El desmantelamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) avanza y la institución que velaba por los intereses de los causantes está cerca de su desaparición.
Además del grave ajuste de personal –en donde muchos empleados no recibieron finiquito ni las prestaciones mínimas de ley– la Procuraduría se mantiene sin titular desde hace poco más de cuatro años.
Hace unas semanas, se esparció el rumor de que la Prodecon se fusionaría con la Condusef, ambas con características y objetivos distintos. Sin embargo, lo más grave fue el cuestionado nombramiento de Armando Ocampo, como subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente y quien es el encargado de despacho.
La polémica surgió porque la designación la hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no obstante, el Estatuto Orgánico de la Prodecon, en su título tercero, capítulo primero establece que es facultad del titular de Procuraduría “nombrar y remover a los servidores públicos cuando se justifique plenamente”, lo cual evidentemente no ocurrió.
Incluso, la ilegalidad en el nombramiento generó reacciones por parte del sector privado. La Coparmex y el Consejo Empresarial Mexicano alertaron por la invasión de facultades en que incurrió el Ejecutivo y adelantó la promoción de un juicio de amparo, a fin de anular la designación de Ocampo, quien fue titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) y cuestionado por omisiones e insensibilidad con los familiares de los que fallecieron en el colapso en la Línea 12 del Metro.
Lo preocupante es que mientras concluye su proceso de extinción, iniciaron el despido de directores y subdirectores de área –ya habían liquidado a los subprocuradores– y designan a personal con nula experiencia en materia fiscal.
Lo que es una realidad es que cada vez se aleja más la posibilidad de nombrar al titular de la Prodecon, ya que el Ejecutivo debe proponer a una terna y el Senado tendría que elegir al candidato más competente y que cumpla con los requisitos para ser Procurador.
Banamex, en medio del huracán
El proceso de venta de Citibanamex al magnate minero Germán Larrea se vio empañada por la decisión del gobierno federal de tomar las vías Ferrosur, propiedad del segundo hombre más acaudalado del país.
Una vorágine de especulaciones respecto a la compra del negocio minorista del gigante estadounidense generó incertidumbre alrededor del acuerdo. Por un lado se afirmó que Larrea se desistía del convenio con Citibanamex por falta de seguridad jurídica atribuyéndole una cita textual: “No voy a pagar 7,000 millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar”.
Sin embargo, minutos después se aclaró que las negociaciones se mantienen y que continuarían abiertos al diálogo para solucionar el tema de Ferrosur. Así que como lo reiteramos en este mismo espacio, todo puede suceder.
Agilizan choques lamineros
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) se anotó una palomita. Después de meses de negociaciones con el gobierno de la Ciudad de México, en particular con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Movilidad, se acordó modificar el artículo 54 del Reglamento de Tránsito, a fin de agilizar las acciones posteriores a un choque y que los vehículos se puedan mover del lugar del incidente.
Esto aplicará siempre y cuando no haya heridos o fallecidos, que no haya daños en bienes públicos o que alguno de los conductores esté bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente. Si ocurre alguno de estos supuestos, el auto debe permanecer en el lugar exacto del choque.
Nos cuentan que con esta modificación se evita poner en riesgo a las personas que esperan a sus seguros en vías de acceso controladas o primarias. También se busca reducir los embotellamientos o el tránsito vehicular lento después de un percance vial.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 80% de los choques en la Ciudad de México son conocidos como “lamineros” ya que no hay personas lesionadas ni hay daños en los bienes públicos.
Así las cosas…