Sin duda pasará a la historia el domingo 26 de febrero del 2023, luego que miles de mexicanos hicieron posible la llamada “Primavera Mexicana”.
Una movilización histórica en donde la sociedad civil organizada exigió respetar la Constitución y el fin del acoso oficial contra uno de los pilares de la democracia mexicana: el INE.
Sin embargo, la madrugada del mismo 26 de febrero del 2023, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se produjo otro acontecimiento que sacudió a México y al mundo.
Un suceso que, sin embargo, no ameritó la atención mediática y menos la difusión que se dio al 26-F desde el mismo domingo por la mañana.
Y es que debieron pasar dos días para que los medios mexicanos y del mundo empezaran a reportar el horror y la barbarie lanzada por efectivos del Ejército mexicano, quienes masacraron a un puñado de jóvenes indefensos.
Sí, una ejecución brutal, ilegal y extrajudicial contra ciudadanos que “cometieron el delito” de ser jóvenes, de viajar a bordo de un vehículo por la madrugada, de haber acudido a distintos “antros” a lo largo de la noche y de tratar de escapar de una ilegal persecución militar.
Sí, otro 26-F –en realidad el segundo de forma consecutiva–, ya que horas después de la masacre contra jóvenes baleados en la colonia Manuel Cavazos Lerma, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, familiares de los masacrados salieron a la calle y con palos y piedras atacaron a los militares.
Y es que los uniformados desplegaron un operativo para tratar de ocultar lo ocurrido; desde remolcar la camioneta en donde viajaban los jóvenes sacrificados, hasta secuestrar los cuerpos, no sin antes amedrentar a los testigos de la masacre.
Otro 26-F que enfrentó a ciudadanos agraviados y armados sólo con palos y piedras, contra militares que portaban armas de grueso calibre y que según los videos de la refriega, amenazaron con extender la masacre a los familiares de los jóvenes ejecutados.
Lo más cuestionable del caso, sin embargo, es que durante y después de la masacre del 26-F de terror que vivió Tamaulipas, no apareció ninguna autoridad federal, tampoco estatal y menos la autoridad municipal.
Tampoco respondieron el narco-gobernador Américo Villarreal y su fiscalía estatal a las acusaciones y demandas formales por los familiares de las víctimas y por ONGs locales, defensores de derechos humanos.
Incluso, hasta la tarde de ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había guardado un silencio de complicidad frente a la masacre.
A su vez, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, no sólo denunció la opacidad total de los tres órdenes de gobierno, sino que acusó a la Fiscalía estatal y a la CNDH de brindar impunidad a los militares asesinos.
Todo ello a pesar de que cada una de las cinco familias de los jóvenes masacrados acudieron a la Fiscalía de Tamaulipas a presentar la denuncia correspondiente, que incluyó no sólo el delito de privación ilegal de la vida, sino del secuestro de los cadáveres de los jóvenes masacrados.
Hasta la mañana de ayer, sólo algunos medios nacionales, como El Sol de México y Excélsior habían reportado la masacre y habían dado seguimiento a la complicidad oficial, mientras que el resto de la llamada prensa nacional pasó por alto el terrorífico 26-F que vivieron algunas familias tamaulipecas.
Y en medio de la evidente complicidad mediática que se vivió en México, la organización global Human Rights Watch (HRW) se dijo “muy preocupada” por la nueva masacre provocada por militares mexicanos; una atrocidad más en el México de López Obrador, el presidente que prometió que en su gobierno “no habría más masacres”.
Pero también se trata de una mentira más derribada por la terca realidad; una realidad que confirma que en el gobierno de López Obrador se han cometido más de mil masacres y ninguna de ellas ha sido investigada, y no se diga aclarada.
Por lo pronto, nadie puede olvidar que el otro 26-F le costó la vida a cinco jóvenes masacrados por militares a las órdenes de López Obrador; otro crimen de Estado que pretenden ocultar el presidente López Obrador y sus tentáculos criminales.
Y es que así como miles gritamos en las calles del país una potente condena contra la muerte del INE, también debemos gritar con la misma intensidad una condena por la muerte de los jóvenes masacrados por el Ejército mexicano en Tamaulipas.
Y por eso la pregunta:
¿Dónde están los “sesentayocheros” que no han dicho una sola palabra por la masacre militar contra Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Juárez Castillo –de nacionalidad estadounidense–, y Alejandro Trujillo Rocha?
El fin de las masacres, otra promesa que no cumplió López Obrador.
Al tiempo.