Muchos periodistas buscan propaganda y tergiversar la verdad por medio de la desinformación. Por lo que es necesario analizar los motivos para evitar caer en injurias y difamaciones contra de las Fuerzas Armadas. En virtud de los hackeos, muchos documentos pudieran haber sido modificados o ser apócrifos, ya que la forma de redacción no corresponde a la naturaleza u objeto del informe, así como sus procedimientos.
Para tener claro qué es la Seguridad Nacional, el Centro Nacional de inteligencia indica lo siguiente:
“…De acuerdo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (DOF 16/05/19) y al Plan Nacional de Desarrollo (DOF 17/07/19), el Gobierno de México entiende a la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3 la define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a:
1. Proteger al país frente a riesgos y amenazas.
2. Preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.
3. Mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno.
4. Defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional.
5. Preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político. El concepto de Seguridad nacional articula el quehacer del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del resto de las instituciones que integran el Sistema de Seguridad Nacional…”
Por todo lo anterior, respecto a la información de Seguridad Nacional esto tiene carácter de secreto, porque de otra manera quedaría vulnerable nuestro país. Ahora bien, aunque el Gral. Audomaro Martínez Zapata es el Director del Centro Nacional de Inteligencia, y quien coordina con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional el intercambio de información respecto a aquellas personas que tengan nexos con la delincuencia, él no está ejerciendo su cargo como militar, él actúa con carácter de profesional civil, con las atribuciones y facultades necesarias para obtener información, utilizar medios tecnológicos y poder compartirlos con las instituciones que tenga que hacerlo.
En segundo lugar, no se ha autentificado el documento que fue expuesto, el cual pudiera ser apócrifo o haber sido modificado; luego de que en el supuesto informe se logra apreciar que su redacción no corresponde al argot militar ni al ámbito de competencia. Sin embargo, algunos medios de comunicación intentan dar como válido un documento que hackeado, falla garrafal para el periodismo al no tener la certeza de la autenticidad del documento.
Por otro lado, si el pseudo defensor de los derechos humanos Raymundo Ramos realmente tuviera el objetivo de defender a los ciudadanos, ¿porque no defiende a todos los demás civiles que han sido secuestrados y desaparecidos por la delincuencia organizada? ¿Porque no exige resultados a la fiscalía del estado? ¿Por qué no exige justicia a los jueces que han liberado a los delincuentes? Lo que sí son hechos ciertos son las grabaciones en donde se comunica este sujeto con otras personas ligadas al crimen organizado, para guiarlos en la estrategia de argumentar el abuso de autoridad del personal militar.
A los periodistas que tratan de denostar el trabajo de las Fuerzas Armadas, yo les sugiero que vayan a donde están las bases de operaciones, donde están los enfrentamientos, para que vivan la desgracia cotidiana de perder a un compañero que sólo cumple con su trabajo, para que vivan el estrés postraumático luego de las agresiones que se sufren a diario y aún así al otro día seguir trabajando con normalidad. Criticar a las Fuerzas Armadas sin conocimiento de causa, convierte en parcial la objetividad de la crítica, porque a muchos les encanta vociferar, pero nadie quiere ver a sus padres o sus hijos haciendo el trabajo de un soldado. Qué doble es la moral de quienes defienden a los delincuentes envolviéndolos en la bandera de mártires.
Con esto quiero dejar en claro que no estoy en contra de que se juzgue a quien haga mal su trabajo; pero señores periodistas, deben ir al fondo del asunto. Hay que revisar las responsabilidades del ámbito municipal, estatal, quiénes son los grupos de delincuencia y por qué están operando ahí. Cuando descubran las redes de macro criminalidad y necropolítica, tendremos un periodismo serio que entonces ayude a los ciudadanos.
Por último, el pasado domingo 12 de marzo, se dio una marcha en apoyo al personal militar y a sus derechos humanos y laborales, por parte de familiares, simpatizantes y militares retirados. Lo que la marcha busca no es crear polémica ni hacer grilla política. Es un llamado al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador de que el pueblo uniformado es leal, noble y siempre dispuesto a arriesgar su libertad, integridad física y lo más importante que tiene un ser humano: su vida, por cumplir con la misión. No se busca impunidad en caso de haber cometido excesos o delitos, lo único que se pide es que no se les criminalice sin haber sido ni siquiera juzgados. Al soldado en cambio, sí lo acusan de cometer ejecuciones extrajudiciales, homicidios, realizar desapariciones forzadas, etc., sin que existan sentencias judiciales. Aquí, los supuestos luchadores de derechos humanos, filtran información de forma ilegal de carpetas de investigación que se encuentran abiertas y en proceso aún de investigación, lo que en el caso de algún presunto delincuente sería suficiente para obtener su libertad; siendo esta una violación flagrante al debido proceso y a sus derechos humanos. Demandamos que el personal militar respete los derechos humanos de terceros cuando estamos siempre violando estos derechos, y simplemente no pasa nada porque el personal militar no tiene voz como individuo, solo como institución. Ésta no puede salir a cuestionar las diversas versiones periodísticas porque entonces se manejaría la narrativa de una militarización, y de querer coartar la libertad de expresión de la prensa, aun cuando está asegure hechos que no han sido declarados por medio de una sentencia firme.
Benditos tiempos modernos que el personal de las Fuerzas Armadas tiene menos derechos que los presuntos miembros de la delincuencia organizada, gracias a los ataques desmedidos de pseudo luchadores de derechos humanos, y ciertos medios de comunicación que presentan como verdad inobjetable una investigación periodística con documentos ilegales filtrados por un hackeo, me imagino que la prueba ilegal es válida siempre y cuando sea contra los militares.