Transcurrió el 8 de marzo con gritos y cantos de miles de mujeres de la diversidad social y etaria. Mostraron que están empoderadas, sin sumisión y sin miedo a manifestarse. Nos recordaron que las violencias, las desigualdades y la discriminación por razón de género persisten y se agudizan en un contexto nacional de polarización e impunidad.
Arribaron a la Plaza de la Constitución en el transcurso de varias horas, como ríos que fluían desde más de 70 puntos de la Ciudad de México, portando simbólicas prendas verdes y moradas.
De las instituciones del estado, cuyos responsables se guardaron en sus oficinas rodeadas de vallas metálicas, se escapó y destacó la voz de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia por mérito propio.
Al reconocer, por medio de un importante mensaje difundido en las redes sociales, las deudas históricas del sistema judicial y la falta de efectividad de la impartición de justicia hacia las mujeres, se comprometió a una escucha permanente y progresiva, las voces de las mujeres que sufren diversas formas de “vulnerabilidad acrecentada”.
La ministra marca así un cambio histórico respecto de la alejada e inaccesible forma de proceder de la Suprema Corte con la población en general, al establecer un compromiso de escuchar directamente a las mujeres.
Ha sido la Corte el poder del estado mexicano que con mayor lentitud incorporó la perspectiva de género en sus trabajos. La ministra Piña es la primera mujer en presidir la Corte y aún no se alcanza la paridad, en la composición de ésta.
Fue el poder que creó más tardíamente un área especializada en los temas de género y en introducir esa perspectiva en la impartición de justicia, materia en la que sigue existiendo una gran deuda.
Proponerse escuchar directamente a las mujeres para mejor atender a sus problemas, marca una clara diferencia respecto de la sistemática y sostenida negativa del presidente de la República para dialogar y conocer de viva voz sus problemas y reconocer sus enormes aportaciones y capacidades para hacer de México un país justo.
Sólo conociendo y atendiendo los dolores y las ingratas experiencias que viven todos los días las personas, y en especial las mujeres, en el campo, en las ciudades, en las fronteras, en los reclusorios, en las escuelas, en el transporte, en los tribunales o en los ministerios públicos, será posible transformar el ejercicio del poder en nuestro país.
La presidente de la Suprema Corte de Justicia, la maestra Piña, cuenta con el apoyo de muchas personas que lamentamos las mentiras y el maltrato de que ha sido objeto por quienes se arrogan representar al pueblo.
Por el bien de todos y todas deseamos que logre un profundo cambio en el acceso a la justicia, aunque reconocemos que su tarea es más difícil, sin fiscalías autónomas, profesionales, actualizadas y comprometidas con una buena procuración de justicia.