poco a poco México ha tenido algunos triunfos en este rubro. Es decir, si bien existe corrupción todavía, por ejemplo a nivel de jueces locales, también es verdad que desde las esferas más elevadas donde se encuentran los ministros y magistrados federales, se ha buscado poner fin a la corrupción. El Consejo de la Judicatura Federal, ha desplegado enormes esfuerzos durante los últimos años en aras de acabar con esa lacra.
El problema es que a la mayoría de las personas les cuesta reconocer dichos esfuerzos; es común escuchar en la calle, en el transporte, o en las conversaciones de café, que todo el sistema mexicano está podrido, incluyendo los jueces al más alto nivel. Y eso se debe a que es más sencillo orientarse comunicativamente por un discurso previamente machacado que llevar a cabo un verdadero análisis. La información ahí está, al alcance de todos. Es verdad, que desde la revolución los jueces estaban al servicio de caudillos (en su mayoría delincuentes) y posteriormente se regían bajo la pauta del corrupto y asesino partido dominante (el PRI). Hoy, después de décadas de injusticia, las cosas son distintas. Aunque a mucha gente no le guste, todos los días en este país se imparte justicia: ¿lenta? Sí ¿perfectible? También.
No hace muchos años los jueces, incluso a nivel local, se concebían a sí mismos como un gremio de corte medieval, hermético, donde era imposible tener un acercamiento por parte del ciudadano que clamaba Y es ahí donde el dinero hacia su entrada en escena. El mundo de los jueces al ser en el pasado un sistema completamente cerrado (clausurado para las demás personas), permitía que el dinero fluyera a raudales. El grave problema, es que el dinero es un agente que puede ser altamente desestabilizador si se utiliza como vehículo para la corrupción y otros delitos. Ello será así mientras el dinero como medio de intercambio siga existiendo. Si los jueces fuesen elegidos por voto popular estos necesariamente tendrían que afiliarse a un partido para financiar sus campañas. Este fenómeno irregular a todas luces, habría de generar un enorme conflicto de intereses que redundaría en una completa anomalía de la labor judicial.
Lo que debe hacer el Derecho es crear filtros legales para que la corrupción no llegue a las decisiones judiciales. Algunos tratadistas describen el problema de la corrupción como una traición a la función eminentemente social de la función trascendental de juzgar.
En nuestro país contamos finalmente con un Tribunal Constitucional que es la Suprema Corte. Sus decisiones, además de resolver cuestiones propias del régimen fundamental, también son inherentes a un órgano de control político que funge como equilibrio de sí misma, pero sobre todo del poder legislativo y ejecutivo. Sin la vigencia de este papel trascendental de nuestro máximo tribunal, nuestra democracia en construcción (pero ya no en obra negra) correría riesgos de importante desestabilización; porque como decían Max Weber e Ikram Antaki “el poder es afrodisiaco”. Como ciudadanos debemos estar atentos a cómo opera el máximo tribunal y en general todos los servidores públicos del país. El panorama sigue siendo complejo pero también es apasionante, sobre todo si nos encontramos, según se dice, en un proceso de transformación nacional y de raíz.