Desde el 29 de enero hasta el 21 de febrero de 2021 un grupo de personas, en su mayoría choferes de camiones de carga, arribó al centro de Ottawa y bloquearon las calles del primer cuadro. El convoy de la libertad, como ellos mismos se denominaron, causó sensación en todo el mundo, dado que Canadá es considerado uno de los países con mayor libertad y mejor calidad de vida, en el que las protestas de esa magnitud no son comunes. En un principio, los manifestantes reclamaban por las restricciones impuestas para detener la pandemia del covid-19, pero el movimiento pronto sucumbió a la dinámica de los partidos políticos. En Canadá ha aumentado la polarización y algunos participantes en el convoy aprovecharon para pedir la renuncia del Primer Ministro, Justin Trudeau.
Foto: Alfonso Vera Sánchez
La mayoría de los organizadores del convoy provenían de las provincias del oeste canadiense, Alberta, Manitoba y Saskatchewan. No es casualidad. Canadá es un país de enormes dimensiones, el segundo más grande del mundo, extremadamente diverso (20% de su población nació en el extranjero (1)) y en él conviven estilos de vida e idiosincrasias muy disímiles.
Foto: Alfonso Vera Sánchez
El federalismo canadiense se caracteriza por una tensión fuerte entre las provincias y el gobierno federal. Esta tensión pone a prueba constantemente el equilibrio político entre las provincias y entre éstas y el gobierno federal y aumenta de tiempo en tiempo. El gobierno liberal de Justin Trudeau ha impulsado una agenda de reformas que ha enfrentado la resistencia o abierta oposición de los gobiernos de algunas provincias. En el sistema canadiense las provincias cuentan con amplias facultades legislativas y políticas de las cuales han intentado hacer uso para dejar sin efecto las políticas federales que consideran que atentan contra sus intereses.
La propia Constitución canadiense, reformada en 1982, incluye mecanismos que complican la ejecución de las políticas federales. La más conocida es la llamada "cláusula no obstante" (notwithstanding clause) (2). De acuerdo con esta cláusula, los parlamentos de las provincias pueden aprobar la legislación que restrinja algunos de los derechos contenidos en la Carta de Derechos sin que el Poder Judicial pueda revisarla y pronunciarse sobre su constitucionalidad; es decir, permite a las provincias restringir algunos derechos en sus territorios. Cuando se incorporó la Carta de Derechos a la Constitución en 1982, esta cláusula fue una exigencia de las provincias sin la cual no se hubiera aprobado el documento. No obstante, las provincias se comprometieron a no utilizar la cláusula salvo en situaciones realmente graves. La cláusula se había invocado muy pocas veces desde su promulgación, pero recientemente los Parlamentos de las provincias de Quebec y Ontario, las dos más pobladas de Canadá, han invocado la cláusula para aprobar la legislación controvertida.
Por ejemplo, la provincia de Quebec, que tiene una posición firme en cuanto al respeto de la laicidad en su territorio, así como en cuanto a la preservación del francés como lengua preferente, lo que ha generado constantes roces con el gobierno federal y con otras provincias ha utilizado la cláusula, no obstante, en dos ocasiones en la última legislatura. Una, para aprobar la legislación que prohíbe el uso de símbolos religiosos a funcionarios públicos y otra, en el caso de una ley que da preponderancia al uso del francés, a pesar de que el inglés también es idioma oficial en el país.
Otro ejemplo de la tensión intra federal es el anuncio de la Primer Ministra de Alberta, Danielle Smith, de presentar al Congreso provincial para su aprobación la Ley de Soberanía (Alberta Sovereignity Within a United Canada Act) (3) en cumplimiento a su principal promesa de campaña. Esta ley permitiría al Congreso local suspender la aplicación de cualquier política pública o legislación federal que atente contra los intereses de la provincia. La ley no define cuáles son esos intereses, pero la premier declaró haber instruido a su gabinete a analizar las políticas y regulaciones federales en materia energética y de cambio climático, así como las recién aprobadas restricciones a la compra y posesión de armas de fuego.
El enfrentamiento entre Alberta y Ottawa ha sido particularmente ríspido. Una de las provincias más ricas de Canadá, Alberta, tiene como principal industria la extracción de petróleo y ha resentido como un ataque contra su estilo de vida y su economía la intención de reducir la dependencia de combustibles fósiles que ha llevado a cabo el gobierno federal.
En 2018, el Congreso federal aprobó la Ley de Precios sobre Contaminación por Gases de Efecto Invernadero (Greenhouse Gas Pollution Pricing Act) (4), según la cual, a partir de 2019, las provincias deben imponer un precio a las emisiones de carbono. El conocido como impuesto al carbono fue fuertemente resistido por Alberta, Saskatchewan y Ontario, quienes lo impugnaron ante las cortes al considerar que usurpaba sus competencias y era, por lo tanto, inconstitucional. El caso llegó eventualmente a la Corte Suprema, que consideró que el impuesto al carbono es constitucional, ya que el calentamiento global es un asunto de preocupación nacional que causa daño más allá de las fronteras de cualquier provincia, lo que justifica la intervención del gobierno federal (5). Algunos analistas señalan que esta histórica decisión alteró radicalmente el equilibrio de poder entre la federación y las provincias porque permitirá en lo futuro a la federación hacer un uso más amplio de facultades que tradicionalmente corresponden a las provincias.
Por último, organizaciones de la sociedad civil señalan con preocupación la polarización política que empieza a mostrarse en Canadá, con influencia del ambiente político en Estados Unidos. Durante el bloqueo del convoy de la libertad, el ex presidente Donald Trump, el Senador Ted Cruz y otras figuras de la derecha mostraron su apoyo al movimiento. Recientemente, el comentarista de noticias Tucker Carlson declaró casualmente que Estados Unidos debería invadir Canadá para librarlo del gobierno de Justin Trudeau.
Las tensiones entre la federación y las provincias, el gobierno de Trudeau y los liderazgos locales, esbozan el escenario político canadiense para este año.
1. Immigration and Ethnocultural Diversity in Canada (statcan.gc.ca)
2. Notwithstanding Clause | The Canadian Encyclopedia
3. Alberta Sovereignty within a United Canada Act | Alberta.ca
4. How carbon pricing works - Canada.ca
5. Supreme Court of Canada - 38663-38781-39116 (scc-csc.ca)
*Alfonso Vera Sánchez
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Maestro en Cooperación Internacional para el desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. Diplomado en estudios de Integración Europea por el ITAM. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 2010.