En la segunda quincena de octubre del 2020, la agencia del Departamento de Salud de Estados Unidos, Food and Drug Administration (FDA), aprobó un medicamento antiviral, cuyo principio activo se denomina Remdesivir, para el tratamiento contra la Covid-19. El fármaco —cuya denominación comercial es Veklury— fue recomendado para pacientes adultos y pediátricos de 12 años o más, “que pesen al menos 40 kilogramos y que requieran hospitalización”.
Un mes después, la FDA también autorizó el empleo del medicamento, cuyo principio activo se denomina Baricitinib “en combinación con Remdesivir, para tratamiento de covid-19 sospechado o confirmado por un laboratorio”.
Fue hasta el 12 de marzo del 2021, cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorizó el uso de Remdesivir, para la atención de pacientes con covid-19. El costo de las seis dosis que, en promedio, debían aplicarse a cada paciente, ascendía a más de 40 mil pesos (2 mil 340 dólares), según estimaciones de la farmacéutica Gilead Sciences, creadora del fármaco.
El exceso de mortalidad en México, como consecuencia de la pandemia, se calcula en más de 800 mil personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la propia Secretaría de Salud.
A principios de ese mismo año, José Ramón López Beltrán —hijo del sujeto que cobra como presidente de la República— fue atendido en el Hospital Central Militar, debido a que enfermó de covid-19. La información tiene como fuente el hackeo de Guacamaya Leaks a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de haber sido ampliamente documentada por la periodista Ana Lucía Hernández, para LatinUs.
La información hackeada de la Sedena también da cuenta de que elementos del Ejército Mexicano, fueron utilizados para transportar —desde la aduana del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y del almacén central de la Secretaría de Salud— los medicamentos Remdesivir y Baricitinib, para uso exclusivo de José Ramón López Beltrán, en un contexto en el que dichos medicamentos no estaban al alcance de los enfermos afectados por la pandemia en ninguna parte del país.
La atención médica privilegiada hacia el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador por parte de las fuerzas armadas, revela otra faceta de la perversa relación entre el comandante supremo y el Ejército Mexicano.
Mientras que las fuerzas armadas se dan el lujo de espiar a defensores de derechos humanos y periodistas, sin que exista marco legal que lo permita, el habitante de Palacio Nacional los justifica porque —según él— se trata de “labores de inteligencia”; mientras que elementos de la Guardia Nacional ayudaban a José Antonio Yépez Ortiz “el Marro”, a proteger cargamentos con gas LP robados en Guanajuato, hacia el Estado de México, por la friolera de 120 mil pesos por noche, también de acuerdo a documentos hackeados por Guacamaya Leaks, según información de Juan Ortiz, publicada en esta casa editorial, Andrés Manuel López Obrador afirma que prácticamente se acabó con la práctica del huachicoleo.
Mientras que la delincuencia organizada actúa con total impunidad en prácticamente todo el territorio nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha convertido en un conglomerado de sociedades anónimas, que beneficiará a un pequeño grupo de generales, lo que está prohibido por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para quien dude de lo que aquí se afirma, basta con revisar las resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El 14 de diciembre del 2020, se publicó la autorización para la constitución de una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V., “misma que estará agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional”.
El 13 de abril del 2022, se publicó la autorización para la constitución de una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., “misma que estará agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional”. En esa misma fecha, también se publicó la resolución por la que se autoriza la constitución de una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Tren Maya, S.A. de C.V., “misma que estará agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional”.
A inicios de octubre del 2022, el habitante de Palacio Nacional informó de la creación de una aerolínea del Ejército, con lo que confirmó el contenido de los documentos hackeados a la Sedena, relativos a la conformación de una firma integrada por militares, para operar la aerolínea, a partir de la desaparición de Mexicana de Aviación, así como la gestión de aviones y aeropuertos.
Más allá del hecho de que la Sedena no ha acreditado ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), sus capacidades técnica, financiera, jurídica y administrativa para la operación de la línea aérea, lo cierto es que con el beneplácito del gobierno federal, el Ejército Mexicano se ha constituido en un conglomerado de negocios, que atenta contra el mandato del artículo 129 constitucional, que señala: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
La corrupción de los elementos del Ejército Mexicano en asuntos como la protección a la delincuencia organizada y el espionaje a defensores de derechos humanos y periodistas, son temas irrelevantes para el representante del Estado mexicano, que los justifica con eufemismos. Total, allí están ellos para atender las necesidades de sus hijos, antes que, para cumplir con las encomiendas constitucionales y legales, relativas a la preservación de la soberanía y la seguridad nacional.