El fortalecimiento institucional es la única salida viable frente a las injusticias que generan inconformidad, descontento, enojo y violencia en México, pero esa premisa es la que aún no quiere entender el presidente Andrés Manuel López Obrador que se encarga de polarizar todos los días al país.
El clima político está enrarecido y el propio jefe de Estado se ha encargado de atizar el fuego al enfrentarse con algunos empresarios, periodistas, magistrados y líderes opositores.
En el acto de conmemoración de la Constitución mexicana, que cumplió 106 años, se puso de manifiesto la lucha de los poderes del Estado.
Ahí, senadores y diputados y secretarios de Estado observaron el pulseo que sostiene la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña quien se defendió e, incluso, la actitud de ella de permanecer sentada mientras los representantes de los otros poderes estaban parados en el acto conmemorativo fue considerado, por algunos, como una afrenta.
Desde hace un buen tiempo, los jueces son objetivo habitual de las críticas de López Obrador. El gobernante ha reiterado que no confía en los jueces debido a la supuesta parcialidad de algunos de estos en las decisiones que toman.
El gobernante ha deslizado que son algunos jueces los que operan inexpugnables redes de corrupción y los responsabiliza de servir a los intereses del “viejo régimen” y de proteger a “conservadores”.
Pero Norma Piña se ha defendido boca arriba y ha resaltado que el poder judicial es independiente.
Ha advertido, en esa línea que, “la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectiva las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad”.
El Poder Judicial, ha dicho, actúa apegado al derecho para evitar arbitrariedades y para, de cara a la sociedad, rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función.
Los jefes de los poderes Ejecutivo y Judicial mantienen discrepancias abiertas. Adicionalmente el último fin de semana López Obrador decidió trasladar la factura a la Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal que tendrá que resolver las impugnaciones que ya se han presentado en contra de la reforma electoral impulsada por el Gobierno.
Es más que obvió que AMLO no le tiene nada de confianza a los ministros de la Corte y los responsabiliza de ser parte del antiguo régimen.
Su posición, sin embargo, no ayuda en nada al país en momentos en que se acusa a los jueces de liberar delincuentes.
“Tienen que limpiar de corrupción el poder Judicial”, indicó AMLO al pedir que la presidenta de la Suprema Corte empiece una limpieza de corrupción en el poder Judicial.
El enfrentamiento escaló luego de que echaran abajo la propuesta presidencial para que la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar la tesis de licenciatura, presidiera la Corte.
A López Obrador le hace falta mayor ponderación y actuar con la cabeza fría antes de que rompa todas las estructuras y desmontar el andamiaje de las instituciones, tan necesarias para darle certidumbre a la democracia.
Esa democracia que la 4T a veces no quisiera ver.