En mayo de 2022, México alcanzó un "oscuro hito" con más de 100,000 personas desaparecidas. Actualmente, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO) del 1 enero de 1964 al 10 de mayo de 2023, se tiene un registro de 98 mil 129 personas desaparecidas y no localizadas: el Estado de México, Jalisco y Tamaulipas son las entidades federativas en las que se registran el mayor número de casos. En esta coyuntura, según ha advertido la Comisión Nacional de Búsqueda, nuestro país se encuentra viviendo una crisis en materia de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar. Por su parte el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, a través de su Informe sobre su visita a México, publicado en mayo de 2022, concluyó que, el preocupante estado de impunidad estructural favorecía la reproducción y el encubrimiento de este lastimoso fenómeno.
Las desapariciones de mujeres y hombres en México han dejado una profunda herida en miles de familias y en la sociedad mexicana. Este fenómeno, no sólo lastima a las personas víctimas, a quienes se les niegan todos los derechos humanos. La desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares violenta a las víctimas y a sus familias, y en el plano colectivo, genera un sentimiento de inseguridad que alcanza a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres ha manifestado su preocupación por la cultura de la impunidad en esta práctica, pues además de agravar el sufrimiento y la angustia de las familias, se considera que la impunidad podría vincularse con el aumento en la probabilidad de que se produzca un mayor número de casos. Por lo que, instó a avanzar hacia la rendición de cuentas y garantizar el derecho de las familias y las sociedades para conocer la verdad sobre lo ocurrido.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) estamos convencidos de que, el acceso a información fiable, oportuna y de calidad es clave para la rendición de cuentas, para el acceso a la justicia, y la verdad. En casos relativos a desapariciones, se ha considerado que contar con información y tener acceso a los expedientes que conforman la investigación de estos hechos son esenciales para la memoria de las víctimas, así como para la justicia para sus familias y la sociedad. Además, como Pleno nos hemos pronunciado a favor de transparentar la investigación y la actuación de las autoridades, pues ello brinda certezas a las familias y a la sociedad mexicana, hace posible la evaluación del desempeño de las autoridades, y consecuentemente mayor rendición de cuentas. Convencidos de ello, el INAI ha trabajado a favor de la apertura de la información sobre violaciones graves a los derechos humanos.
En estas líneas me gustaría compartir que, en enero del año 2019, puse a consideración de mis colegas del Pleno del INAI una inconformidad de una persona que solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) diversa información y documentación que diera cuenta de sus informes y recomendaciones sobre la cifra de cadáveres sin identificar y el hallazgo de 237 restos humanos en un tractocamión en el Estado de Jalisco. La CEAV entregó una nota de antecedentes sobre el caso y las acciones que realiza, pero manifestó que no había recibido información del Gobierno de Jalisco, y que tampoco había elaborado informes o recomendaciones. La persona solicitante recurrió al INAI que, tras el estudio y análisis, resolvió instruirle a la Comisión Ejecutiva a realizar una nueva búsqueda de la información.
En ese caso en específico, en el que se solicitó información diversa sobre desaparición de personas y fosas clandestinas, es importante subrayar los siguientes puntos: en la resolución se consideró que contar con información fidedigna era importante para analizar la actuación de los servidores públicos, además para sumar a las políticas públicas del gobierno para actuar frente esta lastimosa práctica. Asimismo, se advirtió que, el hallazgo de fosas clandestinas es información de interés público pues contribuye a la búsqueda de personas desaparecidas.
En ese sentido, debemos también considerar que, el INAI no es una instancia de investigación que conforme expedientes y sancione estás prácticas. No obstante, la labor incansable de mis colegas del Pleno y las mujeres y hombres que integran la Comunidad del INAI aboga por los derechos humanos de todas y todos. Somos el instrumento ciudadano, que acompaña a las personas en sus necesidades de información, una instancia que ha garantizado su derecho a saber sobre las acciones y resultados de sus autoridades. Al contribuir con transparencia y la garantía del derecho a la información, nos acercamos a la verdad y reducimos las posibilidades de impunidad: un paso necesario para la justicia y la no repetición de estas lastimosas prácticas.