Como si de un acto de buena fe se tratara, el gobierno de Miguel de la Madrid lanzó su cruzada anticorrupción bajo el lema: “La corrupción somos todos”. No se sabe a ciencia cierta si fue un acto de concientización ciudadana o de plano fue una anhelante profecía.
La corrupción cabalga rampante por todo el país de la mano de la impunidad, esto debería preocupar a toda la pléyade de opinadores, analistas y periodistas serios cuando nos encontramos noticias que revelan que, durante los últimos cuatro años, al menos un centenar de jueces y magistrados han sido señalados de estar coludidos con el crimen organizado.
Aún más escandaloso debería de ser cuando nos enteramos que, al menos dos o tres de ellos, logran ser vinculados a proceso. ¿todos deberían ser culpables? No, quizás no, pero es difícil establecer la imparcialidad y transparencia de los procesos contra quienes gestionan la impartición de la justicia cuando son señalados por contubernio con el crimen organizado. Eso es corrupción.
En ese arte de retorcer la justicia, nos encontramos con que cualquier imputación o investigación contra presuntos corruptos, como primer argumento en su defensa es que sufren persecución política. El asunto es que, además de escudarse en la impunidad, ponen tierra de por medio huyendo para evitar la cárcel alegando la violación del “estado de derecho”. Ricardo Anaya, Emilio Lozoya, Carlos Salinas y Christian Von Roehrich entre otros, se han refugiado bajo este argumento.
Entonces ¿todos los magistrados y jueces son corruptos? Seguramente no, pero sin una revisión profunda sobre el funcionamiento del poder judicial y la impartición de justicia, la sombra de la corrupción seguirá pesando sobre los hombros del sistema judicial mexicano.
El llamado cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez es una muestra de la corrupción e impunidad que se extiende más allá de la Ciudad de México, insertándose en ciudades donde el “boom inmobiliario” ha dejado tras de sí, cientos de quejas y denuncias contra las empresas constructoras por despojos y abusos, ante los que el poder judicial, parece hacer mutis mientras que las obras continúan. Eso es corrupción.
Los más de 700 casos de mujeres desaparecidas y asesinadas conocidas como “las muertas de Juárez”, el descubrimiento de más de 20 mujeres sin vida en los canales de aguas negras en Ecatepec en 2014, así como el asesinato de Marisela Escobedo a las afueras del palacio de gobierno de Chihuahua, madre de una de las desaparecidas de Ciudad Juárez, junto al asesinato de Digna Ochoa, componen una cadena de corrupción en donde reina la impunidad.
Las cifras difieren, pero según las autoridades, en lo últimos 20 años México registra más de 100 mil desaparecidos 60% hombres y el resto mujeres. Masacres como las de Acteal y Ayotzinapa, también son casos que están bajo el amparo de la corrupción y la inoperancia del sistema de seguridad y justicia que encarnan la impunidad.
Las principales vías de movilidad vehicular por todo el país, especialmente en las zonas conurbadas del Estados de México, simplemente son intransitables debido al abuso y extorsión que ejercen los elementos policiales y judiciales que “montan retenes” violando y torciendo las leyes contra transportistas y conductores particulares. Eso es corrupción.
Los llamados viene-viene que se han apoderado de las calles para cobrar derecho de piso para que, los particulares puedan estacionarse en la vía pública es un acto de corrupción que las autoridades han obviado por décadas. Lo mismo están en zonas céntricas que a las afueras de centros de espectáculos y alrededores de tianguis sobre ruedas y mercados públicos.
El suministro de medicamentos al sector público, también ha sido botín de la corrupción por décadas, cientos de denuncias sobre la malversación de recursos y medicamentos están apilados en alguna oficina de gobierno. El otorgamiento de concesiones para la construcción de obras públicas, también está lleno de nombres y empresas que han burlado a las autoridades y la ley con actos de corrupción.
Escuelas, academias, centros de arte o investigación, sindicatos públicos y privados, así como los sistemas de salud, también han sido cooptados por las redes de la corrupción. Muchos de los casos mencionados a lo largo de estas tres entregas, han sido enterrados por la desmemoria, la corrupción y la impunidad.
A casi poco más de 18 meses de terminar la actual administración, nada a cambiando en ese sentido y para estos momentos, de más está enfrascarse en discutir sobre qué gobierno fue más o menos corrupto que otro, dilucidar grados de culpabilidad en las mesas de análisis está demás.
Lo que urge es trazar acciones que permitan contrarrestar la influencia del sistema de corrupción que se ha enquistado en todos los sectores económicos y sociales del país. El problema va más allá de partidos, colores e ideologías, y querer ganar la lucha por separado, sólo propiciará que el sistema corrupto se refuerce y se perpetúe.
Decirlo en estas líneas es fácil, encontrar la fórmula para contrarrestar la corrupción no es cosa fácil, es una lucha en la que se debe combatir al mismo tiempo la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción pública y privada a todos los nivele y cargos, es una lucha que costará mucho en términos económicos y sociales, pues a nadie, ni ricos, ni pobres, delincuentes comunes u organizados, les gusta que se trastoquen sus intereses y cotos de poder, pero no intentarlo y sobre todo no actuar para intentarlo, habrá hecho realidad la profecía de Miguel de la Madrid. “La corrupción somos todos”.