El 20 de abril de 2022 se reformó la Ley Minera en la que “se declara de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia”. La explotación de este mineral ascendido al rango de estratégico quedaría a cargo exclusivo del Estado mediante un organismo público descentralizado.
El 4 de agosto el canciller Marcelo Ebrard declaró, desde Bolivia, que se habían iniciado conversaciones para que empresas estatales de los dos países se aliaran para la explotación y transformación del litio, incluyendo la fabricación de baterías. El presidente boliviano declaró que los lazos históricos con México se reafirmaron.
El 23 de agosto se publicó el decreto de creación de Litio para México, nuevo organismo que se encargaría de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio. Su patrimonio provendría de recursos públicos y de sus propias actividades. Sin embargo, entre sus atribuciones está la de poder asociarse con otras instituciones públicas y privadas. Lo que abre la puerta a… casi todo.
El 24 de noviembre el presidente López Obrador anunció la visita del presidente norteamericano Biden de Estados Unidos y el primer ministro Trudeau de Canadá. La agenda ya estaba concertada e incluía la geolocalización precisa en los tres países de minerales críticos y el fortalecimiento de las cadenas de producción de semiconductores, autos eléctricos y baterías. El litio es fundamental para la fabricación de baterías de última tecnología para autos y todo tipo de dispositivos electrónicos portátiles.
Un reporte del departamento de comercio norteamericano señala que los yacimientos mexicanos se encuentran en estratos arcillosos a los que aún no se puede acceder con la tecnología actual; no obstante, la tecnología estadounidense, indica, sería la clave para desbloquearlo.
Es claro el interés estadounidense y canadiense en el litio mexicano que va más allá de lo meramente comercial, que ya sería importante, para ubicarlo en una perspectiva de seguridad nacional en vistas de su creciente rivalidad con China en el desarrollo de tecnologías de punta. Canadá acaba de expulsar a tres empresas chinas de la explotación de litio en su territorio.
Canadá pide puerta abierta en México a sus empresas mineras y se han anunciado inversiones de cientos de millones de dólares de empresas norteamericanas para la fabricación de baterías.
Atrás quedó la idea de que Litio para México, el organismo público nacional, sería algo más que un membrete que cobijaría las inversiones externas. Lo que ocurre es que el gobierno de México no cuenta con recursos para crear una empresa estatal que de manera efectiva haga exploración, explotación, transformación y comercialización del litio.
Estoy convencido de que no hay aquí una indefinición ideológica, pero sí una real y notable debilidad económica que nos coloca en una posición de escasa capacidad negociadora en la relación con el exterior. Ser el socio pobre es ser el socio débil. Y eso no se soluciona con afirmaciones nacionalistas grandilocuentes.
No hay recursos para Litio para México, así como no los hay para recapitalizar a SEGALMEX que en esta administración ha cerrado miles de tiendas Diconsa abandonando a miles de comunidades. Y las tiendas se encuentran desabastecidas. Al parecer hay la idea de que si hay programas sociales que reparten dinero a distintos sectores de la población, todo lo demás puede ser abandonado.
Tampoco hay recursos para que funcione adecuadamente la red de salud del IMSS, el ISSTE y los hospitales de la Secretaría de Salud, o para acabar los que dejó a medias la administración anterior. La población tiene que acudir a los consultorios de farmacias para la atención de primer nivel y esperar meses para enfermedades severas. Los recientes datos del INEGI sobre el exceso de muertes por problemas cardiovasculares y diabetes durante la pandemia son de terror. Lejos de la situación en Dinamarca.
Las instituciones públicas en contacto con la población, como la procuraduría del consumidor, el SAT, asuntos vehiculares, han cerrado oficinas, disminuido personal, o trabajan con equipos obsoletos, haciendo perder horas y días laborales a la población, como si eso no tuviera un costo, si lo tiene y muy fuerte. Incluyendo el del coyotaje para saltarse las horas de espera.
Se ha deteriorado la atención al público, la distribución de mercancías básicas, el sistema de salud y la posibilidad de una asociación igualitaria en la explotación del litio como parte del enanismo de todo el estado mexicano, que se hace de la vista gorda a las necesidades de la población.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- en 2021 la captación fiscal de México fue del 16.70 por ciento del Producto Interno Bruto -PIB-, mientras que el promedio de la organización fue del 34.11 por ciento. Fuimos el país de menor captación; no llegamos ni a la mitad del promedio. Ahora Hacienda acaba de declarar que en 2022 los ingresos tributarios se redujeron al 13.3 por ciento del PIB.
Que los ingresos impositivos de Canadá fueran del 34.11, de Alemania del 39.51, de Francia del 45.15 y en la tan mencionada Dinamarca del 46.88 por ciento apuntan más a que un estado fuerte puede promover el desarrollo y el bienestar de la población de manera simultánea. Pero aquí se ha satanizado la posibilidad de una reforma fiscal.
Un comentario sobre las verduras.
En Estados Unidos representantes y senadores han presentado propuestas para defender a los productores norteamericanos de frutas y vegetales de las importaciones provenientes de México que, dicen, se hacen en condiciones de dumping y les han causado pérdidas por miles de millones de dólares. El problema sería tan grave, dicen, que se pone en riesgo la supervivencia del grueso de los productores del sudeste norteamericano e incluso la seguridad alimentaria de su país. Antes hubo quejas similares que hicieron que los Estados Unidos exigiera y llegara a un acuerdo con los exportadores de jitomate de México para fijar un precio mínimo que no les hiciera demasiada competencia a sus productores. Un acuerdo supuestamente voluntario fuera del tratado de libre comercio. Ahora van por más.
Alla se quejan de que se les vende muy barato y aquí nos hace una severa falta incrementar los ingresos públicos. Venga pues un arancel flexible, posiblemente estacional y por tipo de producto, a las exportaciones de aguacates, tomates, verduras y frutas que favorezca a los productores de allá y a los consumidores de acá, al tiempo que fortalece la captación tributaria.