El Internet es un instrumento que permite la expansión de las libertades de expresión y de información, con un flujo de ideas enorme y constante que es accesible a las personas por medio de un entramado en el mundo digital, al cual se interconectan las distintas sociedades del planeta.
Es de sobra conocido que la información es poder, y esto se ve robustecido con el uso de la red y con el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que permiten que las distintas comunicaciones y manifestaciones intelectuales sean vistas e, incluso, replicadas de forma viral en cuestión de minutos.
Sin embargo, existe una faceta negativa en las tecnologías de la comunicación, pues también han sido utilizadas para dar lugar a una eclosión de discursos de odio, de divulgación de noticias falsas y teorías conspirativas sin sustento; al igual que expresiones de violencia electrónica.
Bajo este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), llevó a cabo, del 21 al 23 de febrero de este año, la conferencia "Internet para la confianza", importante evento mundial, inédito en su naturaleza y temática, que reunió a 4,300 personas, entre funcionarios de la propia UNESCO y de otros organismos de Naciones Unidas; figuras políticas como el Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; destacados miembros de la sociedad civil como la periodista filipina Maria Ressa, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2021; así como investigadores, expertos, académicos con destacada trayectoria en el estudio de las tecnologías de la información y de la comunicación; representantes del sector privado y funcionarios de gobierno y de órganos reguladores de distintos países.
El eje de las múltiples actividades de diálogo del evento fue el abordaje de un proyecto de directrices para regular las plataformas digitales, bajo la consideración de atender las posturas que sobre el tema tienen las distintas partes interesadas y con la finalidad de construir, en un ejercicio de consenso y de contribución colectiva, el primer instrumento para orientar la regulación de esos instrumentos, en un esfuerzo por mejorar la confianza en la información que se dispone en ellos.
En el documento se señala que el establecimiento de un referente normativo debe servir para garantizar tanto la libertad de expresión como el acceso a la información, pero con el trato debido a los contenidos ilegales y a aquellos que pueden poner en riesgo significativo a la democracia y a los derechos de las personas. Asimismo, se enuncia a todas las plataformas digitales mediante las cuales las personas usuarias pueden difundir contenido al público en general, incluidas las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, los motores de búsqueda y las tiendas de aplicaciones.
La relevancia de esta iniciativa adquiere nitidez si se toma en cuenta que, en tiempos recientes, el potencial negativo de la información que circula en Internet se materializó en el plano político, específicamente con el uso de información personal de usuarios de redes sociales durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, a quienes se les perfiló y se les hizo blanco de una campaña selectiva de información tendenciosa, con el fin de incidir en su decisión electoral.
Desde otra arista, en medio de la pandemia de covid-19, la consulta a las plataformas digitales pudo tornarse confusa, pues en redes sociales era posible asistir a declaraciones en los que se trataba de desprestigiar las soluciones científicas a la crisis, como la vacunación. La desinformación permeaba en cierta medida en el espacio de diálogo público, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, en las que se dispersaban noticias falsas sobre la inutilidad de las inoculaciones contra el SARS-CoV-2, incluso con exhortos a negarse a recibir la medicación correspondiente o descalificando el uso de cubrebocas para reducir la expansión de la pandemia.
Al respecto, es central pensar en la responsabilidad de las plataformas digitales en cuanto a la moderación y revisión de contenidos, pero también en la necesaria provisión de una cultura informática a la población, incluso desde la niñez, para generar capacidades de discernimiento sobre la oferta informativa accesible en Internet.
Las plataformas en internet deben ser útiles al desarrollo de las sociedades y a la construcción democrática, a través de la pluralidad ideológica y del debate basado en información veraz y oportuna. Por eso la pertinencia del ejercicio realizado por la UNESCO, que instauró un amplio debate sobre una propuesta regulatoria, cuyos resultados se incorporarán en una nueva versión de las directrices que se tiene previsto presentar en septiembre de este año.
Es necesario que exista un control adecuado sobre las plataformas digitales en Internet, que inhiba la desinformación, las campañas maliciosas y las narrativas de odio, pero siempre en un escenario de equilibrio con las libertades de expresión y de información, estas últimas íntimamente relacionadas con la autonomía y la capacidad de las personas de desarrollarse plenamente en la vida democrática. La sociedad global, mediante los trabajos de la UNESCO, se encuentra en la ruta adecuada para lograrlo.