El régimen del presidente López Obrador se centra en la narrativa de que su administración es la que detenta la cuarta transformación de México.
Esta cuarta etapa de la vida del país prometió disminuir drásticamente la corrupción, que la prosperidad se vea reflejada en las mesas de las familias mexicanas y, que la seguridad regresaría a los pueblos y ciudades de México.
Para estar en condiciones de que verdaderamente sea una transformación, se deben modificar los sistemas y subsistemas político, económico y social. La transformación de un país no solo es de palabra o de buenas intenciones.
Por principio de cuentas el sistema político mexicano debe depurar a aquellos individuos en quienes caiga la sospecha de vínculos con la delincuencia.
Por otra parte, el sistema económico no resiste la desproporción que representa un régimen fiscal de beneficios y excesos, como lo es, la consolidación fiscal o la abusiva devolución de impuestos a los grandes contribuyentes.
Este régimen económico está diseñado para que el patrón no comparta el producto de la ganancias con los trabajadores, de tal forma, que la tan socorrida competitividad no es el factor principal para la distribución de la riqueza. Hay un desequilibrio en los factores de la producción.
Además, las decisiones de política económica han sido escasas en favorecer los escenarios para atraer inversiones. La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles trajo un desequilibrio en las finanzas públicas, lo que hizo necesaria la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para indemnizar a contratistas y tratar de dar certeza sobre la incertidumbre que representa una decisión de esta magnitud.
La derogación de un modelo económico como sucedió hace un tiempo con el neoliberalismo, parece una medida de ilusión óptica, a un modelo económico con impacto en lo político y lo social. Entonces se deben derogar las tecnologías de información y comunicación, que fomentan un modelo económico globalizado.
Por otra parte, no parece de momento que exista voluntad para modificar estructuras de Estado, que ejercen las funciones de gobierno, en la administración pública. Solo una valoración que estima la reducción de personal, de tal forma, que un empleado ha asumido funciones de uno o más empleados que fueron cesados. Si se trataba de una reorganización administrativa, parece que fue mal hecha, sin planeación y a la deriva. En el fondo persisten las mismas prácticas, métodos y procedimientos para el desahogo de la administración de la función de gobierno.
En lo social, las múltiples alusiones que hace el Ejecutivo a sus críticos o creando nuevos frentes innecesarios manda una mala señal cuando se censura a personajes de la vida pública. El régimen debe garantizar el derecho a la crítica y al disenso, y no censurarlo o perseguirlo.
Una transformación, como la independencia, la reforma o la revolución trajeron consigo un cambio cultural y de conductas en sus individuos. Es un cisma político, económico y social que, por el momento, no parece que todavía se vislumbre y, por tanto, la cuarta transformación sólo administra el gobierno, pero no transforma al Estado.