La decisión que tomó este lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la cual invalidó en su totalidad la primera parte del denominado Plan B que corresponde a las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas aprobadas por el congreso federal el pasado mes de diciembre, tiene una gran relevancia por el precedente que sienta, pero también preocupan las reacciones del oficialismo.
Lo que determinó la SCJN fue que para la aprobación de leyes, las y los legisladores deben cumplir con el procedimiento legislativo establecido en la Constitución y en los reglamentos de las cámaras del congreso, observando el principio de democracia deliberativa y respetando los derechos de las minorías -este criterio lo ha sostenido cuando menos desde 2007 y como ejemplo están las leyes de telecomunicaciones y de seguridad interior-, lo que notoriamente no ocurrió en este caso y en otros que habrá de resolver próximamente.
Recordemos que, el mismo día en que se discutió y desechó en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma constitucional del presidente López Obrador para desaparecer al INE por no alcanzar la mayoría calificada, se presentaron y votaron otras dos iniciativas que modificaban más de 450 artículos en cinco leyes así como la expedición de una nueva ley general de medios de impugnación en materia electoral sin que se turnaran a comisiones para su análisis, no se justificó el trámite de urgente resolución y de hecho ni siquiera tuvieron tiempo para cuando menos leerlas violando flagrantemente el proceso legislativo y convirtiéndose en mera oficialía de partes del poder ejecutivo, además de que muchas de las modificaciones eran inconstitucionales como lo señaló en su momento el mismo presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado.
Para no caer en falsos discursos, la SCJN no discutió si le parecían bien o no las reformas aprobadas por el poder legislativo ni mucho menos invadió su competencia como absurda y engañosamente señaló la consejería jurídica de presidencia. Simplemente cumplió con su obligación de revisar que estas se apegaran a lo que dicta la Constitución y que se cumpliera con las normas procedimentales, y el mensaje que manda con su resolución es muy claro: las mayorías no pueden hacer lo que quieran pasando por encima de la Carta Magna así como de sus propias reglas y atropellar a las demás expresiones políticas que también tienen una representación ciudadana. Lo que se puede esperar es que también se declare la invalidez de la segunda parte del Plan B que comprende sobre todo la legislación electoral, ya que fue aprobada exactamente en los mismos términos, e igual suerte podrían correr las alrededor de 20 reformas a diversas leyes que desahogaron en unas cuantas horas en ambas Cámaras al cierre del último periodo de sesiones que concluyó este mes de abril.
Aunque no sorprende, si es muy grave el embate presidencial -por ende de todo el aparato y particularmente de quienes con tal de agradar al gran decisor para sus aspiraciones son capaces de lo que sea-, que no ha escatimado en adjetivos denostativos a las y los integrantes de la Corte, evidenciando una vez más que, sin importar razones, quien no se pliegue a sus decisiones es considerado como enemigo.
Ya amenazaron con iniciar juicio político a las y los ministros que votaron a favor ejerciendo ni más ni menos que sus facultades de control constitucional -al igual que sucedió en el caso de las y los consejeros del INE-, anunciaron que presentarán una reforma al poder judicial para que sean electos por voto popular y seguramente de paso disolver la actual integración y, sabiendo que en este momento no les alcanzan los números advirtieron que en 2024 van con todo para obtener la mayoría calificada en el congreso y así poder eliminar sin ningún reparo los contrapesos institucionales que tanto les molestan con lo que regresaríamos a los tiempos de la concentración absoluta del poder en una persona, al país de una sola voz.