Existen distintos elementos que pueden utilizarse para hacer un análisis sobre las condiciones sociales en un país. La relación de las autoridades con los ciudadanos, el tipo de delitos que se cometen y cuál es la reacción de la comunidad ante ellos pueden ser factores de importancia significativa para ese estudio.
Durante la última semana nos enteramos nuevamente de incidentes en los que policías de Estados Unidos dispararon y mataron a un par de personas afroamericanas. En ambos casos parece que la fuerza utilizada por los oficiales fue excesiva en relación con el riesgo que presentaban los presuntos delincuentes.
En uno de los casos se observa como una persona, ya sometida por la policía de Tennessee, es pateada y golpeada por varios oficiales. Las lesiones infligidas, así como la falta de interés de policías y paramédicos en brindarle atención inmediata, resultaron en la muerte del detenido.
En otro episodio, éste ocurrido en Los Angeles, la policía mata a balazos a un sujeto que intentaba huir de los oficiales. Esta persona tenía doble amputación de piernas por lo que se desplazaba en una silla de ruedas de la cual brincó para “correr” sobre sus rodillas.
Ambos casos han sido objeto de interés mediático y político, si bien uno más que el otro. Estos incidentes caen en la narrativa del abuso institucional y cotidiano de la policía contra la comunidad afroamericana. Interesante resulta que, en el caso de Tennessee, tanto el fallecido como los 5 policías acusados principalmente del homicidio son afroamericanos. Esto ha sido utilizado por comentaristas de perfil conservador para argumentar que en los casos de supuesto abuso policial no es tan evidente la existencia de un elemento racial en los casos observados como los activistas de perfil liberal acusan.
Sin embargo, durante los últimos meses y días del 2022, otro tipo de incidentes de abuso de autoridad y minorías tuvieron lugar en los Estados Unidos, sin que hubiera la misma reacción social o atención política.
En la zona de El Paso, TX un mexicano murió baleado a manos de oficiales de la Patrulla Fronteriza. No es el primer incidente de esa naturaleza. Asimismo, un Director de un centro de detención en esa misma zona “confundió” a un migrante con un animal, mientras andaba de cacería, y le disparó causándole la muerte inmediata. En diciembre del mismo 2022, otro oficial de la Patrulla Fronteriza fue encontrado culpable de asesinar a seis mujeres de ascendencia latina en Texas. Todo esto en la misma frontera donde en 2019 un estadounidense mató a 23 personas en una tienda Walmart por considerarlas expresión de la invasión mexicana a Estados Unidos.
De manera paralela y durante el mes de noviembre del 2022, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos convocó a una audiencia para que el gobierno de los Estados Unidos describiera sus métodos para la detención de migrantes e investigación de incidentes, a raíz del asesinato en 2010 del mexicano Anastasio Hernández Rojas, quien bajo custodia de la autoridad migratoria, fue objeto de golpes y choques eléctricos intensos y finalmente letales, sin que en Estados Unidos se iniciara un proceso penal contra los que participaron en los hechos.
El movimiento Black Lives Matter ha sido muy efectivo en colocar el tema de la violencia policial y las víctimas afroamericanas en la discusión pública. Debido a la cercanía con los Estados Unidos, se podría incluso pensar que en México estamos más familiarizados con los reclamos de las minorías en el país del norte, que con las circunstancias de las propias minorías mexicanas en su relación con las autoridades locales.
De cualquier manera, resulta imposible no distinguir la diferencia en el interés del activismo estadounidense ante los incidentes de abuso de autoridad contra la población afroamericana, en oposición a la existente en incidentes de violencia contra la población migrante.
Es más revelador, sin embargo, que la sociedad mexicana, o muchos de los mexicanos emanados de las universidades estadounidenses (cuna de movimientos sociales) y quienes se quedan a residir en ese país, tampoco se involucran profundamente en el tema, pero, son conocedores o participantes de otros.
A pesar de esa aparente falta de interés generalizada en algunos sectores sociales, los casos de abuso de autoridad son abordados por el interés propio de las familias afectadas, organizaciones especializadas, firmas legales y los programas de protección consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El impacto mediático y social de esta problemática, sin embargo, es un tema que no deja de llamar la atención. Es uno de esos elementos que definen precisamente a nuestra sociedad mexicana y sus prioridades.