El sistema de salud de México ha sufrido un deterioro más acentuado a partir de 2018, el cual ha causado centenares de miles de muertes derivadas de la pandemia y de la falta de atención de enfermos con cáncer, entre otros padecimientos, así como millones más de personas que han carecido de atención médica adecuada.
Entre las acciones que han resultado dañinas al sistema de salud pública e incluso han afectado también al sector privado, están: el desmantelamiento del sistema de abastecimiento de medicinas, vacunas e insumos médicos y el fracaso para sustituirlo; la desaparición del seguro popular y su fallida sustitución con el INSABI por lo que se ha tenido que recurrir a un ya muy saturado IMSS, con el consecuente deterioro en la calidad de sus servicios; el manejo anticientífico y con negligencia de la pandemia de covid-19, lo cual ocasionó la muerte de más de 800 mil personas; la saturación de los servicios públicos de salud; y la falta de recursos para atender las necesidades actuales de atención médica y vacunas de diversos tipos, entre otras.
El desabasto de medicinas ha sido documentado en el libro “La tragedia del desabasto” de Xavier Tello y el pésimo manejo de la pandemia en los libros de la Dra. Ximénez Fyvie. Como decía un conocido articulista en una reunión privada reciente, sorprende que los responsables de la salud pública en México, con un alto grado de preparación científica, hayan renunciado a aplicar sus conocimientos y hayan caído en la tentación sicofante, sin importar el costo en vidas humanas y la salud de millones de personas.
En relación al grave problema de desabasto, hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudo determinar la inconstitucionalidad de la reforma que se hizo a la Ley de Adquisiciones con la cual se permitía contratar instituciones intergubernamentales, tales como la UNOPS.
La UNOPS es un organismo de las Naciones Unidas cuyo fin es ayudar a países muy subdesarrollados que no tienen capacidades, por ejemplo, para hacer compras de medicinas, que de ninguna manera es el caso de México.
El argumento de los senadores que presentaron la acción de inconstitucionalidad era que dicha reforma violentaba al Art. 134 de la Constitución, en donde se pide que el Estado obtenga las mejores condiciones para sus adquisiciones. Esta reforma a la Ley de Adquisiciones tuvo el único propósito de poder contratar a la UNOPS, para que en las compras que manejara este organismo no se tuviera que aplicar la Ley de Adquisiciones y, por lo tanto, estuviera exenta de lograr las mejores condiciones para el Estado Mexicano en sus procesos de adquisición. Al día siguiente de la aprobación de la reforma a la Ley de Adquisiciones, se firmó un convenio con la UNOPS.
Como lo expresé en un artículo anterior, la contratación de la UNOPS resultó demasiado cara; más cara que todo el presupuesto anual de la Secretaría de la Función Pública; fue ineficaz y disfuncional pues esta pequeña oficina de Naciones Unidas no tenía las capacidades ni experiencia para realizar adquisiciones tan grandes, ni la logística para distribuir las medicinas. La UNOPS no está exenta de corrupción como se ha documentado; opera en la opacidad pues no está sujeta a las leyes de transparencia de nuestro país; no rinde cuentas pues ningún organismo fiscalizador del gobierno mexicano puede revisar su actuación; y no se concursó su contratación para ver si existían otras agencias intergubernamentales más capaces.
Si la Suprema Corte solo pudo reunir 7 de los 8 votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad, esperamos que una legislatura más razonable pueda modificar la Ley en el futuro, ya que quedó demostrado el fracaso de usar un organismo intergubernamental para las adquisiciones de medicinas con el consecuente daño ocasionado al sector salud.
Ante la crisis del desabasto de insumos médicos, el Estado Mexicano deberá obtener mejores precios, entregas completas y a tiempo. También es necesario reforzar la fiscalización de las compras del gobierno, en especial porque recientemente ha habido fallas en el sistema CompraNet y existen indicios de que las fallas han sido para manipular el sistema, descalificar proveedores y asignar contratos a modo.
Es muy importante que la vigilancia, rendición de cuentas y fiscalización de los procesos de contratación se incrementen ante el aumento en las adjudicaciones directas, la discrecionalidad que se está dando al invocar de manera excesiva y sin justificación, razones de seguridad nacional para ocultar información de las compras y las fallas en CompraNet, que se pueden prestar a opacidad y actos de corrupción.
Es de esperarse que, dada la mala experiencia, ya no se vuelva a contratar a la UNOPS. Falta ver si habrá consecuencias para los responsables de la mala decisión de contratarla.