La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de trasladar diversos aspectos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, se decidió que va en contra de la Constitución que los militares tengan a su cargo el control operativo y administrativo de las organizaciones dedicadas al cuidado de la seguridad pública.
Mientras que para la mayoría de las y los ministros resultaba evidente que dar a los militares el control de la Guardia Nacional era una militarización de facto, el ministro Arturo Zaldívar argumentó una posición en contrario que bien merece un comentario.
Desde su perspectiva, no existía tal militarización ni violación constitucional porque el mandato de Guardia Nacional no se acercaba a los propósitos de ‘acabar con el enemigo’, esencia de los objetivos militares para la protección de la seguridad nacional. Así, que la Sedena tuviera como encargo la operación de la Guardia, siguiendo una estrategia delineada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no vulneraba la esencia civil de la organización, aun y cuando ésta estuviese integrada, operada y administrada en su totalidad por miembros militares.
Hasta aquí, uno podría tomar posición de si la militarización está asociada a los propósitos asignados a la corporación (visión Zaldívar) o en materialidad práctica de quien mueve sus efectivos (visión de la mayoría). Sin embargo, el ministro en cuestión fue más allá: sugirió que la Secretaría de la Defensa Nacional es de naturaleza civil. Y es ahí donde la cosa se pone laberíntica.
Según Zaldívar, tanto la Sedena como la Secretaría de Marina son civiles porque forman parte de la Administración Pública Federal, a cargo del presidente (quien es también hoy un civil, aunque no siempre ha sido así), y son distintas al Ejército, Fuerza Aérea, y Armada, pero el ministro no explica por qué. Si seguimos esta argumentación, si la Sedena y Marina son civiles, ¿en dónde quedan los militares? O más bien, ¿qué distingue lo militar de lo civil? La Constitución no dice qué es lo militar, y tampoco describe qué es Ejército, Fuerza Aérea o la Armada.
Es en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley de la Armada de México, en donde se encuentra que estas son instituciones militares armadas de carácter permanente para proteger a la nación. El detalle: es que ambas instituciones están subordinadas, primero, al Mando Supremo, que es el presidente de la República y, segundo, a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina, quienes son el Alto Mando. A esto se suma otra Ley Orgánica que otorga a la Sedena el mando del Ejército y a la Fuerza Aérea, y a la Secretaría de Marina, la Armada.
Y es ahí en donde la argumentación de Zaldívar se hace muy difícil de sostener: si las instituciones militares son administradas por Secretarías que también tienen función militar en tanto que forman parte de la ley orgánica de las primeras, entonces intentar separar la esencia de una u otras no hace sentido. Por tanto, ni la Sedena ni la Marina pueden renunciar a la naturaleza militar por las cuales fueron creadas, menos cuando para el Secretario de la Defensa la ley misma dispone que se debe ser un General de División.
Al final, no hay lugar para los enredos: los militares están en la Sedena y la Marina. Argumentar lo contrario, implicaría negar su propia existencia.