En nuestro país las elecciones se llevan a cabo de acuerdo con lo que establece tanto la Constitución como las leyes en la materia, es decir, las autoridades electorales no pueden ir más allá de lo que la ley les permite. En razón de esto, desde hace muchos años nuestras elecciones, sobre todo a nivel federal, utilizan una serie de mecanismos que expertos en democracia y elecciones, instituciones académicas, legisladores y legisladoras, medios de comunicación y hasta la ciudadanía consideran ya obsoletos.
Un ejemplo de esto lo representa la forma en que votamos. Así, llegamos el día de la elección a nuestra casilla, nos identificamos con nuestra credencial de electoral, en ocasiones hacemos fila para poder votar, nos dan la o las boletas electorales de acuerdo con el número de cargos de elección popular en disputa, votamos en una mampara y depositamos nuestro voto en una urna de acuerdo al registro de la elección en juego. Este mecanismo se ha utilizado por décadas.
Por ello, es muy válido escuchar las voces que han insistido que los procesos electorales deben de modernizarse con la finalidad de alcanzar varios objetivos fundamentales para nuestro sistema político electoral tales como, maximizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales, la optimización de la votación, la obtención de resultados electorales el mismo día de la jornada electoral, evitar errores en los cómputos, así como, en un mediano plazo, abaratar los procesos electorales e incluso los ejercicios de participación ciudadana.
En razón de éstas y otras consideraciones, la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) que me honro en presidir, llevará a cabo el próximo 22 de febrero una Exposición de Tecnología aplicada a procesos electorales y de participación ciudadana, en la que se tiene contemplado que diversas empresas muestren sus adelantos tecnológicos en las distintas etapas del proceso electoral así como la presentación, por parte de diversos Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE), de diversos mecanismos que han utilizado para recibir la votación de la ciudadanía en elecciones, la opinión de las y los ciudadanos en ejercicios de participación ciudadana y la forma en que con el uso de la tecnología han simplificado y acortado los plazos para llevar a cabo diferentes actividades dentro de los procesos electorales como la capacitación en línea, el uso de datos biométricos, entre otros.
Este ejercicio público permitirá al INE ir construyendo alternativas para la optimización de los procesos electorales de la mano con la experiencia adquirida por los OPLE desde hace más de 25 años.
Entre los aspectos en los que el INE puede incursionar para modernizar y eficientar los procesos electorales se encuentran los siguientes:
- Implementar urnas electrónicas como una alternativa para recibir la votación de las y los mexicanos tanto para procesos electorales federales como locales;
- Utilizar el internet como una opción de votación, incluso bajo un esquema de voto anticipado con la finalidad de incrementar la participación ciudadana;
- Explorar la identificación de las y los electores a través de sistemas de lectura de código de barras, a través del iris del ojo, con la huella dactilar o de identificación facial, entre otras;
- Seguimiento de paquetes electorales de manera digital;
- Listados nominales digitales encriptados;
- Soluciones tecnológicas para una fiscalización más eficiente;
- Plataformas digitales para proveer de más y mejor información a la ciudadanía respecto al ejercicio de sus derechos;
- Explorar la posibilidad de identificación con la credencial de elector de forma digital;
- Vincular los sistemas electrónicos con otros programas como los cómputos de las elecciones garantizando con ello que la votación se genere en tiempos óptimos, dejando a salvo los medios de impugnación que los actores políticos deseen presentar, entre otros.
Por ello, la propuesta integrada en la Reforma Electoral o Plan B relativa al uso de la tecnología en las elecciones es una buena propuesta que permite avanzar en este tema, solo que debe ser replanteada para no dejar de lado todo lo que las autoridades electorales, incluso bajo mandatos jurisdiccionales, han avanzado e impulsado en la materia.
El beneficio de la tecnología será múltiple en apego a la legalidad y a los principios constitucionales que rigen la materia electoral. Por un lado, las autoridades electorales abaratarán los costos de organizar elecciones e incluso ejercicios de participación ciudadana. Por otro lado, los actores políticos se verán beneficiados con herramientas tecnológicas que les garanticen la prontitud de los resultados electorales, con mecanismos que permitan erradicar los errores aritméticos de las y los funcionarios de casilla, con un cómputo más certero; con la posibilidad de generar estudios estadísticos de gran alcance, pero, sobre todo, la viabilidad de darle a la población mayores alternativas de participación lo que fortalecerá nuestro sistema democrático.