De nueva cuenta debemos acudir a la voz popular.
Y es que el refranero callejero nos regala un ejemplo de sabiduría que resulta casi idéntico a la “chabacanas” realidad del presidente mexicano.
Dice la consigna popular: “Muerto el perro se acabó la rabia”.
Y en el caso que nos ocupa la traducción presidencial debe ser la siguiente: “Muerto “El Chueco” se acabó la impunidad”.
Sí, resulta que, según los caprichos discursivos del mandatario mexicano, en nuestro país quienes se encargan de impartir justicia son los grupos criminales que dominan grandes regiones del país.
Los mismos que de forma impune siembran el terror y han convertido al gobierno de AMLO en el más violento de la historia y con la mayor cuota de vidas perdidas.
Sin embargo, también es cierto que asistimos a una declaración oficial propia de un tirano locuaz que cree que los ciudadanos se tragan el cuento de que la justicia la imparten aquellos grupos criminales que, al mismo tiempo, violentan al país.
En efecto, la declaración presidencial no solo resulta de risa loca, sino que pretende darle carta de naturalización el clásico de la voz popular: “muerto el perro se acabó la rabia”. Un clásico que, en los hechos, ratifica el fracaso oficial de la lucha contra el crimen y la violencia.
Fracaso que va más allá de la risa que desata el disparate de un mitómano como López Obrador, quien cree que puede tapar la realidad con una mentira más ya que supone que el mundo está ciego y sordo.
Pero vamos por partes.
Como todos recuerdan, en su “mañanera” del pasado viernes, López Obrador justificó como un acto de “autoridad y justicia” el asesinato de “El Chueco”, el mismo matarife de dos sacerdotes jesuitas ultimados en junio del 2022 en Chihuahua.
Sí, según la peculiar estulticia del presidente mexicano, muerto “El Chueco”, se acabó la impunidad en su gobierno.
Sí, por increíble que parezca y por estúpido que resulte, esa fue la conclusión del jefe del Estado mexicano, quien se atrevió a decir que las instituciones de impartición de justicia se encargaron de realizar las pruebas de ADN a los restos de “El Chueco”, para confirmar que otra banda criminal habían hecho justicia al aniquilar al matarife prófugo.
Pero lo cierto es que cuando López Obrador alardea de que la muerte de Nuriel Portillo Gil, motejado como “El Chueco” es un supuesto “acto de justicia” --que pone fin a la impunidad que prevalece en su gobierno--, lo único que confirma es el fracaso de su administración en materia de seguridad.
Un fracaso que, por ejemplo, han señalado de manera reiteradas no solo expertos y opositores mexicanos sino potencias del mundo como el gobierno de Estados Unidos, cuyo número dos, Antony Blinken –secretario de Estado del gobierno de Biden--, documentó el fracaso mexicano en la lucha contra el crimen y acusó que en el territorio mexicano “mandas las bandas criminales”.
Las mismas bandas que, según el presidente mexicano, son capaces de hacer valer la justicia y de acabar con la impunidad.
Y si bien el mejor ejemplo y el más reciente de que en México esos barones del crimen tienen el control de “la justicia” fue el asesinato de “El Chueco”, a manos del propio crimen organizado, tampoco es el único caso.
¿No es el único caso?
No, y si lo dudan basta recordar que apenas hace semanas, en respuesta al secuestro y crimen de dos ciudadanos norteamericanos, en Tamaulipas, los propios grupos criminales “entregaron” con vida a cinco supuestos matarifes que habrían sido responsables de secuestrar y quitar la vida a dos ciudadanos norteamericanos.
Como fue evidente, días después de la “jugarreta” criminal, autoridades de Estados Unidos rechazaron la estratagema oficial y criminal de “poner” a los supuestos culpables del secuestro y crimen de los norteamericanos, al extremo de que el propio FBI ofreció una recompensa por los auténticos criminales.
En el fondo, lo preocupante del tema es que día a día el gobierno de López Obrador confirma, con sus dichos y con los hechos de su gestión, que el suyo es un “narco-gobierno”, encabezado por un “narco-presidente” y en donde se aplica la “narco-justicia”.
Y por eso obliga preguntar: ¿Qué más falta para que el mundo entero repudie al “narco-gobierno” mexicano?
Al tiempo.