Nos acercamos al inicio del final del gobierno de López Obrador, un sexenio que estará marcado por un gran número de vicisitudes, unas propias del gobierno y otras que escapan a su potestad; sin embargo, una de las principales cruzadas de la 4T, habrá quedado inconclusa. La lucha contra la corrupción.
Con estas entregas, no tenemos la intención de excusar nada ni a nadie, lo que pretendemos, es mostrar un panorama más amplio de lo que es y lo que significa la corrupción con el único objetivo de entender más sobre este fenómeno social que, representa una amenaza endémica para México.
Combatir la corrupción es mucho más complejo de lo que aparenta, sobre todo cuando este cáncer social, penetró ya todos los niveles y segmentos de la sociedad. Es difícil apuntar en una dirección que no haya sido alcanzada, tocada y manipulada por el poder de la corrupción. América Latina en su totalidad, padece este mal endémico que impide a los países de la zona, superar sus rezagos económicos, políticos y sociales.
Los hechos de corrupción son innumerables, pero algunos, son más significativos que otros. Parece haber quedado en el olvido, el asesinato del periodista Manuel Buendía hace ya casi 40 años. El homicidio quedó registrado como la primera ejecución del narcotráfico contra uno de los analistas más agudos y críticos del contubernio gobierno-narcotráfico.
Buendía había documentando y denunciado en muchas ocasiones la relación de funcionarios públicos y políticos de todos los niveles de gobierno con personajes como Ernesto Fonseca “Don Neto”, Rafael Caro Quintero y con el mismísimo jefe de jefes Miguel Ángel Félix Gallardo.
José Zorrilla Pérez entonces director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue imputado años después como el autor intelectual del homicidio ocurrido el 30 de mayo de 1984 cuando Manuel Buendía, fue ejecutado a plena luz del día en la intersección de las calles de Hamburgo e Insurgentes. El autor material, Rafael Moro Ávila agente de la DFS, dijo haber actuado bajo las órdenes del jefe máximo de la corporación, la cual desapareció en 1985 para dar paso al CISEN.
Durante las elecciones presidenciales de 1988, se perpetró lo que para muchos fue el mayor acto de corrupción contra la democracia cuando, se “cayó” el sistema de contéo de votos en la Comisión Federal Electoral que estaba a cargo de Manuel Bartlett quien, por cierto, era titular de gobernación en 1984.
La caída del sistema, marcó el inicio del amasiato entre el PRI y el PAN, que dio paso al hoy llamado PRIAN. Diego Fernández de Ceballos, encabezó el contubernio del PAN con el partido que, por muchos años, fue su opositor político. El llamado “jefe Diego” utilizó su posición como legislador y las lagunas legales existentes para actuar como abogado representando a empresas como Peñoles, Jugos del Valle y Altos Hornos, entre otras, para litigar contra el gobierno obligándolo a devolver los impuestos retenidos a sus clientes quienes, consideraron un “abuso de poder” por parte del gobierno.
El despacho de abogados del jefe Diego, donde por cierto también ejercían Fernando Gómez Mont quien fue secretario de Gobernación y Arturo Chávez Chávez quien fuera titular de la PGR, ganó cada litigio obligando al erario público a regresar en su conjunto a estas tres empresas, más de 1,200 millones de pesos, justo cuando iniciaba el gobierno de Vicente Fox.
En el año 2000, el Subsecretario de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) Raúl Ramos Tercero “se quitó” la vida en la Marquesa ante el escándalo que lo relacionaba con Ricardo Miguel Cavallo director del Registro Nacional de Vehículos (Renave), quien tenía una orden de extradición solicitada por las autoridades de España que lo acusaban de falsedad de documentos, tortura, genocidio y desapariciones forzadas durante la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983.
Ramos Tercero, estaba a cargo de la operatividad del Renave dentro de la SECOFI. El caso tenía una clara implicación de corrupción pues el registro vehicular, le daría a su titular la potestad sobre el manejo información personal de millones de mexicanos.
En cada hecho mencionado, hubo indiciados, sin embargo, en todos los casos, el denominador común fue la corrupción y la reinante impunidad.
Los anteriores, no son todos ni tampoco los actos más escandalosos de corrupción en México. Son apenas un atisbo de la cloaca que da forma al ecosistema de corrupción en nuestro país, donde el poder judicial, ha dejado evidencia de su incompetencia para impartir justicia. Como en el caso de Jacinta Francisco Marcial, originaria de Mexquititlán, municipio de Amealco en el Estado de Querétaro, quien estuvo presa tres años por presuntamente haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, pero de esto, hablaremos en la siguiente entrega.