Con el objetivo de presionar para obtener un mejor precio para sus cosechas de maíz y trigo los productores organizados de Sinaloa bloquean desde hace varios días la salida de gasolina en varias instalaciones de Pemex. Parece inminente una escasez de combustible que podrá afectar todo el transporte y con ello de hecho todas las actividades de esas regiones.
Se trata de protestas anunciadas desde hace meses como manera de presionar para que el gobierno regule los precios del trigo, maíz y sorgo. Se han sumado grupos de productores de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas
Los productores señalan que los industriales no les pagan un precio justo; quieren pagar el precio fijado en la bolsa de Chicago ahora que es bajo, pero se negaron a pagarlo cuando era alto. Quieren que el mismo precio de garantía ofrecido para 1.8 millones de toneladas de maíz y trigo de Sinaloa, también se aplique al total de los 5 millones de toneladas de producción de este año.
El gobernador de Sinaloa pidió a los productores retiren los bloqueos y acudan a una audiencia programada con el secretario de gobernación mañana lunes. Los productores desconfían. Señalan que durante meses se les ha negado toda interlocución y que desde el gobierno están dejando pasar el tiempo porque ya tienen que trillar. Dado que no tienen instalaciones de almacenamiento propias al momento de levantar la cosecha se verán obligados a vender al precio que les ofrecen los bodegueros.
Podría pensarse que una reunión con el secretario de gobernación, sin la presencia de quien maneja el presupuesto, el secretario de Hacienda, no augura una resolución favorable.
No es solo un asunto regional, lo que ocurre en Sinaloa no es sino la punta del iceberg. Estos productores tienen capacidad de organización y movilización, y aun así no logran hacerse oír. El grueso del iceberg, la parte oculta del problema está mejor representada en el hecho de que este país se ha convertido en un gran importador de maíz, más de 17 millones de toneladas en 2022.
Es un problema de todo el medio rural y se asocia a una estrategia de desarrollo nacional que abandonó al campo desde hace décadas. Hasta hace unos años los productores comerciales del norte, los que cuentan con las mayores inversiones publicas en infraestructura y el mayor avance tecnológico eran privilegiados. Luego, en esta administración, se han sumado al resto de los abandonados. Se cerraron los apoyos a la comercialización y más recientemente al financiamiento.
Durante años la olla de presión que es el campo tuvo como válvula de escape la emigración a las ciudades y, en particular, a los Estados Unidos. Eso dio lugar a formas de empleo formal e informal que no retribuyen ni siquiera lo suficiente para la alimentación de la familia, lo dice el CONEVAL; a la emigración de millones fuera del país, a la destrucción de las familias y la cohesión social en comunidades y ejidos. Un desastre no atendido pero que ahora que se cierran las puertas a la emigración y que nos llegan migrantes de Centroamérica e incluso de países muy alejados, urge resolver.
Solo en el medio rural será posible una transformación que permita retener e incluso incluir productivamente a millones de ciudadanos a un costo relativamente bajo. Generar un empleo urbano industrial competitivo a nivel global, tipo empresa de Elon Musk, tiene un costo enorme. Movilizar a la población rural para, con el apoyo del gobierno, hacerse cargo de si misma es la única opción viable.
Lo esencial es que la producción rural sea rentable, lo que requiere de la combinación de las siguientes estrategias, todas o algunas de ellas.
Los productores rurales requieren una moneda competitiva, es decir barata. El abaratamiento irresponsable del dólar les pega fuerte a los productores. No es lo mismos que a los importadores de granos les cueste 17.80 el dólar a que les cueste poco más de 20 pesos.
La brecha tecnológica entre la agricultura mexicana y la globalizada se amplia en lugar de reducirse. Esta brecha debe cubrirse con subsidios a la producción interna, con un alto costo para el gobierno. Podría por otra parte establecerse un arancel a las importaciones que proteja a la producción nacional al mismo tiempo que le rinda ingresos al gobierno; los que podrían emplearse en promover el avance tecnológico en el campo.
Al respecto hay polémica. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, sostuvo que el 1 de mayo el Presidente López Obrador instruyó establecer un arancel a las importaciones de maíz blanco de países con los que no tengamos un acuerdo comercial para evitar afectar a los productores. Esto fue en respuesta a que la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro afirmó en su cuenta de Twitter que no se impondrán aranceles al maíz y el gobierno impulsa una política de cero aranceles para apoyar a la economía popular.
Tal polémica es fundamental en la definición de la estrategia económica. O se apoya a los productores y al conjunto de la economía rural en una labor de largo plazo que genere bienestar desde la producción. O se beneficia a los consumidores abriendo al máximo las fronteras y abaratando al dólar, aunque se siga destruyendo la base productiva del país. ¿es que la globalización radical y el sacrificio del campo son la respuesta? Tal vez en el corto plazo, pero no en una visión de largo plazo.
Tal vez podamos encontrar otra salida. Apoyar a los pobres con las actuales o incluso más transferencias sociales, que ya benefician a la mayoría de las familias, pero administrar estos beneficios de tal manera que en lugar de traducirse en la compra de importaciones en los grandes corporativos comerciales, se conviertan en compras de productos nacionales, regionales e incluso locales. Tal estrategia levantaría rápidamente la producción interna, de productores medianos y pequeños, generando empleos y arraigando a la gente en el medio rural y los barrios de las ciudades.
Favorecer unilateralmente el consumo de importaciones puede ser fatal en el mediano y largo plazo; ya nos ocurrió antes. Apoyar decididamente el bienestar social y, a la vez, el consumo de productos nacionales sería una manera de promover un desarrollo desde abajo. Necesitamos que el costo social, que se incrementa en la medida en que no hay empleo, hay carestía y hay protestas, no obstaculice la evolución de los sectores globalizados. Nuestra paz social, e incluyo el combate a la violencia, requiere un desarrollo rural sobre la base sólida del incremento de la producción interna; no el mero apoyo al consumo importado que termina siendo autodestructivo.