Las conquistas feministas en materia de participación política no podrían concebirse sin la organización de las mujeres para hacer un frente común a fin de reclamar su participación en la vida pública, independientemente de la fuerza o corriente política a la cual pertenezcan.
En este contexto, la organización de ciudadanas identificada con el nombre “Plataforma Política de Mujeres” y/o “AÚNA” solicitó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el reconocimiento jurídico para la realización de procesos de acompañamiento de liderazgos femeninos, antes, durante y después de las elecciones, a fin de que sean presentadas como posibles candidaturas a los partidos políticos.
En la sesión del Consejo General del INE celebrada el pasado 30 de marzo, se nos propuso rechazar esta solicitud, al considerar que la figura que pretende constituir no se encuentra prevista en la legislación existente, ya que únicamente reconoce a los partidos y agrupaciones políticas, así como a las candidaturas independientes. Asimismo, se adujeron argumentos relativos a la fiscalización de los recursos que utilizaría la organización.
Desde luego mi voto fue en contra de dicha propuesta, pues desde mi punto de vista, a pesar de la falta de reconocimiento expreso en la legislación, sí es posible reconocer a dicha organización para la realización de las actividades antes referidas.
Afortunadamente, la propuesta fue rechazada por 7 votos, con el fin de realizar mesas de trabajo a las cuales asistieran las áreas del INE involucradas en el tema, así como la organización solicitante, con el fin de definir las vías legales para su participación; entre ellas, la fiscalización de los recursos.
Mi postura tiene como punto de partida el hecho de que se trata de una organización de ciudadanas regidas por el principio de legalidad, de acuerdo con el cual las y los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido, a diferencia de las autoridades, quienes solo pueden hacer lo expresamente normado. Por esta razón, la falta de regulación de la figura pretendida no puede ser razón para negar la petición.
Pero, además, en el caso se trata del ejercicio de derechos humanos, tales como el derecho de asociación en materia política, en relación con el principio de igualdad, en su vertiente material o sustantiva, así como el principio constitucional de paridad de género; razón por la cual, con base en una interpretación que amplíe esos derechos, es posible acoger la petición.
Sobre todo, porque la finalidad perseguida por los principios referidos no es solamente la participación de las mujeres en términos numéricos o paridad cuantitativa, pues también se requiere que sea cualitativa o sustantiva, esto es, que las mujeres que lleguen a cargos públicos impulsen desde ahí políticas públicas en favor de las mujeres, que reviertan las condiciones de discriminación prevalecientes; lo cual es una de las finalidades perseguidas por la organización.
Por tanto, se trata de una actividad constitucionalmente relevante que requiere reconocimiento, sobre todo porque este impulso desafortunadamente no se observa al interior de los partidos políticos, que serían el cauce natural para la realización de estas actividades.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el diseño institucional que creó a los partidos y agrupaciones políticas en 1996 no es el mismo que actualmente prevalece, pues desde 2011 se reconoció el principio de progresividad en la interpretación de los derechos humanos, así como en 2014 el principio de paridad de género en la conformación de la representación nacional.
El reconocimiento de la organización solicitante se enmarca en la necesidad de dinamizar las vías que tradicionalmente se han establecido para el ejercicio de los derechos políticos y electorales, a fin de dar cabida a una ciudadanía cada vez más activa y exigente, que reclama nuevas formas de participación, con el fin de lograr una representación política más justa y equitativa.