La tecnología y la conducta humana siempre van pasos delante de las leyes, así como de nuestra propia capacidad para comprender las consecuencias de lo que hacemos y decimos.
Una de las virtudes aparentes de las redes sociales es la aparente posibilidad de expresar casi cualquier cosa. Brincamos de una red social a otra sin tener claro cómo funcionan en realidad.
Hasta que la libertad de expresión empieza a chocar entre los usuarios, es cuando nos damos cuenta que ni nos gusta tanto ese derecho (en otros), y vemos necesario poner candados a la libertad (de otros). Aparentemente, hay libertades con más derecho que otras.
La cultura de la cancelación es una de esas manifestaciones de la libertad de expresión inequitativa, pero así acordada por las mayorías. Siendo entonces una libertad de expresión de carácter ideológico, vemos como la censura se impone y se levanta según el criterio de los dueños de las redes sociales. Cuando Elon Musk pretendía adquirir Twitter anunció que levantaría la cancelación de las cuentas de usuarios como el expresidente Trump, y otras figuras públicas silenciadas por los dueños anteriores.
Pero, el tema cobra importancia cuando la regulación sobre el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales no viene de las masas o los dueños de los foros, sino de los gobiernos y los jueces.
TikTok, la red social de origen chino, se encuentra bajo escrutinio en distintos países. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han desarrollado iniciativas para impedir que esa aplicación sea instalada en los equipos de los funcionarios de gobierno. Aparentemente, esta app podría estar generando inteligencia y obteniendo datos personales para ser utilizados por entidades chinas.
Por supuesto, los usuarios son los primeros que regalan su privacidad al estar compartiendo qué hacen, qué piensan y en dónde están todo el tiempo, para luego sentirse vulnerados en su intimidad. Pero, además, la app estaría registrando la información de los usuarios para luego difundir ciertos contenidos de interés para el gobierno chino, tratando de influir así en las opiniones y las percepciones. TikTok lo niega, y durante la administración Trump acudió a los tribunales para impedir se prohibiera su acceso al mercado estadounidense obteniendo un resultado favorable. Es muy probable que el asunto de los globos espías reviviera el tema. De todos modos, aunque la gente se preocupe por los globos espías se sigue confesando en TikTok.
El caso más interesante, sin embargo, es Gonzalez vs. Google, juicio que llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos. En éste, la familia de una víctima de un atentado terrorista en Francia demandó a YouTube acusándolo de promoción del terrorismo por permitir la existencia de videos que promocionan la filiación a grupos terroristas dentro de sus contenidos.
Tradicionalmente, casos similares han tenido poco éxito judicial, ya que existe el criterio basado en una reforma a la Ley de la Decencia en las Comunicaciones, conocida como "Sección 230”, incorporada hace casi 30 años, que excluye a estas plataformas de responsabilidad sobre lo que los usuarios digan o publiquen en ella. Pero, los abogados en este nuevo caso encontraron un par de detalles que le abrieron camino a su demanda. El primero, es el argumento de que la manera en la que se comportaban los proveedores y compañías de internet hace 30 años no refleja la manera en la que operan las plataformas virtuales de hoy, por lo que las conductas y prácticas del presente no están cubiertas por la inmunidad otorgada en una ley del pasado. El segundo argumento, y tal vez el más interesante, es que la demanda precisa que una cosa es que simplemente existan contenidos en las plataformas de internet, y otra, que la propia plataforma te los sugiera. Efectivamente, cuando vemos un video en YouTube el algoritmo te sugiere ver otros videos con lo que, en opinión de los demandantes, Google/YouTube deja de convertirse en un simple foro de expresión de ideas para convertirse en un promotor de los mensajes, violando con eso las leyes que prohíben la realización de propaganda sobre grupos terroristas.
Por supuesto, Google intenta hacer valer la inmunidad otorgada en la Sección 230 y argumenta que recibir una sanción por los videos publicados sería una violación a las garantías otorgadas por el concepto de libertad de expresión. Ya veremos cómo queda la cosa.
En México se nos vienen encima las elecciones, y con ello, un tráfico enorme de información lleno de verdades, mentiras, y verdades a medias no siempre fáciles de distinguir unas de otras.
Las redes sociales jugarán un papel fundamental. Lo más seguro es que nos creamos muchos cuentos que luego descubramos no eran ciertos. Navegar entre la libertad de expresión y la censura en un ambiente electoral es un galimatías imposible de resolver. Que TikTok nos agarre confesados.