La buena: el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Material Electoral.
La reforma electoral conocida como el plan B, toca la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y al entrar en vigor, destituye al secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo, de la estructura del órgano electoral.
La mala: el Instituto Nacional Electoral ha cuestionado la entrada en vigor del plan B de la Reforma Electoral, con el cual cesan las funciones de secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien ha estado en el cargo por 15 años con un salario de 166 mil pesos netos sumados a viáticos, seguro médico privado, caja de ahorro y fideicomisos especiales. Salario muy superior al del presidente.
La fea: es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral, y Molina regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años en dejar el puesto. 15 años es como si un presidente estuviera en su puesto dos sexenios y medio, es como si un diputado estuviera durante 5 legislativas seguidas, o como si un senador estuviera en dos legislaturas y media seguidas, como si un presidente municipal estuviera 5 periodos de manera consecutiva…
De hecho, en 2008, Jacobo Molina tomó posesión de la Secretaría Ejecutiva del entonces IFE; en 2014 al nacer el INE fue designado en el mismo puesto; en 2020 fue propuesto por Lorenzo Córdova para una nueva reelección, pero este 2023 se ordenó su cese inmediato.
En verdad ¿qué quiere la oposición, ¿qué quiere la derecha? Que nombremos a funcionarios perpetuos, que no sólo no se toque al INE sino a sus funcionarios ¡hasta que la muerte los separe!
Si multiplicamos el sueldo de Molina por 15 años, estamos hablando que sólo de sueldo el Señor les cobró a los mexicanos 33 millones 600 mil pesos, y estaba tras bambalinas… es un personaje del que no supimos durante dos décadas y tantas.
Pero no quiero centrarme en un personaje en particular, se trata de un problema estructural.
A eso nos referimos al sostener que era necesaria la reforma electoral, porque no es posible que haya cientos de funcionarios del INE, y en otras instituciones del Estado mexicano, que ganen estas cantidades. Hay varios municipios que no tienen este dinero en su presupuesto anual, como lo comenté en días recientes en Los Reporteros MX.
“¡A lo mejor quieren tener empleo de manera vitalicia!”, ha expresado el presidente López Obrador. “Se les olvida que vivimos en una República, no en una monarquía y si el cargo que él desempeñaba resulta innecesario, hay que ahorrar; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
Nadie puede perpetuarse, enquistarse en el poder con salarios millonarios y con grandes prestaciones, por eso el plan B les dolió tanto a los del INE, los hizo retorcerse, movilizarse para defender sus privilegios.
Lorenzo Córdova advierte a su vez que ¡la batalla ha comenzado!, a partir del momento en el que el INE interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un “juicio urgente” en contra del cese del secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo, “en reclamo de sus derechos individuales (…) para restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica, autoritaria, haya cesado a nuestro secretario ejecutivo”.
El funcionario cesado acudirá a juzgados federales para ser restituido en el cargo.
Por lo pronto las liquidaciones del personal despedido serán fondeadas con los fideicomisos del INE, que rondan en los mil 400 millones de pesos. El INE no tiene derecho a esconder el dinero público a través de su fideicomiso para utilizarlo en beneficio de personajes como Lorenzo Córdova, Ciro Murayama o Edmundo Jacobo.
Gracias a la entrada en vigor del decreto y la reforma electoral el INE realizará un nuevo cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales de su personal y de los organismos públicos locales para adecuar las remuneraciones a los topes establecidos en el artículo 127 constitucional. La reforma electoral busca precisamente evitar el dispendio con recursos públicos en el INE. Ya basta de creerse dueños de una institución pública.
Ante lo que pueda suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabe decir que el plan B ya está firme y no se puede echar atrás; lo que harán los ministros es revisar artículo por artículo para determinar si alguno de ellos contraviene la Constitución… pero el gran grueso del plan B es perfectamente constitucional.
El problema es que no podemos esperar nada bueno del poder judicial de este país, mientras no entre en un proceso de renovación de transformación; ya hemos visto cómo se está comportando la Corte ante casos como García Luna, Rosario Robles, Cárdenas Palomino.