Cada vez se tienen más pruebas de los límites de los partidos políticos para asumir principios propiamente democráticos. Al margen del destino de intentos de reforma al ámbito jurisdiccional electoral, que a pesar de cambios que pretendidamente matizarían sus alcances pudieran no pasar la aduana de una impugnación sobre su inconstitucionalidad, este posicionamiento partidario deja en vilo la concreción de un proyecto de unidad para contender contra el bloque hoy mayoritario en las próximas elecciones presidenciales.
La difícil unidad
Ya se conocían las tensiones que retrasan y amenazan con hacer encallar los esfuerzos por definir una candidatura unitaria de partidos opositores que sumase de alguna manera a las organizaciones de la sociedad civil. De los intentos abusivos de algunos ciudadanos pretendidamente independientes por lograr un trato paritario, se pasó a la incapacidad de lograr una coalición de cuatro institutos —que ha quedado sólo en triada—, hasta llegar a evasivas y restricciones marcadas por algunos de los partidos que se coaligarían para dar espacio a las organizaciones de la sociedad civil, cuyo peso real mostrado en las exhibiciones de músculo que fueron las concentraciones de noviembre y febrero pasados no acaba por ser reconocido, al margen del cuestionamiento sordo a sus fuentes de financiamiento y al anonimato formal que en ciertos casos tienen sus dirigencias, lo que menoscaba su legitimidad.
Así, la pretensión de las instancias que cuentan con franquicia legal, particularmente aquella que llevaría la mano en la designación de la candidatura, es acotar el espacio de una consulta para que no tengan cabida, o al menos no paritaria, la totalidad de aspirantes y que se logre, así sea mediante malabares, que el personaje hoy más relevante sea quien tome la estafeta, lo que no sólo conllevaría una reducida capacidad competitiva, sino que resulta a todas luces inaceptable para las organizaciones no partidarias que se asumen como auténticas y plenas representantes de la sociedad civil.
Un sueño imposible
Ahora, a lo anterior se suma la falta de consistencia de los partidos para la preservación de las normas que permiten que las autoridades electorales sean retenes para excesos de los propios partidos. Eso pareciera adelantar una actitud en la que los partidos coaligados terminen por imponer sus lógicas y excluyan para todo fin práctico a las organizaciones sociales de la definición de candidaturas y programa. Ante ello, el espacio para estas instancias no partidarias difícilmente podrá ser la concreción de una candidatura independiente alternativa, pues no sólo ello es sumamente complicado con la legislación actual, sino que supone una fragmentación del voto contra la actual mayoría que es precisamente lo que se pretendía evitar con el llamado a la unificación en un frente amplio.
Luego, las organizaciones que demandan ser reconocidas como las representantes legítimas de la sociedad civil pudieran quedar finalmente excluidas del juego electoral. Una parte de ellas, aunque marginadas, asumirían todavía una actitud de respaldo a la coalición opositora, pues su objetivo básico es impedir la continuidad del proyecto actual; otras se mantendrían ajenas y serían críticas de esta coalición y buscarían para un futuro inmediato la formación de nuevas opciones partidistas; habrá otras que se orienten hacia un tercer actor en la disputa, como cada vez se configura más ese partido que no pretende coaligarse, pero sí contender, y que ha adoptado posiciones que parecieran marcar con claridad sus diferencias con la alianza opositora en ciernes, lo que pudiera brindarle respaldos adicionales en la disputa por el poder federal; y algunas más simplemente se difuminarían. En todo caso, ante ese panorama, el futuro nacional parece teñirse de guinda.